El Consejo de Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento de la solicitud de juicio político presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): Xavier Fantoni Baldeón, Johanna Ivonne Verdezoto del Salto, Jazmín Lilibeth Enríquez Castro, David Alejandro Rosero Minday y Piedad del Rocío Cuarán Rosero.
Durante la sesión Nro. 049, el CAL aprobó por unanimidad la moción del legislador Steven Ordóñez para remitir el expediente a la Unidad de Técnica Legislativa (UTL). Esta Unidad deberá elaborar un informe técnico-jurídico no vinculante que verifique el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud, conforme lo determina la Ley.
De acuerdo con el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), una vez que el CAL conoce la solicitud debe requerir el informe a la UTL, que tiene hasta tres días para remitirlo. Con ese insumo, el CAL cuenta con un plazo máximo de diez días para verificar requisitos y, si corresponde, dar inicio al trámite; posteriormente, la Presidencia de la Asamblea remite el expediente a la Comisión de Fiscalización para su sustanciación.
El nuevo movimiento ocurre luego de que, el 12 de enero de 2026, el CAL resolviera no dar paso a un pedido previo por inconsistencias en firmas de respaldo y observaciones de forma, según informó la Asamblea
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