Con 78 votos a favor de 100 asambleístas presentes, se aprobó este martes 13 de diciembre de 2016 el proyecto de Ley Orgánica de Extinción de las 13 Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) porque no tenían las condiciones necesarias para brindar una educación de calidad.
La ley aprobada también incluye mecanismos para asegurar la eficiencia en la distribución y uso de recursos públicos en el Sistema de Educación Superior.
Con esta ley se pone fin a uno de los capítulos más preocupantes en lo que a educación superior se refiere. Las cifras muestran la realidad de lo sucedido, pues fueron alrededor de 38 mil estudiantes quienes se vieron inmersos en esta situación. Sin embargo, según explicó Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, alrededor de 20 mil universitarios terminaron ya sus carreras a través del denominado Plan de Contingencia, que se creó para que esos jóvenes tengan una posibilidad de terminar los estudios que empezaron.
La vigencia y aplicación de esta normativa permitirá que en un plazo perentorio de 60 días se cierren definitivamente 13 universidades, que no cumplieron los parámetros de calidad, entre ellas: Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica, Universidad Tecnológica América, Escuela Superior Politécnica Ecológica “Profesor Servio Tulio Montero Ludeña”, Universidad Técnica Particular de Ciencias Ambientales “José Peralta”, Universidad Tecnológica “San Antonio de Machala”, Universidad Autónoma de Quito.
Además, constan la Universidad Cristiana Latinoamericana, Universidad “Alfredo Pérez Guerrero”, Universitas Equatorialis, Universidad Panamericana de Cuenca, Universidad “OG MANDINO”, Universidad Interamericana del Ecuador y la Universidad Intercontinental.
Para el asambleísta Diego Vintimilla, era necesario que la extinción termine con la expedición de esta ley, para que jurídicamente exista también un cierre. “Hay temas que hoy se toman por el momento político que vive el país, pero no es posible defender a universidades que se cerraron porque no cumplían las mínimas características para tener una oferta académica que valga la pena; no es posible que aún se defiendan esos que fueron negocios, porque la educación jamás debe ser vista como una forma de lucrar”, dijo.
El asambleísta Ricardo Moncayo se refirió al cierre de la Universidad Interamericana de Ecuador, con sede en Chimborazo y dijo que está de acuerdo con la extinción de las casas de estudios superiores, con excepción de la Interamericana, pues según anotó, no tenía cinco años desde que se convirtió en universidad y ese es el tiempo que le da la ley para seguir el proceso.
Raúl Abad explicó que es necesario hacer reformas, para terminar con el proceso. Además se refirió al fideicomiso que también está considerado en la ley aprobada hoy, con el cual se cumplirán las obligaciones económicas pendientes que tenían las universidades cerradas, siempre y cuando esas deudas no sean con personas vinculadas a las universidades extintas.
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