El presidente Guillermo Lasso presentó el viernes 24 de septiembre del 2021 ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que fue remitida con el carácter de económico urgente, es decir que los legisladores contarán con 30 días para aprobar un cuerpo legal en el que se plantean reformas a 30 leyes existentes: Código Laboral, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Código Tributario, Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley del Registro Único de Contribuyentes, Ley para la Equidad Tributaria, Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, Ley de Telecomunicaciones, Ley de Hidrocarburos, Ley Minera, Ley Orgánica de Energía Eléctrica, Ley de Defensa del Artesano.
También se harán cambios al Código Orgánico de Planificación YyFinanzas Públicas, Ley de Fomento Productivo, Código Ingenios, Ley de Acuacultura y Pesca, Ley de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las drogas, Ley Notarial, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, Ley de Emprendimiento e Innovación, Ley de Movilidad Humana, entre otras.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la exposición d emotivos del proyecto de ley se dice:
. Este proyecto de ley busca atender una situación económica alarmante: 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo, situación que afecta transversalmente a toda la economía.
. Una población sin empleo no genera consumo ni inversión, y sin consumo ni inversión la economía deriva peligrosamente hacia la parálisis. Esta circunstancia no es únicamente consecuencia de la pandemia del COVID-19 ni es imputable a un gobierno anterior en particular, responde a un problema estructural y constante, que ha sido atendido parcialmente mediante reformas puntuales por décadas, pero que no ha sido abordado frontalmente hasta hoy: la ausencia de incentivos -constante imposición de desincentivos- para la creación de empleo.
. Este proyecto de ley plantea un enfoque transversal e integral para solucionar definitivamente este problema.
. Ecuador enfrenta una situación económica adversa, por lo que este proyecto se refiere a aspectos sustantivos de la política económica que abordará esa situación y tiene como fin la creación de oportunidades para alcanzar la prosperidad para todos.
SITUACIÓN ECONÓMICA QUE FUNDAMENTA EL PROYECTO
. La pandemia del COVID-19 representa un choque sistémico para la economía ecuatoriana del cuál recién nos estamos recuperando.
. En 2020, el producto interno bruto (PIB) se contrajo 7,8% en términos reales, el PIB per cápita retrocedió a niveles de 2012 y el mercado laboral registró el mayor deterioro en varias décadas. Esto ocurrió puesto que, al igual que el resto del mundo, el Ecuador recurrió a medidas de confinamiento y restricciones de movilidad para contener el avance de la pandemia y proteger la vida de los ciudadanos. Estas medidas, sin embargo, acarrearon un costo profundo en términos de empleo: según datos del INEC, entre diciembre 2019 y septiembre 2020 se perdieron 687 mil empleos adecuados. Adicionalmente, el precio del petróleo, principal exportación del Ecuador cayó a mínimos no vistos desde la crisis financiera internacional de 2008-2009, afectando severamente la llegada de recursos al país, así como a las cuentas públicas.
. A los problemas fiscales se sumaron problemas de balanza de pagos, por lo que las autoridades del Ecuador, junto con las del FMI, acordaron tomar una línea de financiamiento de emergencia rápida (RFI) por USD 634 millones en mayo de 2020 y solicitaron la suspensión formal del SAF de 2019 con miras a llegar a otro acuerdo más adelante.
. Para fines de agosto de 2020, las autoridades del país y el equipo técnico del FMI alcanzaron un nuevo acuerdo a nivel técnico, el que fue aprobado el 1 de octubre del mismo año por el Directorio Ejecutivo de la entidad. Este acuerdo de financiamiento SAF por USD 6,5 mil millones con el FMI por un período de 27 meses cumplía los criterios de excepcionalidad en cuanto a necesidades de financiamiento de la 6 cuenta corriente de la balanza de pagos, la elevada probabilidad de que la deuda pública retomase una senda de sostenibilidad en el mediano plazo, lo que incluye que pueda volver a acceder a los mercados para satisfacer sus necesidades de financiamiento, así como un programa de políticas que auguran perspectivas razonablemente elevadas de éxito incluyendo capacidad política para lograr los objetivos acordados.
. Sumando la contribución del resto de multilaterales (Banco Mundial, BID, CAF y otras), el paquete completo de asistencia asciende a USD 12 mil millones. Esta operación permitió reducir el capital adeudado de USD 17,4 mil millones a USD 15,8 mil millones, como consecuencia, se logró una reducción de la tasa de interés promedio ponderada de 9,2% a 5,3%, y una extensión del plazo promedio de la deuda de 6,1 años a 12 años.
. Con este antecedente, el nuevo gobierno heredó un problema estructural importante: un déficit fiscal de 7 mil millones de dólares, que se viene arrastrando desde el año 2009. Es decir, durante 13 años el Estado ha venido gastando más de lo que le ingresa anualmente, a pesar de haber gozado de una bonanza petrolera. Este déficit es la causa de fondo del agresivo e irresponsable endeudamiento público que llevó la deuda pública desde aproximadamente 10.mil millones de dólares en 2009 a 63.mil millones de dólares en 2021.
. En el tercer año de desaceleración del crecimiento del PIB, el déficit del Presupuesto General del Estado (más la cuenta de Derivados Deficitarios) cerró en USD 7,1 mil millones en 2020 (USD 5,4 mil millones en 2019), mientras que la deuda pública (SPNF) continuó subiendo, hasta 63,9% desde 51,8% el año anterior. Hoy ese déficit es insostenible.
. No hay deuda que no se pague, y hoy nos ha tocado asumir la cuenta de esos 14 años de despilfarro, en los que los malos administradores prefirieron seguir endeudándose en lugar de ajustar sus gastos. Esta situación de desequilibrio en las finanzas públicas ha afectado gravemente al empleo: 7 de cada 10 ecuatorianos no posee un empleo adecuado.
. La más reciente información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos muestra que apenas un 31,8% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado o pleno, y que este indicador viene deteriorándose desde, al menos, el año 2009: Esta dura realidad es aún más cruda en los sectores rurales, donde el empleo adecuado apenas llega al 18,2%: Sin embargo, el deterioro de los indicadores de empleo golpea también fuertemente al sector urbano, que pasó de un 52,9% de empleo adecuado en 2009 a apenas 38,1% en julio de 2021.
. Esta grave situación afecta más a las mujeres que a los hombres, conforme muestran los datos del INEC: A la vez, se observa un incremento acelerado de la informalidad laboral, es decir, aquella que no está sujeta a un contrato o a afiliación a la seguridad social: Este deterioro ha venido de la mano de una serie de reformas que han dificultado la contratación formal, que hoy es la excepción en lugar de la regla.
REFORMA LABORAL
. Desde 2009 hasta 2021 se realizaron 11 reformas en materia laboral, entre estas, la eliminación de los contratos a plazo fijo, la imposición de techos a las utilidades, la aplicación de complejos regímenes de jornada reducida o prolongada con recargos de hasta el 35%, la implementación de la figura del despido ineficaz y varias reformas que han incrementado los valores de indemnizaciones en general, a la vez que se limitó los fondos de cesantía de las organizaciones de trabajadores para centralizarlas en el Estado.
. Es insostenible un Estado en el que tener un trabajo adecuado sea un privilegio, la excepción y no la regla. A pesar de la recuperación económica esperada, a agosto de 2021, apenas una cuarta parte de los empleos perdidos se han recuperado. El deterioro del mercado laboral tuvo su contraparte en una marcada reducción de ingresos de los hogares versus el 2019, y la información compilada por el INEC muestra que el efecto de la pandemia fue desproporcionadamente más severo en hogares con bajos ingresos versus aquellos hogares de altos ingresos.
. Mientras el decil de menor recursos perdió, en promedio, el 35% de sus ingresos en 2020 relativo a 2019, el decil de mayores recursos perdió apenas el 7% de sus ingresos.
. La pandemia acrecentó las desigualdades sociales y económicas presentes.
. Más aún, al igual que en otras partes del mundo, el actual ciclo de expansión parece estar caracterizado por tasas a penas modestas de crecimiento del empleo, por lo que el mercado laboral podría quedar rezagado frente al proceso de recuperación.
. El rol de la política fiscal en el reordenamiento de la economía ecuatoriana es clave. El equilibrio incide en el riesgo, el riesgo incide en la inversión y la inversión es el motor del empleo. Con este antecedente, vale mencionar que el Plan Nacional de Creación de Oportunidades 2021- 2025 (Plan Nacional de Desarrollo) ha planteado las siguientes metas:
- Incrementar la tasa de empleo adecuado del 30,41% al 50,00%.
- Reducir la tasa de desempleo juvenil (entre 18 y 29 años) de 10,08% a 8,17%.
- Incrementar el porcentaje de personas empleadas mensualmente en actividades artísticas y culturales del 5,19% al 6,00%.
- Aumentar el número de personas con discapacidad y/o sustitutos insertados en el sistema laboral de 70.273 a 74.547.
- Incrementar para el 2025 la tasa acumulada de acceso al menos a la clase media alta a 30,39%.
- Incrementar la puntuación en el indicador de Apertura de un Negocio del Doing Business (Banco Mundial) de 69,1 a 82,0.
«Con estos objetivos en mente, la presente Ley busca dar dinamismo a los sectores económicos y sociales más afectados por la pandemia, paliar la informalidad laboral, generar recursos para afrontar las cuentas asociadas a la pandemia, incluyendo el exitoso plan de vacunación, y generar recursos de manera permanente para robustecer la estructura de las finanzas públicas, paulatinamente aminorando la excesiva dependencia en los ingresos petroleros. Estas metas no podrán alcanzarse en corto plazo si no se promueve el equilibrio de las finanzas públicas, que a su vez incide en el riesgo país y por ende en la inversión, si no se genera un régimen laboral alternativo que permita la rápida incorporación de la población a la fuerza laboral con empleo adecuado, si no se eliminan trabas regulatorias e impositivas que impiden la generación de tales empleos por medio de la inversión en cada sector de la economía», precisa el Presidente Guillermo Lasso en la nota introductoria del proyecto de Ley de Creación de Oportunidades.
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