El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), desde hace 20 años ha sido operado por la compañía privada OCP Ecuador S. A., constituida por un consorcio de empresas del sector petrolero, De acuerdo al contrato de concesión, el plazo del dominio del proyecto del OCP, es de 20 años, que vence en enero de 2024, fecha en la que, la infraestructura, sus pasivos y activos deben transferirse al Estado ecuatoriano, sin costo alguno y en buen estado de funcionamiento.
El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano exige que esta transferencia sea realizada en apego a las normas vigentes, con la debida transparencia y con la exigencia a la compañía OCP Ecuador S.A. presente los documentos necesarios de activos y pasivos para verificar lo que recibe el Estado, garantizar se encuentre libre de cualquier limitación de dominio y se demande lo que corresponda para preservar los derechos del Estado ecuatoriano.
El OCP recorre 485 km desde Lago Agrio hasta Esmeraldas atravesando 4 provincias, 11 cantones y 33 juntas parroquiales. El 99% da la tubería se encuentra enterrada y la capacidad de transporte es de 450 Bpd.
De acuerdo a la información oficial, transporta petróleo de EP Petroecuador 112.9 Mbpd promedio y de varias empresas privadas 38 Mbpd promedio.
La empresa OCP S.A., recuperó su inversión en el año 15 de su operación.
La transferencia del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), de acuerdo a cláusula contractual 4.1 Plazo, del Contrato firmado por el Estado ecuatoriano y la empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador S. A., el 15 de febrero del 2001, debe realizarse al cumplirse veinte años de operación, sin costo alguno y las instalaciones recibidas deben estar en buen estado de funcionamiento.
Si la operación comenzó en enero del año 2004, en enero del 2024, se debe transferir todas las instalaciones, maquinaria y equipos y bienes adquiridos para la operación sin costo y buen estado de conservación,
Las comunicaciones oficiales a las instituciones que tienen que ver con la transferencia del OCP, no han tenido respuesta, lo que preocupa a la Veeduría y a la ciudadanía.
Como se ha manifestado en un sin número de estudios técnicos, la transferencia de la infraestructura del OCP, al Estado ecuatoriano, generaría beneficios económicos efectivos, fruto del no pago de la tarifa del transporte del crudo ecuatoriano, la tarifa de servicio a compañías privadas nacionales y colombianas; las utilidades después de deducir costos y gastos operativos. sin contar la propiedad de la infraestructur valorada en cerca de 1.500 millones de dólares.
Por lo expuesto, cualquier extensión del contrato del OCP es lesivo para los intereses económicos del país, y a la soberanía nacional, reconociendo que el transporte de crudo es un área estratégica del Estado, establecida con suficiente claridad en la Constitución, dictámenes de la Corte Constitucional y legislación del país, precisa el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano
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