El Primer Mandatario afirmó que este mal es una barrera contra el desarrollo que roba los recursos a la protección social, la reactivación económica y la seguridad. Por ello, resaltó: “no dudaré en cambiar a funcionarios corruptos, cuando las evidencias así lo indiquen” y subrayó la importancia de estar atentos a la calidad del gasto público, la austeridad fiscal y la disciplina financiera. Así como, a una contratación pública que cumpla estándares internacionales. Además, destacó la importancia del respeto a las competencias de los organismos encargados de la investigación y la sanción. “El Ejecutivo debe colaborar en todo. La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría tendrán todo el apoyo dentro de mis competencias”, aseguró el Jefe de Estado.
«Conformaremos una Comisión Nacional Anticorrupción”
Por ello, Lasso anunció que: “De modo autónomo, pero coincidente con recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), conformaremos una Comisión Nacional Anticorrupción”. Esta entidad deberá coordinar la implementación de una estrategia y de las políticas dirigidas por la función Ejecutiva, propondrá normas y procedimientos para el sector público, examinará la calidad del gasto y planteará acciones anticorrupción. En este sentido, el Presidente informó que para conformar esta comisión se ha considerado invitar a otras funciones del Estado y en calidad de observadores se prevé la participación del Sercop, UAFE, SRI, superintendencias, sociedad civil, universidades, medios de comunicación y gremios.
Política Nacional Anticorrupción
La política anticorrupción debe recoger la sensibilidad de la opinión pública y los criterios de la sociedad en todo el territorio nacional. Por ello El Gobierno Nacional, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y el Sistema de Naciones Unidas, iniciará el proceso de construcción de la Política Nacional Anticorrupción y su estrategia, a través de la consulta nacional inclusiva, para recoger la voz de los actores de la sociedad y sus organismos representativos. El proceso empezará en enero de 2022 y terminará en abril. “Me permito convocar a esos segmentos de la población a reuniones para recoger sus puntos de vista e incorporarlos”, apuntó el Mandatario.
La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Lena Savelli, recalcó la trascendencia de entablar acuerdos y acciones conjuntas para atender esta causa. “Prevenir y abordar la corrupción es y debe ser una responsabilidad compartida”, afirmó al tiempo que reconoció los esfuerzos del Gobierno ecuatoriano para lograr una gestión pública más transparente. “Saludamos la iniciativa de este día, pues será el puntal principal para la construcción de una política. Solo así el Ecuador podrá avanzar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2030, favorecer la erradicación de pobreza, promover la igualdad de género y la protección del planeta y garantizar un mayor acceso a servicios de educación y salud”, dijo.
El presidente Lasso también reconoció que la lucha contra la corrupción no se agota en el endurecimiento de penas ni en cambios legislativos. Sin embargo, aseveró que es imprescindible que el país disponga de nuevos instrumentos jurídicos. En este sentido, informó que el Ejecutivo propondrá proyectos sobre conflicto de interés, puertas giratorias, cabildeo y transparencia, además de acceso a la información pública. Asimismo, se expedirá un reglamento a la ley de protección de datos personales.
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