El Foro Parlamentario Regional “Herramientas Normativas para el Ordenamiento Territorial del Estado”, reunido en Quito, exhortó a los Parlamentos de América Latina y el Caribe, para que procesen e implementen en sus legislaciones nacionales la Nueva Agenda de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, por medio de herramientas jurídicas que garanticen los derechos humanos vinculados al pleno ejercicio del derecho a la ciudad, valorando las tradiciones de identidades ancestrales y la diversidad cultural.
Acordaron también generar una red de legisladores para compartir y debatir las distintas experiencias y propuestas que desde el área normativa se han desarrollado y se puedan desarrollar en los Parlamentos de América Latina y el Caribe en relación con las herramientas y mecanismos diseñados para abordar el ordenamiento territorial del Estado y enfrentar y gestionar desde la esfera pública/estatal las dinámicas de cambio a nivel de uso y gestión del suelo.
Exhortaron, además, impulsar el desarrollo de planes y proyectos de Ley Marco en instancias interparlamentarias, con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) relacionados con el urbanismo, planificación territorial y medio ambiente, con la finalidad de establecer instrumentos jurídicos que permitan plasmar los objetivos y acuerdos de la Nueva Agenda Urbana.
La Declaración de Quito se aprobó considerando que la III Conferencia de Naciones Unidas Hábitat III tiene como misión la estructuración de la Nueva Agenda Urbana para los próximos 20 años, documento que se orientará tanto al establecimiento de estándares globales para alcanzar el desarrollo urbano sustentable como a repensar la manera cómo se construye, administra y se vive en las ciudades.
En la Declaración se determina que a pesar de las metas planteadas y los esfuerzos realizados aún persisten condiciones de inequidad social, degradación ambiental y caótica expansión urbana, problemas concomitantes, en varios países de la región, con la debilidad institucional y normativa para la gestión del hábitat.
Se advierte que la débil o inadecuada planificación territorial ha generado distorsiones en el mercado del suelo, lo cual afecta el derecho a una vivienda digna y adecuada para una gran parte de la población y el desarrollo individual y comunitario en un medio ambiente sano, derechos reconocidos en varios instrumentos internacionales y en las constituciones vigentes de los países latinoamericanos y caribeños.
En la Declaración de Quito también se expresa la preocupación por el desplazamiento de la población de escasos recursos económicos a la periferia de las ciudades, hacia suelos que carecen de servicios públicos básicos y de alto riesgo y por la ausencia de seguridad jurídica respecto a la tenencia de la tierra.
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