Este miércoles 29 de oviembre de 2017 el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, envió al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria a consulta popular. Lo hizo, cuando se cumplen 36 días sin que la Corte Constitucional califique las siete preguntas formuladas desde Carondelet. Una vez que el CNE recepta el Decreto Ejecutivo, tendría 15 días para convocar a la ciudadanía a consulta popular, que debería realizarse en el plazo máximo de 60 días después de la convocatoria.
«Porque es el derecho del pueblo, y porque me ampara el Art. 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, he enviado al CNE los Decretos Ejecutivos 229 y 230 convocando a la consulta popular. ¡Vamos por un SÍ rotundo!» escribió el Primer Mandatario en su cuenta de Twitter.
Efectivamente, el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que la Corte tiene 20 días, desde el sorteo y asignación del caso a un juez, para establecer la constitucionalidad de las preguntas. Estas fueron entregadas por el Ejecutivo el pasado 2 de octubre.
Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia, concurrió ante el CNE con dos decretos suscritos por Moreno. Ministros de Estado la acompañaron.
Rossana Alvarado comentó que el Presidenet Lenín Moreno ha hecho lo correcto, puesto que ya han pasado más de los 20 días de plazo previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, para que la Corte Constitucional se pronuncie. «Ha pasado el tiempo, el reglamento no puede estar por encima de la ley. No se le puede negar al pueblo la oportunidad de manifestarse en la consulta popular. Se entiende que hay un dictamen positivo (al haber transcurrido el plazo), de manera que se viabiliza esta convocatoria», subrayó Alvarado.
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