El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció este martes 29 de agosto un conjunto de acuerdos con el sistema financiero nacional para profundizar la administración del ahorro, crédito y desarrollo de los sistemas de pago a fin de consolidar la dolarización, la generación de empleo e impulsar la producción. Los acuerdos comprenden la necesidad de aprobar una reforma legal que posibilite que la banca privada maneje el “dinero electrónico” bajo la regulación directa de los organismos estatales de control, con lo que se buscará reducir el uso excesivo de efectivo y promover la inclusión financiera.

Los acuerdos se dieron en el marco del Diálogo Social Nacional que impulsa el mandatario y fueron comunicados con la presencia de representantes de la banca privada, pública y de la economía popular y solidaria en el Palacio de Carondelet. Las partes coincidieron en ratificar que las actividades financieras deben tener la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para fortalecer la inversión productiva nacional y el consumo responsable.

En lo referente al “dinero electrónico” (conocido como tal al dinero que se transa de forma electrónica a través de terminales y con sistemas de valores digitales), Moreno y el sistema financiero acordaron remitir a la Asamblea Nacional una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero para trasladar privativamente la operación de este instrumento del Banco Central a los bancos privados y otros actores, como cooperativas y entidades de la economía popular y solidaria. La banca se comprometió a construir una plataforma propia para brindar este servicio en un plazo de cinco meses.

El Primer Mandatario aseguró que “el sector financiero es uno de los pilares de la economía nacional” y acotó: “sé que hay otras inquietudes, pues a seguirlas conversando, estamos en ese camino y creemos que dialogar es la mejor manera de adentrarse en lo que piensa el otro”.

La transferencia de la gestión del dinero electrónico permitirá fortalecer la dolarización y la inclusión financiera con el compromiso de que cualquier operación con este instrumento será respaldada por una cuenta en el sistema financiero. El dinero electrónico será ofrecido por las entidades bancarias en condiciones competitivas y bajo la supervisión y control del Banco Central y de las Superintendencias, garantizando que nadie en el país pueda emitir una moneda paralela.

Moreno y los representantes del sistema financiero además acordaron impulsar la creación de un ecosistema de pagos digitales, con el uso de las tarjetas de débito, crédito y banca online para reducir costos y facilitar su uso por parte de la mayoría de la población. El 29% del total de la liquidez está en dinero físico (billetes y monedas), un monto mayor al de países vecinos como Bolivia (25%), Colombia (16%) y Perú (13%). La demanda de dinero físico hace que aproximadamente USD 2.000 millones que podrían estar en las reservas internacionales deban ponerse en circulación.

“Queremos desarrollar en conjunto una serie de mecanismos para desestimular el uso del efectivo y estimular el uso de instrumentos electrónicos o digitales que sustituyan el uso del efectivo. En ese orden de ideas están: la billetera móvil, la posibilidad de estimular e incentivar el uso de tarjetas de débito, de tarjetas de crédito y cualquier otra modalidad de pago digital que sustituyan a la gran cantidad de efectivo que hoy por hoy circulan en la economía ecuatoriana”, aseguró Antonio Acosta, portavoz de la banca y presidente del Banco Pichincha.

La meta es disminuir la demanda de efectivo en al menos USD 800 millones durante los primeros 12 meses a partir de la vigencia de las reformas.

OTROS ACUERDOS CON ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR

En lo referente al sistema financiero de la economía popular y solidaria, los acuerdos contemplan establecer un sistema de garantías y retrogarantías que permitan democratizar el crédito, el fortalecimiento de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) para que entregue líneas de crédito preferenciales a cooperativas para que conceda a sus clientes finales empréstitos orientados a la reactivación productiva. Igualmente se pactó su participación en esquemas de financiero de programas de vivienda para clase media.

Las instituciones consideradas en este segmento igualmente operarán en el sistema móvil de pagos, entre otras acciones orientadas a constituirlas en puntales del crecimiento económico y social.

Edgar Peñaherrera, representante del sistema de finanzas populares y solidarias, explicó que las medidas corresponden a los acuerdos establecidos en una reunión previa con el Jefe de Estado en la cual se trataron las necesidades de este sector. “Hemos procurado trazarnos tres objetivos importantes que son: la promoción del empleo y la inclusión financiera, el fortalecimiento del sector financiero popular y solidario y una consolidación de la institucionalidad y del marco jurídico del sector», aseguró Peñaherrera.

BANCA PÚBLICA, UN PUNTAL DE CRECIMIENTO

En el programa económico, la banca pública – integrada por instituciones como el BanEcuador, la Corporación Financiera Nacional, el Banco de Desarrollo y Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- consolidará la intermediación financiera garantizando el acceso a la población en condiciones de pobreza a servicios y productos financieros y potenciando el crecimiento económico desde una complementación a la acción que realizan la banca privada y popular, aseguró el presidente del directorio de BanEcuador, Rubén Flores. Otras áreas de intervención serán el apalancamiento de proyectos del sector productivo, vivienda de interés social y de infraestructura que realicen los gobiernos autónomos descentralizados.

Flores manifestó que las medidas tomados corresponden a “una coordinación sólida del frente económico conjunto con la banca pública» en la cual se va a «garantizar el acceso a los sectores que no están accediendo a los sistemas financieros, tanto públicos como de la economía popular y solidaria y que están extorsionados por una forma de ‘chulco’. Esta intermediación financiera implica: productos financieros de la banca pública que consolidan todos estos esfuerzos como servicios no financieros que apalanca la necesidad de acompañamiento a estos sectores que estamos incluyendo».

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