El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) 2017/2018 pone de relieve que es responsabilidad de los gobiernos garantizar una educación universal de calidad y que deben rendir cuentas para alcanzar este objetivo. Este Informe advierte que puede tener efectos negativos, tales como el aumento de las desigualdades y el deterioro del aprendizaje, el imputar a determinados responsables de los sistemas educativos los problemas de fondo de los cuales éstos adolecen.
En el segundo volumen de la serie de informes GEM, titulado Rendir cuentas en el ámbito de la educación: cumplir nuestros compromisos, se efectúa un seguimiento de los avances logrados para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 adoptado por la comunidad internacional en materia de educación. Este volumen, analiza las diferentes modalidades en que las personas e instituciones pueden rendir cuentas acerca de su accionar para alcanzar el ODS 4, mediante el establecimiento de normativas y pruebas, de actividades de seguimiento y auditorías, y de métodos para tener en cuenta las opiniones de los medios de comunicación y las asociaciones comunitarias.
El director del Informe GEM, Manos Antoninis, ha dicho a este respecto: “Si uno se basa en los resultados escolares de los alumnos para sancionar a las escuelas y los docentes, se corre el riesgo de que éstos modifiquen su comportamiento para protegerse contra las sanciones y esto puede conducir a que se deje de lado a los alumnos más rezagados. Los gobiernos son los primeros responsables de la buena marcha de los sistemas educativos. Si se precipitan en echar la culpa a otros, lo que hacen es desviar la atención de su obligación de dotar a esos sistemas con estructuras sólidas y solidarias”.
La transparencia contribuye a determinar cuáles son los problemas de los sistemas educativos, sin embargo, solo un gobierno de cada seis publica informes anuales de seguimiento de la educación. Para exigir a los gobiernos rendiciones de cuentas sobre la educación es preciso que intervengan organismos independientes, como defensorías del pueblo, parlamentos y organismos de auditoría.
No rendir cuentas, propicia la corrupción. Durante el sexenio 2009-2014, al 38% de las licitaciones para compras o contrataciones relativas al sector de la educación, se presentó un único oferente, mientras que en el sector de la construcción ese porcentaje se cifró en un 16%. Esto evidencia que el riesgo de corrupción es más elevado en el sector de la educación que en el de la construcción.
Es fundamental reglamentar
En el Informe se señala que en el sector de la educación es fundamental reglamentar desde las licitaciones hasta las cualificaciones de los docentes. Menos de un 50% de los países de ingresos bajos y medios en el Mundo cuentan con normativas para la educación de la primera infancia y sólo un número muy reducido de ellos ha creado mecanismos para controlar su aplicación. En casi la mitad de los países no existen reglamentaciones sobre el número de alumnos por clase.
En los países donde existen carencias en los mecanismos oficiales, la ciudadanía desempeña un papel esencial para exigir a los gobiernos que hagan efectivo el derecho a la educación. El Informe destaca también cuán importante es exigir responsabilidades para remediar las desigualdades y la falta de equidad. Menos de un 20% de los países garantiza en sus legislaciones 12 años de enseñanza obligatoria y gratuita, cuando hay todavía en el mundo 264 millones de niños y adolescentes sin escolarizar y unos 100 millones de jóvenes analfabetos. En Ecuador, la normativa dispone 13 años de enseñanza obligatoria y gratuita, en Colombia y Venezuela son 10 los años obligatorios en tanto que en Bolivia son ocho.
Falta de responsabilidad de los donantes
El Informe señala asimismo la falta de responsabilidad de los donantes que no cumplen los compromisos contraídos con los países necesitados de ayuda. El porcentaje de la ayuda multilateral o bilateral a la educación está disminuyendo desde hace seis años. Al mismo tiempo, a cambio de su ayuda los donantes exigen cada vez más, a los países beneficiarios de ella, resultados que a veces merman las energías que deben dedicar a las mejoras de fondo de sus sistemas educativos.
En cuanto al desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, el informe indica que “más de 85% de los países informan incluir los derechos y las libertades fundamentales en la política de educación y los planes de estudio, pero solo el 51% integra la educación para el desarrollo sostenible en la política y el 33% en los planes de estudios. En la formación del profesorado, cerca de la mitad de los países abordaban la paz, la no violencia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, el 16% la diversidad cultural y la tolerancia, y únicamente el 7% incluye la educación para el desarrollo sostenible”. En la actualidad Ecuador aborda estas temáticas a través del Programa de Educación Ambiental “Tierra de Todos” y del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz “Más Unidos, Más Protegidos”.
Ningún método de rendición de cuentas dará buenos resultados sin la existencia de un sólido entorno que proporcione a las y los protagonistas de los sistemas educativos la capacidad, la motivación, la información y los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades. Esto incluye contar con iniciativas que evalúan la implementación y los resultados a corto plazo de programas de educación específicos. Cada vez más, países de América Latina, están ampliando sus actividades de evaluación para abordar los resultados del aprendizaje. En este ámbito el informe resalta la labor de las agencias autónomas de evaluación de los aprendizajes que juegan un fuerte rol en la rendición de cuentas y destaca la labor de instituciones de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Asimismo, el Informe GEM, destaca el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo de América Latina (TERCE), coordinado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (OREALC/UNESCO Santiago), en el cual Bolivia y Ecuador participan.
En el informe se hace un llamamiento a los gobiernos para:
1. Concebir mecanismos de rendición de cuentas estimulantes para las escuelas y evitar los sistemas de sanciones, especialmente los basados en mediciones restringidas del rendimiento.
2. Permitir la participación democrática, respetar la libertad de análisis de los medios informativos sobre los temas de educación y establecer organismos independientes para examinar los reclamos y quejas.
3. Elaborar reglamentaciones fiables y eficaces para todos los centros docentes públicos y privados. Esas reglamentaciones deben comprender sanciones para garantizar la no discriminación y la calidad de la educación.
4. Hacer que el derecho a la educación sea exigible judicialmente, cosa que no ocurre en el 45% de los países.
El 30 de noviembre de 2017, en el auditorio Instituto de Fomento al Talento Humano de la ciudad de Quito el Ministerio de Educación del Ecuador, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) y el Consejo del Régimen Especial de Galápagos llevaron a cabo el evento de Lanzamiento para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo: “Rendir cuentas en el ámbito de la educación: cumplir nuestros compromisos”.
El evento contó con la participación de Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, Álvaro Sáenz, Viceministro de Educación, Lorena Tapia, Ministra Presidenta del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Carlos Bravo, Director Ejecutivo Encargado del INEVAL, Santiago Jara, Secretario de la Comisión Colombiana de Cooperación con la UNESCO del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Saadia Sánchez Vegas, Directora UNESCO Quito y Representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y República Bolivariana de Venezuela y Joaquín Leguía Orezzoli, Director Ejecutivo, Asociación para la Niñez y su Ambiente – ANIA en Perú y consultor de la UNESCO.
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