Las enormes desigualdades para el regreso presencial a clases ponen en foco la necesidad de incorporar criterios de equidad y de priorización de poblaciones vulnerables. En este sentido, el financiamiento de la educación, así como una asignación de recursos equitativa y eficiente, son clave como estrategias de respuesta ante la crisis para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos.
Un nuevo informe emanado este 7 de diciembre de 2020 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) advierte sobre las condiciones desiguales de acceso a los recursos humanos, económicos, de infraestructura y equipamiento educativo en los países de la región, todos agravados por la pandemia
Estas condiciones estructurales afectan la aplicación de las recomendaciones que los organismos internacionales han emitido para un adecuado proceso de regreso presencial a las escuelas, lo que afecta el derecho a la educación de millones de estudiantes en la región.
Por otro lado, la UNESCO y el BID precisan que los ministerios de educación requieren sistemas de información para la gestión educativa (SIGED) robustos que permitan planificar, formular y administrar estas estrategias. El 42% de los países de América Latina y el Caribe todavía usa algún tipo de formato físico (como formularios de papel) de manera total o parcial para el levantamiento de datos. Es necesario que los SIGED de la región se fortalezcan y que profundicen la aplicación de tecnologías para hacer más eficiente la recolección y el análisis de información; de modo que construyan una mirada más integral de los sistemas educativos que permita afrontar crisis como la actual.
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