El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció este miércoles 13 de diciembre al vicepresidente de la República, Jorge Glas, a 6 años de prisión como autor del delito de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción en el caso Odebrecht.
El proceso penal en contra del Vicepresidente no termina con la decisión del Tribunal. La defensa ha anunciado que apelará el fallo. Mientras tanto Jorge Glas seguirá recluido en la Cárcel 4 de Quito.
En la lectura de las conclusiones del Tribunal, el juez ponente Édgar Flores indicó que “Glas articuló con José Conceição Santos la concesión de contratos públicos a cambio de pagos”. En ese contexto, el magistrado puntualizó que el Vicepresidente actuó como principal” del delito.
También actuó como principal Ricardo Rivera, quien en condición de tío de Jorge Glas facilitó la gestión de Santos, dijo el juez, quien halló elementos además para otros seis procesados por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht (uno fue liberado).
El Juez precisó que para la resolución se tomaron en cuenta la asistencia internacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las declaraciones del exejecutivo de Odebrecht José Conceição Santos, los mensajes cruzados entre los procesados, etc.
A decir de los magistrados, la Fiscalía probó que los sentenciados se asociaron ilícitamente para obtener un beneficio económico en 5 proyectos estratégicos: Poliducto Pascuales-Cuenca, Trasvase Daule-Vinces, Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, Refinería del Pacífico-Movimiento de Tierras y Acueducto La Esperanza.
Édgar Flores Mier también señaló que la investigación permite concluir la configuración de otros delitos como peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, testaferrismo, lavado de activos y tráfico de influencias. Por lo que dispuso que se remitan copias certificadas del proceso a la Fiscalía.
En cuanto a la reparación integral material, los jueces dispusieron se realice el pago de $ 33′ 396.116 por parte de los sentenciados. Asimismo, el Tribunal ordenó la investigación penal de la persona jurídica de Odebrecht por los hechos presumiblemente constitutivos de delitos a partir del 10 de agosto de 2014, fecha en la que entró en vigencia el COIP.
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