La inclusión de todas y todos los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo es una prioridad del Ecuador y responde al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que busca garantizar una educación inclusiva y de calidad para todas y todos a lo largo de toda la vida.
En este marco, el Ministerio de Educación, UNICEF Ecuador, la Oficina de la UNESCO en Quito, ACNUR y las otras organizaciones socias implementadoras del proyecto: Plan Internacional, HIAS, Consejo Noruego para Refugiados, RET International, Desarrollo y Autogestión, Vicariato de Esmeraldas y World Vision; anunciaron el inicio de las actividades que se enmarcan en el proyecto de inclusión educativa financiado por Education Cannot Wait (ECW). Esta fase de implementación culminará en julio de 2020.
ECW es un fondo global para transformar la entrega de educación en emergencias, y así brindar una respuesta más colaborativa y rápida a las necesidades educativas de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes. Su objetivo es llegar a todas las personas menores de edad afectadas por la crisis con una educación segura, gratuita y de calidad para 2030.
En el caso de Ecuador, un elemento de exclusión y una de las diversas fuentes de discriminación que se presentan en el sistema educativo y se constituyen en barreras de acceso a la educación, tienen que ver con la situación de movilidad humana. Tanto movilidad interna como movilidad externa.
Según el análisis desarrollado por UNICEF entre 2018 y 2019 y basado en datos oficiales sobre la inclusión de niños y niñas migrantes y refugiadas venezolanas en el sistema educativo nacional, actualmente 22,000 de los 148,000 niños, niñas y adolescentes venezolanos entre 0 y 17 años de edad que residen en el país necesita acceso urgente a la educación.
La finalidad del proyecto es mejorar el acceso a servicios de educación formal de calidad para más de 51,000 niños, niñas y adolescentes migrantes, refugiados y de las comunidades de acogida. La Oficina de la UNESCO en Quito trabaja en dos ejes fundamentales para lograr el fortalecimiento de capacidades de servidores públicos del Ministerio de Educación, tanto personal administrativo como docentes y comunidad educativa, de manera que puedan ser promotores y facilitadores de la inclusión:
1. Brindar asistencia técnica en materia normativa y capacitar a delegados de los 140 distritos educativos del país en su correcta implementación.
2. Desarrollar una caja de herramientas para docentes que recoge las mejores prácticas en inclusión e incluye nuevos elementos que servirán de insumo para la formación de docentes, directivos y otros miembros de la comunidad educativa. En 2020 se dará acompañamiento a la implementación de esta caja de herramientas en, al menos, 20 instituciones educativas del país.
Esta fue una de las noticias más destacadas de 2019.
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