Más jóvenes podrán ingresar al sistema de educación superior, sin perder la calidad en el servicio. Además, tendrán la posibilidad de elegir su carrera. En tanto, en las universidades se profundiza el criterio de autonomía y se garantiza su financiamiento. Estos son algunos de los beneficios que traerá  las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (Loes), que la noche de este martes 15 de mayo de 2018  aprobó la Asamblea, con 120 votos afirmativos.

Su aprobación se produjo luego de la participación de 35 legisladores en el debate, que tuvo como eje central el fortalecimiento del sistema de educación superior y la libre elección de los estudiantes de la carrera que quieren cursar, sobre la base de la oferta académica de las universidades y el cumplimiento de requisitos.

La ponente del informe, Silvia Salgado, aceptó alrededor de 27 cambios propuestos por los asambleístas, relacionados con diversos temas y precisiones para mejorar el texto de la ley.

Acceso educativo

Para ingresar a las universidades y escuelas politécnicas, el examen no será el único requisito que defina. Habrá otros criterios que suman, como los antecedentes académicos y la condición socioeconómica.

También se mejora la oferta educativa. Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores se considerarán como Institutos Tecnológicos Universitarios. La formación en estos centros será de tercer nivel, en el área técnica y podrán crear especializaciones y maestrías.

Las Instituciones de Educación Superior adjudicarán directamente becas a por lo menos el 10 % de sus estudiantes regulares, y destinarán el 6 % de su presupuesto para sus profesores.

Financiamiento

Los recursos económicos del Estado para las Instituciones de Educación Superior se garantizarán a través de un Fondo Permanente de Desarrollo y cuando el presupuesto no se gaste en los plazos definidos, se acumulará.

Para garantizar una justa asignación de los recursos se considerará indicadores como la docencia, investigación, vinculación y eficiencia administrativa y financiera.

La norma fortalece la autogestión. El dinero que obtengan de las actividades académicas y de propiedad intelectual podrá reinvertirse en beneficio de estas Instituciones, mientras que el Sistema de Contratación Pública les otorgará ventajas para ofertar sus productos y servicios.

Calidad educativa

El proyecto de ley establece que en caso de que los programas y carreras no cumplan los estándares de calidad se realizará una intervención parcial, evitando el cierre y se elimina la categorización. Según Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Educación, el enfoque es que el Sistema tenga categoría A.

Los docentes a tiempo completo tendrán un plazo de 5 años para titularse como PhD, mientras que para investigadores se prevé un régimen de contratación específico.

Participación estudiantil

La participación de los estudiantes en las decisiones de las Instituciones de Educación Superior es entre el 10 % y el 25 %. Asimismo, las autoridades académicas y estudiantiles participarán con voz y voto en las decisiones de estos centros educativos.

La elección de las máximas autoridades se hará mediante listas y garantizando la alternabilidad, paridad de género e igualdad de oportunidades.

Universidad Indígena

La Ley establece la reactivación de la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas Amawtay Wasy como institución pública.

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