A su vez, el organismo no admitió otras dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión, que también le imputaba a Lasso la mayoría opositora liderada por el correísmo (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC).

En el dictamen se determinó que a la Corte le correspondía efectuar tanto un análisis del procedimiento como del contenido de la solicitud, para garantizar el equilibrio de poderes entre la función Ejecutiva y Legislativa, «y asegurar que la institución del juicio político al presidente de la República no sea utilizada de forma arbitraria ni irrazonable».

En esa línea, en el análisis del procedimiento, la Corte encontró que, en la solicitud presentada y el trámite seguido hasta aquí en la Asamblea Nacional, «se han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso».

Sin embargo, el organismo hizo un «llamado de atención a los solicitantes y a la Asamblea Nacional por la falta de prolijidad en la activación de dicha figura constitucional». En alusión a una serie de errores detectados en los documentos.

Asimismo, respecto del contenido de la solicitud, se estableció que los primeros dos cargos formulados por los solicitantes -relacionados con el delito de concusión- no cumplen las exigencias del artículo 148 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional (LOGJCC).

En relación al delito de peculado, por el contrario, se determinó que su formulación se enmarca en los presupuestos de admisibilidad establecidos en el mencionado artículo de la LOGJCC, apuntó la Corte.

La  bancada oficialista anticipó que Lasso comparecerá a la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones.

«Como respetuosos de ese sistema de pesos y contrapesos, de la Corte de cortes que se ha pronunciado, del Estado de Derecho, acataremos ese dictamen y llevaremos adelante el juicio político hasta las últimas consecuencias, donde permitiremos que el Presidente de la República se defienda como corresponde», reaccionó Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización.

La votación de la  Corte

La propuesta de dictamen fue presentada por los jueces Richard González y Alí Lozada, quien preside el organismo, y sumó el respaldo de Daniela Salazar, Jhoel Escudero, Alejandra Cárdenas y Karla Andrade.

En cambio, la vicepresidenta de la Corte, Carmen Corral, y los jueces Teresa Nuques y Enrique Herrería emitieron votos salvados. Ellos -con su propia argumentación- se apartaron de la decisión de mayoría por considerar que la solicitud de juicio político presentada en contra del presidente de la República es inadmisible por no cumplir con los requisitos contemplados en la Constitución y la LOGJCC.