Se trata de la mayor apuesta que un gobierno ecuatoriano ha hecho a la formación del talento humano por considerar que la educación es la base del desarrollo. En electricidad, el gobierno nacional invertirá 1.268,30 millones de dólares, mientras que en infraestructura vial la cifra alcanza 1.002,58 millones de dólares.
El anuncio lo hizo este jueves 11 de julio de 2013 el titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), René Ramírez, quien destacó que en el presente año la nueva fórmula de distribución de recursos asigna 346 millones de dólares más que en el 2012. Para las universidades y escuelas politécnicas el aumento alcanza el 22% en promedio, mientras que para las universidades de posgrado y cofinanciadas el incremento llega al 20%.
Ramírez destacó que en el segundo semestre de 2013, las universidades de categoría “A” recibirán más rentas para la búsqueda de la calidad académica: 85 millones de dólares más este año que en el 2012. La Universidad Central recibirá, por ejemplo, 116,53 millones de dólares, 21,54 millones de dólares más que en el 2012. La ESPOCH recibirá 12 millones más, la Universidad Técnica de Ambato 9 millones más, la Universidad de Cuenca 12,14 millones más que en el 2012 y la Escuela Politécnica Nacional 10 millones más que en el ejercicio económico anterior.
El incremento en las finanzas para las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores y otros sectores del sistema es posible gracias a la nueva fórmula de distribución de recursos que privilegia la asignación en función de los criterios de: calidad (60%), eficiencia académica y pertinencia (32,3%), excelencia (6%) y eficiencia administrativa (1,7%). El mecanismo se aplica de forma progresiva desde este año hasta el 2016, enfatizó René Ramírez.
Subrayó que antes de la expedición de la nueva fórmula, “la distribución de recursos a las universidades se regía por la Ley de Educación Superior del año 2000 y por las regulaciones del CONESUP que establecieron un modelo de asignación basado en criterios como la proporcionalidad al número de estudiantes, profesores o necesidades de cada institución, sin atención a indicadores de calidad”.
“Era un modelo de asignación poco transparente y discrecional que generaba altos grados de inercia ante la ausencia de medición de resultados, no existían estímulos para la búsqueda de la excelencia. Ocurrió el peor de los escenarios: el reparto adverso tendió a favorecer a las instituciones de menor calidad en desmedro de las mejores. El nuevo sistema rompe este círculo vicioso, premia la calidad y la gestión, y se dirige a la transformación del sistema”, dijo René Ramírez, quien estuvo acompañado de María del Pilar Troya, Subsecretaria General de Educación Superior, en el diálogo que mantuvo con la prensa nacional este jueves 11 de julio de 2013.
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