La descentralización actual del país es el resultado de un proceso que se viene trabajando desde los años 70 y que alcanza su maduración institucional a partir del 2007, señala Pabel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo.
“Antes teníamos una descentralización a la carta y a la brava. Esto significaba que cada quien tomaba las competencias que quería y no había un ordenamiento de responsabilidades en el aparato estatal ecuatoriano”, afirma el titular de la Senplades.
La descentralización “no es otra cosa que el traspaso de competencias, responsabilidades y poder; para que las autoridades locales sean las que puedan resolver un conjunto de problemas en su área de gestión”, precisa. También explica que, para ello, hoy se cuenta con el respaldo de la Constitución, un código orgánico, un Consejo Nacional de Competencias, así como la experiencia de competencias transferidas (como tránsito, trasporte, riego, etc.).
“Con la Constitución de 2008 se establecen principios para la descentralización. Se asignan competencias a cada nivel de gobierno (central, provincial, cantonal y parroquial). Se pone a las juntas parroquiales rurales como un nivel de gobierno, cuando antes solo eran una instancia de participación. Además, se establece una institucionalidad: el Consejo Nacional de Competencias (CNC)”, expresa Muñoz.
El CNC, organismo integrado por todos los niveles de gobierno, regula el procedimiento y la transferencia de las competencias exclusivas y adicionales. Desde el 2011, ha impulsado la construcción participativa del Plan Nacional de Descentralización (2012-2015), para establecer la progresividad en la entrega de competencias y la equidad territorial en el país.
El CNC puede regular, cuando sea el caso, elementos de concurrencia”, menciona el Secretario, lo que significa que “en algunos casos, tanto el nivel nacional como los locales tienen responsabilidad sobre algún tema y se deben armonizar los modelos de gestión”.
Sin embargo, Muñoz aclara que la descentralización no solo es una figura administrativa, sino también una figura política que permite que las autoridades locales tengan más poder para tomar decisiones, para brindar servicios, más recursos para entregarlos en beneficios ciudadanos. “Es un tema político que permite distribuir poder”, manifiesta.
Temas que deben mejorarse
Entre los temas que deben mejorarse, el funcionario anota la diferencia de capacidades que existen en los distintos niveles de gobierno. “No todas las prefecturas son iguales, no todas las alcaldías son iguales. Esto hace que necesitemos crear capacidades. Las ciudades grandes tienen capacidades distintas que los pequeños cantones, a los que hay que ayudarles”, afirma.
De acuerdo al Secretario, por lo menos el 75% de recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provienen del Gobierno Central. “Esto significa que existe una pereza fiscal. Muchos GAD, por no asumir los costos políticos, no ponen las tasas ni cobran los impuestos que debería cobrar. A la larga, el único perjudicado es el ciudadano y ciudadana que vive en ese cantón.
Finalmente, Muñoz asegura que la descentralización no puede consolidarse de la noche a la mañana. Sobre esto, recuerda que en los años 70 había la necesidad de organizar territorialmente al país. En los 90 la descentralización se quedó en el papel, no tuvo principios y buscaba acentuar el fenómeno privatizador. “Hoy tenemos una descentralización con principios para que cada quien haga lo que le compete y con recursos para ello”, concluye.
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