Por: Dr. Luis Rivadeneira Játiva

A partir del 10 de febrero de 2016, la Universidad Tecnológica Equinoccial –UTE- despidió, en forma intempestiva, a un gran número de docentes y empleados de la misma, bajo la consideración de que la Universidad estaba en crisis económica porque su cuerpo docente y de empleados era muy grande. Algunos de los docentes y empleados despedidos lograron su jubilación general del IESS y la patronal de la UTE, por tener derecho a la doble jubilación.

En el mes de junio de 2017, mediante cronograma, recién se entregó a los docentes y empleados su fondo de jubilación complementaria, que ellos habían ahorrado desde el año 1993, es decir, por más de 22 años.

La crisis económica no existió, porque la UTE compró la Clínica Pichincha y, recientemente, el Complejo Pacific Garden, (ex -club Banco del Pacífico, sector Mirasierra). La Senescyt debe hacer una investigación sobre estas inversiones, porque, de ser cierta la información, se demostraría que la UTE no estaba en crisis y, por consiguiente, no había razón para el despido masivo.

Los jubilados en la UTE no pueden perder sus derechos, porque los mismos tienen que ver con su trabajo, de 30 años o más en la universidad, lo cual les posibilitó acogerse al derecho a la jubilación patronal.

Vamos a citar algunos de estos derechos que están vulnerados:

• El derecho a gozar de los espacios de la universidad, especialmente, de los de recreación y esparcimiento. Los jubilados, inclusive, pueden seguir perteneciendo a las organizaciones y clubes de la misma;

• El derecho a participar, como jubilado, en todas las reuniones que tengan que ver con el desarrollo de la misma;

• Derecho de protección, señalado en la Constitución, para los docentes universitarios, que defiende su derecho a la estabilidad en la universidad; y,

• Derecho al juicio civil por daños y perjuicios, en caso de que una autoridad universitaria vulnere o atente contra los derechos señalados anteriormente, o la acción civil por daños y perjuicios, en el caso de que un juicio anterior, tenga sentencia favorable para el docente o empleado universitario.

Consideramos que el Estado y la Senescyt deben hacer respetar estos derechos, de docentes y empleados jubilados, que no pueden ser vulnerados.