Por: Mónica Mancero Acosta
La reciente consulta popular sobre la prohibición de la minería metálica en las fuentes de agua en el cantón Cuenca tuvo un triunfo apabullante. Sin embargo, esto no se debe a una repentina conciencia de los cuencanos en defensa del medio ambiente; sin negar que sea una sociedad donde algunos de los nuevos temas sociales se posicionen de forma más vanguardista que en el resto del país, se debe a que hay una tradición de décadas de activistas defensores de la naturaleza y particularmente el agua.
Uno de los candidatos a la presidencia, precisamente quien se cambiara de nombre a Yaku, por la importancia que en su identidad tenía el agua, fue uno de los pioneros de estos cambios hacia lo que se denomina una agenda posmaterialista, la defensa de la naturaleza. Además, esta identidad se fue generando, no exclusivamente en capas medias altas urbanas de jóvenes, como usualmente se piensa; ni tampoco vinculados exclusivamente a Organizaciones No Gubernamentales, sino en el seno del campo popular. Es un ecologismo popular porque de esos recursos simplemente depende la vida de toda la comunidad, al igual que de la ciudad que se encuentra aguas abajo, Cuenca; así que el adjetivo posmaterialista, que mencioné anteriormente, no aplica en estricto rigor.
Precisamente allí, esta semana, fue asesinado Andrés Durazno con varias puñaladas, un activista ambientalista del pueblo, que libró duras batallas para oponerse a la minería metálica en Río Blanco. El fue presidente del sistema comunitario de agua y riego de Molleturo-Río Blanco, parroquia rural del cantón Cuenca. En 2016 se estableció una empresa minera, subsidiaria de una compañía china para extraer oro y plata que hay en el lugar. Esto generó innumerables conflictos por el acceso a las fuentes de agua de los habitantes del lugar. En 2018 se dictaminó una orden judicial de suspensión de la actividad, sin embargo, los conflictos no han parado porque la minería ilegal estaría tomándose la zona.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha instado al Estado ecuatoriano a investigar de manera diligente esos hechos para que no queden en la impunidad y brindar todas las medidas de protección frente a activistas defensores de los derechos humanos, de la naturaleza y de la vida, una militancia de alto riesgo.