El Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013 (Plan Nacional de Desarrollo) elaborado por la SENPLADES, destacó que la calidad de vida y progreso de un país independiente estaba ligado a la cobertura, calidad y pertinencia de la formación superior que brinda a sus ciudadanos y ciudadanas y a la inversión que realiza en ciencia, tecnología e innovación.
La educación superior y la investigación asociada a ella, decía la SENPLADES, deben concebirse como un bien público en tanto su desarrollo beneficia a la sociedad en su conjunto, más allá de su usufructo individual o privado.
Ecuador, agregaba, es uno de los países a nivel latinoamericano con menores coberturas en educación superior. En ese sentido, debe ser una prioridad aumentar el acceso a este nivel educativo. De la misma manera se debe garantizar igualdad de oportunidades para todos y todas, dado que el campo de la educación superior ha sido reproductor y no transformador, en sentido progresista, de la estructura de clases.
Es necesario, destacaba el documento de la SENPLADES, que la educación superior se transforme en un verdadero mecanismo de movilidad social ascendente y de igualación de oportunidades en el Ecuador. Para ello, primero se debe promover un acceso en donde el nivel socioeconómico no constituya un impedimento para ingresar ya sea a través de becas, ayudas económicas, políticas de cuotas o créditos educativos. Esto, sin menoscabar la importancia de que operen criterios meritocráticos propios de la educación superior. Es decir, la mayor democratización que debe operarse en el acceso no debe ser leída en términos antinómicos con la mayor excelencia académica que debe asegurarse en la educación superior.
En relación a esto último, añadía, debe implementarse un sistema de nivelación que permita dar tratamiento a las desigualdades educativas existentes en los niveles inferiores. Como parte de la efectivización de la igualdad de oportunidades resulta indispensable auspiciar el acceso de primeras generaciones a la educación superior universitaria. Especial importancia habrá que prestar al control de las diferentes ofertas formativas involucradas en el conjunto de instituciones que integran el campo de la educación superior –universitaria y no universitaria-, a fin de que esta diversidad no involucre desigualdades en términos de calidad, ni suponga una lógica segmentadora y que reproduzca una sociedad injusta.
En este sentido, y dado el mandato constitucional de construir una economía social y solidaria, resulta indispensable revalorizar la educación superior no universitaria de la más alta calidad para formar profesionales que aporten al campo en la estructura productiva y al mismo tiempo aseguren condiciones de vida dignas y emancipadoras, subrayaba la SENPLADES.
También se deben atacar otras formas de discriminación negativa producto de consideraciones de tipo religioso, cultural, étnica, etc., tanto en el acceso como en el proceso de formación de las y los estudiantes, añadía.
Si bien el acceso y la igualdad de oportunidades en este nivel educativo resulta una de las más importantes deudas sociales a saldar, igual o más empeño hay que colocar en la garantía de la excelencia académica, tanto en la enseñanza superior como en la investigación científica, apuntaba.
Es indispensable para ello -acotaba- garantizar la máxima objetividad, imparcialidad, y los más altos estándares para evaluar y acreditar a las instituciones de educación superior, sus programas y carreras.
Asimismo, se vuelve indispensable que las personas con más formación y más experiencia investigativa y en la docencia accedan a una carrera académica-investigativa, señalaba el documento de la SENPLADES.
Por otra parte, destacaba que la investigación que se realiza en las universidades debe constituirse en uno de los principales puntales de la transformación de la economía extractivista y primario exportadora que tiene actualmente el Ecuador. En este sentido, y dado el rezago que tiene el país en investigación, debe ser prioridad de la cooperación internacional la transferencia tecnológica y de conocimientos que apunten a una satisfacción de necesidades básicas, más eficiente y con calidad, así como a la consolidación de la industria nacional. De la misma forma, toda inversión extranjera directa deberá ser portadora de tecnología y de conocimiento que puedan ser aprovechados por el Ecuador como parte de su desarrollo endógeno, sin estar sometido a condicionalidades y dependencias. Resulta indispensable ligar la investigación producida en las universidades a los institutos públicos de investigación, a fin de crear sinergias que permitan aportar valor agregado a la industria nacional. En este sentido, la investigación básica debe estar ligada a la investigación aplicada para la construcción de la industria nacional del país.
Dado que la biodiversidad es una de las principales ventajas competitivas, es prioritario que las universidades e institutos de investigación generen información a partir de esta riqueza natural, a través de investigaciones y ciencias básicas y aplicadas que pueda desarrollarse en armonía con su objeto. Las universidades desarrollarán, y siguiendo las potencialidades propias de cada región de planificación, entre otras acciones, bancos de semillas, de tejidos, germoplasma, ADN y material genético, que permitan conocer, clasificar, analizar, generar valor social agregado y resguardar el patrimonio natural del Ecuador.
En este marco, precisaba el Plan del Buen Vivir, elaborado por la SENPLADES, es fundamental contar con un banco de germoplasma, tejidos y ADN. De la misma forma, la construcción de una “biopolis” implica investigar todo aquello ligado a la producción, transformación y consumo de energías limpias y eficientes.
De igual manera, deberá ser política pública la inversión en talentos humanos que estudien prioritariamente en áreas específicas ligadas a las necesidades de desarrollo del país, a través de becas de cuarto nivel para estudios de maestría, doctorado y postdoctorado en universidades de primer nivel. Dentro del mismo campo, deben existir políticas concretas para evitar la fuga de cerebros así como acciones para repatriar a ecuatorianos altamente formados. En esta línea, el país deberá fomentar programas de movilidad estudiantil principalmente de cuarto nivel, de docentes e investigadores a nivel interregional e internacional en búsqueda de generar redes de intercambio y generación de conocimiento. Esto en el afán de fomentar para que las universidades tengan más profesores-investigadores a tiempo completo y con el mayor nivel académico, con el propósito de construir una universidad que a más de transmitir conocimiento también lo genere.
En el marco de la búsqueda de una educación superior pertinente y con responsabilidad social, es necesario recalcar la importancia de conformar universidades que desarrollen programas educativos acordes a las ventajas comparativas que tiene cada uno de los territorios donde se asientan, y en función de la estrategia de sustitución selectiva de importaciones, de satisfacción de necesidades básicas y de diversificación de exportaciones, exportadores y destinos mundiales.
Los actores del sistema de educación superior y del sistema educativo nacional deben realizar ingentes esfuerzos para garantizar la integralidad y coherencia de toda la oferta educativa nacional más allá de sus niveles y modalidades. En este marco, se deben diseñar políticas específicas para impulsar la educación, la formación y la capacitación a lo largo de toda la vida, con particular atención a la educación de adultos.
Finalmente, el Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013 apuntaba que se debe garantizar la responsabilidad indelegable del Estado en la elaboración de políticas públicas para este ámbito, so pena de profundizar los gravosos procesos de privatización y mercantilización de la educación superior. Estas políticas deberán ser recogidas en un plan sobre el sistema de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, puntualizaba.
Por todo lo señalado, creemos que es hora de evaluar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación superior en el Ecuador, en el marco del diálogo nacional por la equidad y la justicia social que se lleva adelante en el país.
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