Si algo esencial deben precautelar las sociedades en la realidad actual colmada de retos y dificultades enormes, es el denominado Estado de Derecho o “Rule of Law”, que se explica bien con cuatro reglas innegociables, bajo las cuales queda garantizada la democracia, esto es el reconocimiento del valor de la ley que somete a todos, incluidos los gobernantes y que fija una frontera o límite al poder público; la independencia judicial; y, por último, los derechos efectivamente garantizados. El problema radica en que el Estado de Derecho está bajo amenaza permanente, lo que resulta con frecuencia lacerante para la democracia. De esto tenemos mucha experiencia en países de América Latina.

Las amenazas al Estado de Derecho pueden llegar a través de gobiernos populistas de izquierdas o de derechas, es decir, sin importar su orientación o ideología, ni el nivel de desarrollo económico del país, y sin considerar que hayan llegado al poder mediante elecciones. Los populismos suelen justificar sus acciones en nombre de los intereses del pueblo. Esas amenazas normalmente abarcan un abanico amplio de situaciones, desde concentración de poder, dominio de la justicia, corrupción y captura del Estado, restricción de libertades, abuso de poder, manipulación tecnológica para distorsionar la información y la comunicación, hasta el debilitamiento y la instrumentalización del sistema electoral. Todo esto se agrava por la infiltración del crimen organizado en instituciones estatales, en la economía y el sector privado, lo cual agrava problemas estructurales de los países, como la inseguridad, el desempleo y la pobreza.

Por contrapartida, es prioritario trabajar por el fortalecimiento de la independencia judicial, la separación de poderes, la transparencia, la libertad de prensa y de opinión, la integridad electoral y la rendición de cuentas. El costo de no hacerlo sería impagable, puesto que en ningún país podría funcionar plenamente una democracia si los poderes públicos tienen patente de corso para ignorar las decisiones judiciales, si los juzgadores temen o no pueden resolver contra el gobierno de turno o, si los organismos e instancias de control caen en manos de quienes deben ser fiscalizados. La paz social, la estabilidad y la certidumbre, corolarios de la vida democrática, solo pueden ser realidad cuando brilla el Estado de Derecho gracias a que los actores políticos, la ciudadanía y el Estado se someten a sus reglas de juego.