El pasado 9 de agosto de 2013, el Presidente Rafael Correa, en ejercicio de la facultad que le confiere el literal 2 del artículo 134 de la Constitución de la República, presentó a la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley de creación de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), con la respectiva exposición de motivos y los informes favorables del Consejo de Educación Superior (CES), Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y Ministerio de Finanzas, a fin de que se dé el trámite correspondiente para su aprobación.
En su exposición de motivos, Rafael Correa señala:
“Históricamente el sistema universitario ha presentado una inserción regional y global baja, ha vivido replegado sobre sí mismo, ha conocido una tasa de innovación académica y pedagógica tenue y ha demostrado una vocación de insertarse predominantemente en la estructura de poder nacional y en un circuito económico dependiente y subalterno del mercado mundial y regional.
Desde que la definición de la norma base del ordenamiento jurídico ecuatoriano configura a la educación como un derecho fundamental, un deber ineludible e inexcusable del Estado y como garantía esencial para el conocimiento y ejercicio de los demás derechos, es indudable que aquella se transforma en un bien jurídico protegido que compromete el interés público al cual debe responder, conforme reza el contenido del artículo 8 de la Constitución de la República.
Así, la tutela y satisfacción del derecho a la educación justifican su afectación como un “servicio público”, sustentado en una labor interdicta de responder a intereses individuales y corporativos, en tanto los efectos de su prestación y del aprovechamiento de sus resultados, sin duda generan un impacto social cierto y proyectado a futuro, que colocan en la educación la base de la inclusión y equidad social.
La libertad no puede entenderse simplemente como la antítesis de la esclavitud, pues el yugo no se expresa únicamente por la imposibilidad de trasladarnos de un lugar a otro; claro está que el desarrollo de la información, la cultura, la sabiduría y la ciencia constituyen un escape al subdesarrollo y, la única posibilidad de efectivizar la soberanía; en tal virtud, es indispensable que el Estado propugne que los ciudadanos accedan democráticamente, en condiciones de igualdad, a un sistema educativo eficiente, compuesto por instituciones capaces de crear, adquirir y descubrir.
El pacto social alcanzado en la Constitución de la República del 2008, tiene el propósito claro de alcanzar la sociedad del Buen Vivir o Sumak Kawsay, en ese contexto uno de los principales objetivos del Ecuador en los tiempos actuales es construir un sistema de educación superior cuyo carácter público sea asegurado para las personas a través de, la democratización de la educación superior y el conocimiento, la construcción de un sistema que genere conocimiento en el marco de una autonomía universitaria responsable y pertinente, la construcción regional del sistema de educación superior en América Latina, y la excelencia de las instituciones de educación superior.
Una de las primeras acciones para cumplir ese objetivo fue la depuración del sistema de educación superior dispuesto por el Mandato Constituyente 14, que luego de un riguroso proceso de evaluación de aquellas instituciones que fueron ubicadas por el extinto CONEA en la categoría E (última categoría de calidad), dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior, ha producido la suspensión definitiva de 14 universidades por falta de calidad.
Para avanzar en el proceso es necesario que la universidad pase de ser la unidad de análisis del sistema de educación superior y transite hacia la integración de redes de producción, transmisión y creación de conocimiento dentro de la sociedad para fundar una nueva forma de democracia, la democracia cognitiva. Así la producción de conocimiento de las instituciones de educación superior debe enfocarse en satisfacer necesidades sociales, mejorando las capacidades individuales y territoriales, garantizando derechos y generando riqueza colectiva; esto desde la perspectiva de que el conocimiento debe ser contemplado como un bien público para la sociedad y no con fines de mercado.
La Ley Orgánica de Educación Superior, considerando la necesidad de contar con universidades y escuelas politécnicas públicas, gratuitas, de calidad, que brinden una oferta académica pertinente y cubran la demanda nacional, dispuso la creación de cuatro nuevas universidades públicas: la Universidad Nacional de Educación (UNAE), la Universidad Regional Amazónica, la Universidad de las Artes y una universidad de investigación de tecnología experimental.
Según datos obtenidos por la evaluación efectuada por el CONEA (2009), el 84% de las personas que han obtenido un título profesional en el área de educación lo hicieron en instituciones públicas de categoría distinta al grupo A. En relación con las universidades particulares, aunque el porcentaje es menor (59%) no deja de ser alto.
Es decir que nivel nacional, el 75% de los profesionales graduados en el 2011 se han formado en instituciones educativas deficientes en la calidad, por lo que la creación de la Universidad Nacional de Educación se orienta a fortalecer el sistema educativo para brindar un marco educativo de calidad a los futuros docentes del sistema nacional de educación, abriendo un campo de oportunidades para impactar en el cambio de la matriz productiva, pues serán hacedores de conocimientos, bienes y servicios para el país. La UNAE será un referente para la formación de docentes y profesionales educativos, que contribuirán con la colectividad y el desarrollo de la matriz de conocimiento, generando respuestas culturales y científicamente fundamentadas a través de la investigación aplicada.
Se puede concluir que la oferta de educación superior para la formación de profesionales de la educación de calidad, responda a la matriz de conocimiento y constituya la ecología de saberes como una práctica natural en el aprendizaje de los ecuatorianos. Uno de los puntos clave es el mejoramiento de la práctica como elemento fundamental del proceso de enseñanza –aprendizaje y no únicamente como la última fase, aislada de la teoría, la investigación y la reflexión. También surge la necesidad de formar profesionales de la educación capaces de investigar en su ejercicio profesional y de incluir la investigación como elemento de aprendizaje tanto para el docente como para los estudiantes.
La UNAE tiene como misión liderar los procesos de educación continua, así como la implementación de programas de posgrado que eleve las actuales capacidades y destrezas del personal académico que labora en el magisterio nacional, con vistas a incidir positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, en los distintos niveles de la educación.
Por otro lado generar y promover redes para la generación de conocimientos asociados al área de Ciencias de la Educación, permitirá al Ecuador dar el salto cualitativo de calidad, así como la adopción de modelos educativos y pedagógicos innovadores.
En este contexto, se plantea la necesidad de una respuesta a la calidad de la formación inicial docente, que contribuya a la solución de los problemas y nudos críticos identificados en el diagnóstico antes descrito. Esto nos ha ayudado a comprender que el cambio de la educación de nuestro país dependerá fundamentalmente de la gestión y calidad de los educadores, ya que éstos deberán ser actores protagónicos de todas y cada una de las transformaciones en los ámbitos académicos, investigativos y de vinculación con la colectividad.
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