En un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel de primer orden, el desarrollo y el fortalecimiento de la Educación Superior con calidad constituyen un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz.
La Educación Superior es un derecho humano y un bien público social. El Estado tiene el deber fundamental de garantizar este derecho. El Estado, la sociedad nacional y las comunidades académicas deben ser quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de calidad.
El carácter de bien público social de la Educación Superior se reafirma en la medida que el acceso a ella sea un derecho real de todos los ciudadanos y ciudadanas. Las políticas educacionales nacionales constituyen la condición necesaria para favorecer el acceso a una Educación Superior de calidad, mediante estrategias y acciones consecuentes.
Considerando la inmensa tarea de expandir la cobertura que se presenta para un país como el Ecuador, tanto el sector público como el privado están obligados a otorgar una Educación Superior con calidad y pertinencia, por lo que el CEAACES debe fortalecer los mecanismos de evaluación y acreditación.
Ya nadie discute en el Ecuador la conveniencia de las evaluaciones académicas universitarias, y de la existencia del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior como organismo estatal que realiza dichas evaluaciones.
Las evaluaciones externas del CEAACES realizadas en el 2012 y en el 2013 han evidenciado que hay varias universidades públicas y privadas que confunden autonomía con extraterritorialidad, y que pretenden manejarse con estándares propios (de baja calidad).
La necesidad de la evaluación es indiscutible. Cabe, si discutir, criterios y procedimientos. La evaluación debe atender a las particularidades de cada universidad y a su contexto, y no pretender la homogeneización.
Desde este puto de vista consideramos que la evaluación institucional constituye un medio para contribuir con la trasformación universitaria en términos de elevar su calidad académica y promover nuevas formas de gestión universitaria. Consideramos necesario, para contribuir con el mejoramiento de la calidad académica de las instituciones de educación superior modernizar la dotación de bibliotecas, centros de documentación, laboratorios, centros de computación y tecnologías necesarias para el proceso de aprendizaje. Esta dotación debe formar parte de proyectos institucionales que integren su uso al ejercicio de la docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad.
También es fundamental hacer inversiones en infraestructura. Hay instituciones que funcionan en edificaciones que no son aptas para una institución de educación superior.
Para asegurar la calidad de la educación superior en el Ecuador y un significativo crecimiento de la cobertura educacional requerida para las próximas décadas, se hace imprescindible que la Educación Superior genere las estructuras institucionales y las propuestas académicas que garanticen el derecho a ella y la formación del mayor número posible de personas competentes, destinadas a mejorar sustancialmente el soporte sociocultural, técnico, científico y artístico que requiere el país.
Dada la complejidad de las demandas de la sociedad hacia la Educación Superior, las instituciones deben crecer en diversidad, flexibilidad y articulación. Ello es particularmente importante para garantizar el acceso y permanencia en condiciones equitativas y con calidad para todos y todas, y resulta imprescindible para la integración a la Educación Superior de sectores sociales como los trabajadores, los pobres, quienes viven en lugares alejados de los principales centros urbanos, las poblaciones indígenas y afro descendientes, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, personas en régimen de privación de la libertad, y otras poblaciones cadenciadas o vulnerables.
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