Universidad Técnica de Machala (Ecuador)
A través de estas breves líneas reflexionaremos sobre algunos temas de interés relacionados con la autonomía universitaria responsable y solidaria, así reconocida en la Constitución ecuatoriana, y no pocas veces mal interpretada y esgrimida como escudo por intereses particulares y políticos.
La autonomía no es una categoría neutra, es ante todo un constructo social que otorga a un individuo, grupo o institución libertad de acción para el cumplimiento de sus funciones. Así entonces, la universidad como institución autónoma tiene la facultad de autogobernarse, determinar sus objetivos, elaborar sus currículos, estipular sus políticas internas, tomar decisiones propias, administrar sus recursos, etc. acorde con los objetivos y principios constitucionales.
Pero, cuando hablamos de autonomía universitaria responsable y solidaria no solo estamos haciendo mención a la libertad para la gestión académica, administrativa, financiera y orgánica de la institución, sino también, del significado que esta libertad tiene para la concreción en la práctica social de la producción científica, tecnológica, cultural y artística que emana de ella; nunca debemos olvidar que la universidad tiene un encargo social al cual debe su existencia. Luego, la autonomía universitaria está mediada por una postura ética y de compromiso social en beneficio de la colectividad; de ahí los adjetivos de ser responsable y solidaria.
De esta forma, la autonomía universitaria tiene una fuerte carga axiológica que, media y transversaliza la actuación de los miembros de la comunidad universitaria, reforzando en ellos el sentido de identidad, pertenencia y responsabilidad con las funciones sustantivas de la actividad institucional (formativa, investigativa y social) y en el ejercicio de la libertad académica, sin restricciones, injerencias e interés políticos, ideológicos, hegemónicos, empresariales y de ninguna otra índole, que obstaculice la búsqueda de la verdad para el bien colectivo.
Es por ello que, uno de los principios en los cuales se ha de fundamentar la autonomía universitaria es la no subordinación a políticas e ideologías imperantes en un momento histórico concreto, de lo contrario sus fines y objetivos estarían en un eterno limbo de desconcierto; ante todo, ha de prevalecer el pensamiento crítico y reflexivo que conduce a la verdad sustentada en argumentos científicos, solo comprometidos con el desarrollo del país.
Por otro lado, es necesario analizar la relación entre el Estado y las universidades públicas, sin bien, estas dependen del financiamiento estatal, continúan siendo autónomas, donde la gestión y el orden interno institucional será competencia y responsabilidad de sus autoridades; en tal sentido, han de existir límites para la intervención estatal en la actividad de la institución. La universidad es libre para proyectar su vida académica, producir y difundir conocimientos, así como prestar sus servicios a la comunidad; mientras que, el Estado debe garantizar los recursos financieros y velar por la coherencia constitucional del marco normativo de la actividad de la Educación Superior, de forma tal, que permita la planificación y ejecución de las políticas institucionales, donde la autonomía es concebida como un instrumento para garantizar y favorecer el derecho a una educación superior de calidad, que responda a las necesidades del país. Por último, pero, no menos importante, está como parte del ejercicio de libertad universitaria, la elección de las autoridades institucionales a través del voto democrático; para ello, se han de tener en cuenta los mejores y más capacitados profesionales, pero ante todo sus valores éticos de justicia e imparcialidad, que permitan defender la autonomía universitaria y anteponer las necesidades y bienestar de la sociedad ecuatoriana a cualquier interés.