Según el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana “la Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”.
Este es “un nuevo momento para construir juntos un mejor futuro para el Ecuador (…) No es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo, con una Asamblea que tiene como proyecto político desestabilizar al Gobierno, la democracia y el Estado”, aseguró.
Una vez publicado el decreto, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo máximo de siete días, según la Constitución de la República, para convocar en una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.
Mientras tanto y hasta que se instale una nueva Asamblea Nacional, el Presidente Guillermo Lasso podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica.
Así, el primer Decreto firmado como Ley de Urgencia Económica es la del Fortalecimiento de la Economía Familiar. Con esta ley el Gobierno Nacional busca fortalecer la economía de 460 mil familias ecuatorianas para que cerca de USD 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Este decreto ley fue remitido a la Corte Constitucional para su dictamen.
El Gobierno aclaró que todos los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional garantizarán la seguridad en todo el territorio ecuatoriano.
La ciudadanía considera que los «legisladores» perdieron hace muchísimo tiempo el sentido de su misión, salvo rarísimas y personales excepciones, ellos mismos contribiuyeron decisivamente por su inutilidad, ambición de poder y cálculos políticos al desconcierto nacional que llevó al presidente de la República a adoptar la muerte cruzada.
Tenemos la responsabilidad de respetar las reglas del juego y, el gobierno tiene que ser eficiente en su toma de decisiones y actuar de manera transparente, precisamente para combatir la desconfianza producida por la corrupción. La transparencia es necesaria, además de que constituye una asignatura pendiente, pero en el debate político actual solemos confundirla con exhibicionismo. Hay que exigir previsibilidad al poder Ejecutivo en su proceso de toma de decisiones para generar una normatividad previsible y que tienda a cumplirse para que pueda generar confianza.
Ecuador Universitario