Para asegurar un significativo crecimiento de la cobertura educacional requerida para las próximas décadas, se hace imprescindible que la Educación Superior genere las estructuras institucionales y las propuestas académicas que garanticen el derecho a ella y la formación del mayor número posible de personas competentes, destinadas a mejorar sustancialmente el soporte sociocultural, técnico, científico y artístico que requiere el país.
La Educación Superior es un derecho humano y un bien público social. El Estado tiene el deber fundamental de garantizar este derecho. El carácter de bien público social de la Educación Superior se reafirma en la medida que el acceso a ella sea un derecho real de todos los ciudadanos y ciudadanas. Las políticas educacionales nacionales constituyen la condición necesaria para favorecer el acceso a una Educación Superior de calidad, mediante estrategias y acciones consecuentes.
El Estado, la sociedad nacional y las comunidades académicas deben ser quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta el acceso y la formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de calidad.
Considerando la inmensa tarea de expandir la cobertura que se presenta para un país como el Ecuador, tanto el sector público como el privado están obligados a otorgar una Educación Superior con calidad y pertinencia, por lo que el gobierno debe fortalecer los mecanismos de acreditación que garanticen la transparencia y la condición de servicio público.
La Educación Superior como bien público social se enfrenta a corrientes que promueven su mercantilización y privatización, así como a la reducción del apoyo y financiamiento del Estado. Es fundamental que se revierta esta tendencia y que el gobierno garantice el financiamiento adecuado de las instituciones de Educación Superior públicas y que éstas respondan con una gestión transparente.
Dada la complejidad de las demandas de la sociedad hacia la Educación Superior, las instituciones deben crecer en diversidad, flexibilidad y articulación. Ello es particularmente importante para garantizar el acceso y permanencia en condiciones equitativas y con calidad para todos y todas, y resulta imprescindible para la integración a la Educación Superior de sectores sociales como los trabajadores, los pobres, quienes viven en lugares alejados de los principales centros urbanos, las poblaciones indígenas y afro descendientes, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, personas en régimen de privación de la libertad, y otras poblaciones cadenciadas o vulnerables.
En un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel de primer orden, el desarrollo y el fortalecimiento de la Educación Superior constituyen un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz.