La Educación Superior en el Ecuador

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Las primeras Instituciones de Educación Superior del Ecuador se remontan al primer siglo de la Colonia con la creación de las Universidades de San Fulgencio (1586), San Gregorio Magno (1622) y Santo Tomás de Aquino (1686); es así que las universidades instaladas en donde hoy es Ecuador se constituyeron como las primeras de América, luego de las ciudades de Santo Domingo, Ciudad de México y Lima. Los estudiantes fueron los mismos religiosos de los conventos en donde se instalaron las universidades pioneras y en las cuales se impartieron cátedras de Derecho Civil y Canónico, Teología y Filosofía.

Con la extinción de la Universidad de San Fulgencio y la Fusión de la Universidad Pontificia de San Gregorio Magno con la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en el año de 1786, por orden del Rey Carlos III se creó la Real Universidad Pública, la misma que admitió a estudiantes ya no solo religiosos, aunque la selección para cursar en sus aulas tenía sesgos hacia las castas sociales instauradas en la época. En los claustros de la Real Universidad Pública estudiaron ilustres patriotas como Eugenio Espejo y José Mejía Lequerica, mentalizadores de la independencia.

La Universidad ecuatoriana y sus estudiantes han ido evolucionando con el cambio de época, es así que durante el período de la Gran Colombia la Real Universidad Pública pasó a llamarse Universidad Central de Quito para posteriormente denominarse Universidad Central del Ecuador a inicios de la época republicana, la más antigua del país y por su antecedente, una de las primeras universidades de América; sin embargo al inicio de la República, los ciudadanos de otras ciudades del país tenían dificultades para el acceso a la Universidad, debido a que debían
trasladarse a Quito, o a otros países para realizar sus estudios superiores. Gracias al impulso de ilustres ciudadanos guayaquileños como Pedro José Carbo, se creó la Universidad de Guayaquil en 1867, que a su vez es la primera Universidad del país en acoger la reforma universitaria iniciada en Argentina en 1918 y que dio paso, entre otros derechos, al cogobierno estudiantil; en este aspecto se destaca también la creación de la Universidad de Cuenca en el año de 1867.

Desde la primera Constitución de 1830 hasta la expedida en el año 1998, el Estado no reconoció la diversidad cultural que existe en el país; “desde esta realidad se concibió un Estado con normas y leyes homogéneas y excluyentes. Esto derivó en la creación de instituciones públicas regidas por políticas del mismo tipo…” (Kowwi, 2011). A esto hay que agregar que el Estado encargó la educación del sector rural a la iglesia y la hacienda “…cuya misión fue alcanzar dos objetivos fundamentales: a) incorporar a la población dentro de la cultura mestiza a través de la enseñanza de la lengua castellana y el cambio de su vestimenta; y, b) homogeneizar la diversidad cultural y consolidar el Estado-Nación…” (Zaruma, 2004).

En los años 40 se expidió la Ley de Educación Superior, la misma otorgó a las universidades total autonomía e independencia técnica y administrativa del Estado para ser consideradas un medio para lograr el desarrollo, modernización y solución a los problemas de la sociedad y que contiene, la declaración de gratuidad para la educación pública en el Ecuador. (Pacheco Olea & Pacheco Mendoza, 2015)

La nueva Constitución de la República de Ecuador promulgada el 20 de octubre de 2008 determina que la Educación Superior “…es un sistema que responde al interés público sin fines de lucro y otorga al Estado la exclusividad en la acción, control y regulación de la Educación Superior sustentada en la herramienta de gestión e inversión pública denominada Plan Nacional para el Buen Vivir”. (Pacheco Olea & Pacheco Mendoza, 2015).

La Asamblea Constituyente de Montecristi, en el año 2008 aprobó el Mandato 14, con el cual se estableció que el ex Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) realice una evaluación integral y sistemática a todas las universidades del país; producto de lo cual, se ubicó a veintiséis universidades en la categoría “E”. En la LOES se determinó un periodo de dieciocho meses para el proceso de evaluación a cargo del ex Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Educación Superior (CEAACES), producto de lo cual, el 12 de abril de 2012 se
suspendieron definitivamente a catorce universidades por no contar con las condiciones mínimas para el ejercicio académico; ocho fueron depuradas internamente y solo tres superaron la evaluación. (Santelices Enríquez & Granda Granda, 2016).

Posteriormente, en el año 2010 entra en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que bajo los principios de Autonomía Responsable, Cogobierno, Igualdad de Oportunidades, Calidad, Pertinencia, Integralidad y Autodeterminación, ha generado un avance importante en lo que se refiere al cuerpo normativo. Este marco regulatorio además ha propiciado la creación de nuevas entidades reguladoras y ejecutoras que forman parte de los
actores involucrados en el Sistema de Educación Superior.

Con el paso de los años, el Sistema ha ido evolucionando para enfrentar los desafíos que atraviesan las Instituciones de Educación Superior (IES) en su rol de mejorar el nivel de vida de la sociedad, consolidar el crecimiento y desarrollo del país, “haciendo frente a la revolución tecnológica y científica a la que se asiste en las últimas décadas en un contexto internacional cada vez más globalizado” (Baena, 1999). Hay que partir de la premisa de que la universidad desde sus inicios, ha sido el lugar donde se crea conocimiento y éste se transfiere a la sociedad. No se debe perder de vista el hecho de que las Instituciones de Educación Superior deben reinventarse y actualizarse de forma permanente para seguir cumpliendo dicho propósito; a la vez, deben repensar sus modelos de enseñanza y planes curriculares; considerar la importancia del conocimiento interdisciplinario; modernizar lo oferta académica, impulsar la formación de redes académicas nacionales, regionales e internacionales, entre otros elementos que permitirán el mejoramiento de la educación en el país, y que además aportarán al desarrollo de la sociedad del conocimiento en este último. No obstante, dicha transformación implica superar retos que se complejizan cada día y que nos invitan a reflexionar sobre los posibles caminos a seguir en pro del mejoramiento de la Educación Superior en el Ecuador.

En ese contexto Tunnerman, señala que un primer punto a considerarse es que “la Universidad del siglo XXI debe asumir críticamente la globalización, hacerla objeto de sus reflexiones e investigaciones, e introducir el estudio de su compleja problemática como un eje transversal de todos sus programas” (Tunnerman, 2011). El desafío para las Instituciones de Educación Superior es el de enfrentar un mundo en el cual los sistemas productivos están en
permanente transformación. Los cambios en las formas de comunicación han modificado la forma de percibir el tiempo y las distancias, a la vez que abren nuevas perspectivas para la docencia y la investigación, (Tunnerman, 2011, pág. 4).

FUENTE: https://bit.ly/2ZyrhBZ.

www.EcuadorUNiversitario.Com

 

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