El 14 de julio el Presidente Guillermo Lasso informó desde la ciudad de Guayaquil, sobre la eliminación del examen Transformar de la Senescyt para el ingreso a la U y  el traslado de la responsabilidad del proceso de admisión a las universidades. El  Mandatario dijo que solo en la Sierra, el examen aplicado por la  Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se dará por última vez para el segundo semestre del 2022. En la Costa no se tomará más.

Al eliminar un examen no se elimina el proceso y éste es necesario porque no hay suficientes cupos para recibir en las universidades a todos los bachilleres. Las quejas de los bachilleres en contra de la Senescyt se trasladarán ahora a las autoridades de las  instituciones de educación superior públicas. Los aspirantes deberán hacer un proceso de admisión por cada universidad a la que deseen postular y rendir evaluaciones diferentes.

Salvo excepciones que siempre existen, la idea de buscar un cupo universidad por universidad les  llevará a los aspirantes a  realizar largas filas,  volverá la  manipulación de turnos, atropellos e injusticias. Las palancas y compromisos tendrán  más pesos en la admisión que los méritos y conocimientos de los estudiantes.

Algunos rectores de las IES públicas dicen que eliminar el examen nacional es un retroceso. Con eso coincide Harvey Sánchez, presidente de la Agencia Latinoamericana de Evaluación y Política Pública y consejero técnico de alto nivel del Laboratorio de Evaluación de la Unesco. Él indica que al ser un proceso a gran escala, hacerlo mediante una sola plataforma y equipo minimiza los costos, ya que la tecnología cuesta lo mismo para evaluar a 300 que a 300 000 aspirantes.

Con la reforma planteada por el Presidente Lasso, las universidades tendrán que desarrollar sus sistemas de evaluación, dedicar personal, espacio físico y virtual, equipos, apunta Sánchez. “¿Quién va a pagar por todo eso, multiplicado por 50 o más instituciones que lo implementen? La sociedad, obviamente”.

En síntesis, la eliminación del examen de la Senescyt y  el retorno de la competencia a las universidades no resuelve nada, tal como lo considera Erik Barba, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE).

La eliminación del examen de la Senescyt  no quiere decir  que los bachilleres van a gozar de un libre ingreso a las instituciones de educación superior públicas. Las universidades no están en la capacidad de implementar un nuevo examen de ingreso,  porque no cuentan con la infraestructura necesaria ni con los recursos económicos que se necesitan.

Además, el presupuesto de las universidades ha sufrido reducciones  por parte del Ministerio de Economía y Finanzas,  pese a que la educación es un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado.

El artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece como deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, entre otros.

El artículo 26 de la Carta Magna  precisa  que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad  e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.

La educación es un asunto de vital interés nacional que involucra a todos los ecuatorianos. Hablar de educación es hablar del futuro del país.

La situación de crisis en la que se desenvuelve el país y que se manifiesta con mayor agudeza en la educación superior, exige hoy emprender en una reflexión  objetiva y serena no solo de ella sino del conjunto  de la educación en el Ecuador. Necesitamos definir  una política educativa coherente que ofrezca condiciones de capacitación a la juventud para una vida mejor y mucho más útil para la sociedad ecuatoriana.

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