Cristopher Velasco P
Parecería ser una simple acción cambiar la arquitectura institucional de la gestión de riesgos en nuestro país, tomando en consideración que sería la cuarta vez en los últimos once años. En el último debate público, producto del anuncio del Sr. Presidente de fusionar la Secretaría de Gestión de Riesgos con el Ministerio de Defensa, se produjeron reacciones y opiniones de varios sectores de la ciudadanía que ponen de manifiesto el temor de la institucionalización del enfoque reactivo y de administración de desastres en lugar de un manejo técnico correctivo y prospectivo de los riesgos, mediante el cual se concreten acciones efectivas para la eliminación de vulnerabilidades estructurales de las poblaciones expuestas ante eventos adversos.
El Decreto Ejecutivo 534, de fecha 03 de octubre de 2018, dispone la transformación de la Secretaría de Gestión de Riesgos a el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias; asimismo, en su disposición transitoria cuarta, establece 60 días para “la correcta implementación de la nueva estructura y modelo de gestión del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias”, de los cuales, a la presente fecha restan algo menos de 20 días.
Para quienes comprendemos que los desastres no son naturales y tampoco son castigos divinos, esta nueva transformación institucional del ente rector del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, se leyó como una oportunidad para organizar los ámbitos de competencia de la institucionalidad, identificar los límites técnicos y políticos de gestión institucional, y más sencillo aún para definir los principios teóricos y conceptuales desde donde se aborda la gestión de riesgos. Pues no se puede ni se debe seguir jugando con el bienestar de las personas y de sus medios de vida.
Si bien es cierto, que los desastres son producto de problemas no resueltos de los procesos de desarrollo implementados a nivel local y nacional, los desastres también son una oportunidad importante en el cálculo electoral de ciertas tiendas políticas, en cada inundación, sequía, aguaje, terremoto, deslizamiento de tierra, incendio, entre otros, lo hemos sentido.
Parecería oportuno, Sr. Presidente Lenin Moreno Garcés, superar esta visión maquiavélica de algunos políticos (espero sean pocos), el seguir contando con una institución que pague los favores políticos con puestos a sus aliados y que casi siempre acabe entendiendo el trabajo comunitario como un mecanismo de consolidación de sus bases partidistas y que la ayuda humanitaria a los afectados y damnificados sea una muestra de benevolencia de las autoridades o de un próximo candidato.
La falta de comprensión de lo que representa la política y lo político, sumado al establecimiento injustificado de una dicotomía entre lo técnico y lo político, ha dado como resultado que el mecanismo más común en estos últimos años respecto al diseño de política pública en gestión de riesgos, sean los procesos especializados de consultoría, donde prima la subjetividad de sus autores (casi siempre mostrando los resultados de estos procesos como únicos e innovadores), y que, en muchos casos su rigor metodológico se concierne a textos construidos desde una breve revisión bibliográfica y con incipiente levantamiento de información en los diversos y complejos territorios del país.
Sin lugar a duda, creemos como profesionales, que este periodo de transformación institucional es la oportunidad para generar un real cambio, “purgar” la improvisación y la confrontación, para pasar a la concertación y concreción de la construcción del “Plan Para Toda Una VIDA”, que contemple la gestión del riesgo cotidiano y crónico con absoluta responsabilidad, sin poner en juego la vida de nuestros compatriotas, buscando siempre una corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en pro de la garantía de nuestros derechos.
Sr. Presidente, tomado como punto de partida sus palabras “nada sin los actores y todos con los actores”, y creyendo firmemente que, la “forma de gobernar” no cambió solo para unos pocos, sino para todos los que creemos que con mayor participación ciudadana podemos combatir de manera más efectiva la corrupción, esperamos poder ser recibidos por Usted, para exponer los aportes que desde la ciudadanía se demandan para la nueva estructura institucional de la gestión de riesgos en el país.
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