En noviembre del 2009, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Conea) presentó a la Asamblea Nacional Constituyente un informe sobre la situación de las universidades y escuelas politécnicas del país. Tras analizar las 71 universidades, 145 extensiones y 285 institutos superiores, el Conea recomendó la depuración del sistema y la eliminación de 26 universidades ubicadas en la categoría “D”, porque esos 26 centros de estudios no contarían con una comunidad docente estable y preparada desde el punto de vista académico, tendrían bajos niveles de exigencia para la permanencia de los estudiantes y serios cuestionamientos sobre las condiciones de otorgamientos de títulos profesionales, entre otras limitaciones.
Para nadie es desconocida la abusiva proliferación de universidades, sin contar con las condiciones para funcionar con esa categoría y por criterios antes de negocio que de servicio a la comunidad.
El Conea recomendaba que la depuración deberá realizarse cuando se cuente con una nueva Ley de Educación Superior promulgada tras diálogo y consenso con los actores involucrados en ella. Y deberá realizarse en un proceso ordenado que evite que paguen los platos rotos los estudiantes y las familias que confiaron en esos centros de estudios que funcionan porque consiguieron la autorización de las autoridades que, si no cumplían los requisitos para tener categoría de universidades, no debieron darla.
El Conea subrayaba que el incremento de la demanda educativa terciaria, acelerado en las dos últimas décadas, no pudo ser absorbido plenamente por las universidades públicas y particulares ya establecidas y dio lugar a la proliferación de un nuevo tipo de educación superior privada con una marcada orientación a explotar comercialmente los nichos y oportunidades que ofrecía un “mercado educativo”, en plena expansión sin ningún miramiento por la calidad. El crecimiento de este tipo de oferta privada se vio favorecido, en principio, por el abandono paulatino de la política pública del espacio de la educación superior, tanto en lo atinente a la regulación, como a la insuficiencia en la asignación de recursos estatales para financiar la satisfacción de una creciente demanda.
Se trata de un conjunto de universidades que representan lo que algunos autores califican como la forma extrema de la mercantilización de la educación superior.
Se trata -decía el CONEA- de instituciones que están lejos de reunir las condiciones mínimas que requiere una institución para que pueda ser reconocida como universidad. En general, son instituciones con una orientación netamente empresarial.
Esto explica,anotaba el CONEA, la concentración de la oferta académica de estas instituciones en carreras como administración, contabilidad y auditoría, gestión empresarial, mercadotecnia, gestión turística, relaciones públicas y otras con denominaciones “curiosas e ingeniosas” que normalmente no corresponden a una oferta académica universitaria.
Salvo muy contadas excepciones,enfatizaba el CONEA, el denominador común de este grupo de universidades es su precariedad en equipamiento e infraestructura. Las clases se dictan en aulas improvisadas, los laboratorios, si estos existen, están instalados en espacios precarios e inadecuados, no disponen de estaciones de trabajo para profesores y estudiantes y los ambientes destinados a las bibliotecas difícilmente pueden ser reconocidos como espacios de consulta y lectura. De esta manera, están presentes todos los ingredientes que encajan en lo que públicamente se ha denominado “universidades de garaje”. Bajo esas condiciones, la calidad de la enseñanza plantea serias dudas y cuestionamiento. En un contexto semejante, está por demás señalar la ausencia de investigación, ni aun de aquella esencial ligada al mejoramiento de la docencia;
Lamentablemente, la universidad ecuatoriana ha sido estigmatizada por la presencia de este tipo de instituciones provocando un enorme daño a la educación superior del Ecuador. De ahí la exigencia de acciones urgentes para corregir estas desviaciones, agregaba el CONEA.
Por último, explicaba que la proliferación de extensiones universitarias ha conducido a un sistema disfuncional en la oferta académica, especialmente en ciertas ciudades y regiones.
La mayoría de carreras que ofrecen las universidades, salvo aquellas de Quito, Guayaquil y Cuenca, son ofrecidas en sus extensiones, con una oferta académica que poco tiene que ver con las necesidades locales, creando así una población profesional que difícilmente puede conseguir un trabajo en su área de especialidad, y, por consiguiente, se ve forzada a emigrar a las ciudades grandes. Por otra parte, el número de carreras que se imparten a través de las extensiones supera con creces la oferta de las universidades locales, que, de por sí, resulta ya exagerada en relación al tamaño de la población servida. Por ejemplo, las provincias centrales (Bolívar, Cotopaxi, y Chimborazo) cuentan con 25 extensiones que, sumadas a las siete universidades locales, totalizan 32 centros universitarios en un área de un radio inferior a los cien kilómetros.
La nueva Ley Orgánica de Educación Superior aprobada en el 2010 permitió la corrección de este panorama y se constituyó en un eje de cambio, en la base para el diseño y ejecución de una real política pública que construya definitivamente un Sistema Nacional de Educación Superior integrado, sólido y viable.