Con el propósito de devolver al periodismo sus facultades para investigar y dar la noticia sin ataduras, el gobierno reformó la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) a fin de que no se utilice este instrumento como herramienta de persecución. En el nuevo cuerpo legal se suprimió la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), entidad que durante cinco años limitó el ejercicio periodístico.
En este gobierno también se creó el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación, cuyo objetivo es coordinar entre diversas instituciones estatales y de la sociedad civil, acuerdos, protocolos y mecanismos para prevenir y proteger a los comunicadores y trabajadores de la comunicación que, en el cumplimiento de sus labores profesionales, puedan enfrentar riesgos contra su vida, integridad personal, libertad y seguridad.
En la misma línea de acción se suscribió la Declaración de Chapultepec, como un compromiso con la comunidad internacional. Se trata de un decálogo de principios que defienden la libertad de expresión y de prensa como fundamento de la democracia, y que ha sido suscrita por más de 70 jefes de Estado.
En nuestros días, la revolución de la tecnología de las comunicaciones plantea la conveniencia de ensanchar el significado de la libertad de expresión, gran conquista de la humanidad, en una formulación adecuada a los tiempos y al espíritu democrático que domina nuestra época: el derecho a la comunicación.
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