Una universidad de calidad y de servicio público es aquella que hace más digna la sociedad, convirtiendo a sus estudiantes tanto en excelentes profesionales, como en ciudadanas y ciudadanos cada vez más cultos y críticos. Para ello se recomienda que la universidad, el profesorado y sus responsables políticos tengan presente, de manera permanente, que estos resultados se logran cuando se vive en contextos donde la búsqueda de la verdad se practica con rigor; a través de la argumentación, el diálogo y la deliberación abierta; evitando dogmatismos y fundamentalismos, en interacción social y en colaboración con otros.
Todas las Universidades, y en general todas las instituciones de educación superior ecuatorianas, en diversos escenarios deberían expresar su voluntad de aumentar la cooperación interinstitucional para el fortalecimiento del sistema educativo, para la ampliación de cobertura y el mejoramiento de la calidad.
En esta perspectiva, se subraya la necesidad de desarrollar el carácter de servicio público cultural de la educación superior. Se reconoce cómo, en el contexto de una sociedad del conocimiento, el sentido del servicio público cultural de la educación adquiere nuevos significados que deben ser compartidos por las instituciones de orden estatal y privado. Estos significados se expresan en el compromiso explícito de las distintas instituciones para encauzar sus acciones hacia el logro de objetivos mancomunados, para aportar a la construcción de un proyecto de nación, para responder de manera oportuna a la solución de los problemas más acuciantes de la sociedad, para asegurar los procesos de inserción en un mundo globalizado sin pérdida del sentido de nación. En definitiva, en la disposición de los esfuerzos institucionales para contribuir a movilizar a los diferentes sectores de la sociedad en la búsqueda del bien común y, en particular, hacia la producción de conocimiento.
El nuevo sentido que demanda y se le confiere a lo público implica también una redefinición de las relaciones entre el Estado y las instituciones de educación superior y entre éstas y la sociedad que las acoge y desarrolla. La rendición de cuentas, la autonomía universitaria y el fomento a la educación superior se sitúan así en una misma línea de acción. El Estado no puede renunciar a su compromiso para con el fomento a la investigación, con la ampliación de la cobertura, con el apoyo a los procesos de actualización tecnológica y el fortalecimiento del Sistema de Educación Superior como un todo orgánico y autorregulado. Las instituciones por su parte, no pueden emprender sus acciones sin un reconocimiento riguroso de sus contextos de actuación, sin contemplar las demandas expresas que la sociedad les reclama, haciendo abstracción de su lugar y de las relaciones que las cruzan en un sistema de por sí complejo.
El apoyo de los recursos del Estado seguirá siendo indispensable. Se debe entender que los recursos destinados a la financiación de la educación superior son una inversión nacional a largo plazo que genera una importante rentabilidad social, y no un gasto más a cargo de los fondos del Estado. Los entes territoriales deben comprometerse con la educación superior; el gobierno nacional debe establecer mecanismos que, con base en la normatividad vigente, adopten las medidas que brinden a las universidades oficiales nacionales un margen aceptable de financiamiento regular, que haga viable y evalúe el liderazgo que se espera de ellas en materia de cobertura, pertinencia, calidad, investigación, adopción de nuevas tecnologías.
El presente y el futuro del Ecuador y de su educación superior requieren de la acción conjunta del Gobierno, los empresarios, las autoridades seccionales, de las instituciones educativas y de la sociedad ecuatoriana en general, para superar el atraso del país y crear así las posibilidades de un mejor porvenir para las presentes y futuras generaciones.
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