Por: Dr. Luis Rivadeneira Játiva
Las universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas otorgaban títulos de doctor, con 2 años de estudio adicionales a las Licenciaturas, que requerían de 4 años de estudio, o de las Ingenierías, que se las hacía en 5 años.
Una vez que aparecieron las Maestría, de cuarto nivel, se abrió la posibilidad de los estudios de doctorado en Filosofía PhD, quedando olvidados los antiguos doctorados de las Facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación y de Jurisprudencia que, se les consideró “no equivalentes a PhD”.
Para valorar estos estudios, considero apropiado, que el Consejo de Educación Superior –CES-, levante un programa para estos doctores que pueden transformarse en PhD cumpliendo requisitos, como el de tener la Maestría de Investigación, y acceder a estudios en las Universidades que otorgan doctorados en el Ecuador, a través de un plan que cumpla este noble propósito. No olvidemos que el Estado invirtió en la formación de estos doctores y si logra que hagan nuevos estudios, complementarios, permitiría rescatar esa inversión en beneficio de la sociedad ecuatoriana.
También, existen los PhD que hicieron estudios en universidades que no están en la lista de universidades implementada, en las que se debe estudiar, los cuales no pueden registrar sus títulos. Para ellos, se debe levantar un programa que les permite seguir estudios para graduarse en el Ecuador de doctores, en forma presencial o semipresencial.
Esto, como política del Estado, posibilitaría la incorporación a las universidades de nuevos PhD, con títulos legalmente reconocidos. La sociedad vería esta posibilidad como un acierto del gobierno, en una etapa que se requiere no solo de leyes sociales sino de la comprensión de la problemática de las universidades y politécnicas que no han logrado formar los doctores que requieren para el funcionamiento de las instituciones de educación superior.
La Escuela Politécnica Nacional, la FLACSO y la Universidad Andina Simón Bolívar, tendrían la misión de formar a los nuevos doctores, a través de una decisión de los organismos del Estado que posibiliten esta acción.