Período de indefinición legal para la Universidad Ecuatoriana

Por: Ing. Iván Moreno Galárraga

Continuando con la reproducción de los textos de la Memoria sobre los procesos de integración de las universiades, escuelas politécnicas e instituciones de educación superior del Ecuador, escrita por el ingeniero Iván Moreno Galárraga, ex rector de la ESPOCH,  les presentamos en esta entrega el Capítulo denominado:»Período  de indefinición legal para la Universidad  Ecuatoriana».

Con la disolución del Consejo Nacional de Educación Superior, la clausura de las más importantes universidades del país y la promulgación de la “Ley de Velasco”, se instaura un “período de indefinición legal” para la Universidad Ecuatoriana, que cubre 11 años, 10 meses y 12 días; se inicia el 22 de junio de 1970 y concluye el 4 de mayo de 1982 con la promulgación de la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas. En el período de indefinición legal, algunas universidades aplicaban la Ley de Educación Superior de 1966, en lo que fuere pertinente; otras, optaban por aplicar la “Ley del 1966” y, en lo necesario, la “Ley de Velasco”; y, también hubo instituciones que funcionaban con sus propios estatutos, reglamentos, normas y resoluciones de sus organismos y autoridades. Sin embargo, todas debían observar la “Ley de Velasco” en las inevitables relaciones con las entidades gubernamentales. Lo cual, por otra parte, coincidía con una la política manifiesta de los gobiernos dictatoriales de aquella década.

Estas modalidades normativas de gobierno y de las relaciones internas y externas de las universidades, generaron dificultades y el concomitante propósito de superarlas. Para esto se orientaron los esfuerzos a la integración interinstitucional y su coordinación académica y la búsqueda de una adecuada legislación, ante la perspectiva del pronto retorno de la democracia. Autoridades, profesores y estudiantes de las universidades y escuelas politécnicas, en el lapso que funcionó el Consejo Nacional de Educación Superior (1966-1970), habían experimentado lo positivo de programar, coordinar y armonizar políticas, normas y actividades, contando con el significativo aporte de generaciones anteriores en la afirmación de los postulados fundamentales de las universidades y la conducción anhelada de un organismo que las integre. Rectores de las Universidades y Escuelas Politécnicas, en una reunión efectuada en Quito, del 23 a 25 de febrero de 1972, resolvieron la organización del I Congreso Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas que se realizó en la Universidad Central del Ecuador del 16 al 19 de mayo de 1973, “ante la impostergable necesidad de formular las bases generales de una política universitaria unificada frente a las normas legales que deben regirlas y que es indispensable coordinar los planes de acción tendentes a su mejoramiento y a la función que deben desempeñar para conseguir la transformación y el desarrollo nacional”.

En el Primer Congreso participaron las siguientes universidades oficiales: Universidad Central de Ecuador, Universidad de Guayaquil, Universidad de Cuenca, Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica de Manabí, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Técnica de Machala, Universidad Técnica de Esmeraldas, Universidad Técnica de Babahoyo; escuelas politécnicas oficiales: Escuela Politécnica Nacional, Escuela Superior Politécnica del Litoral e Instituto Superior Tecnológico de Chimborazo (que el I Congreso resolvió que se constituya como Escuela Superior Politécnica de Chimborazo); universidades particulares: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Universidad Católica de Cuenca y Universidad Técnica Particular de Loja. Subtotal: 9 universidades oficiales, 3 escuelas politécnicas oficiales y 5 universidades particulares, total 17 universidades y escuelas politécnicas. Las cifras demuestran que el Primer Consejo Nacional de Educación Superior integró a 9 universidades y escuelas politécnicas; en el transcurso de aproximadamente 3 años (1970-1973) y ya disuelto el Consejo, se crearon 8 universidades y escuelas politécnicas. Las resoluciones del I Congreso se refieren a tres temas fundamentales:

– La Universidad frente al proceso de cambio del país. En este tema se establece directrices para propiciar la correspondencia entre los requerimientos del desarrollo socioeconómico con las funciones primordiales de las universidades y escuelas politécnicas;

– Legislación universitaria. En este tema se ratifica el rechazo a la Ley de Educación Superior de 1971, o “Ley de Velasco”. Se demanda por unanimidad la vigencia de la Ley de Educación Superior de 1966, ya que esta fue “inspirada por las universidades”; e,

– Integración interinstitucional y coordinación académica. Se resuelve crear la Asociación Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas y organizar el Instituto Nacional de Planificación y Coordinación Académica.

Entre los rectores se destacó la presencia de: Dr. Estuardo Pazmiño Donoso, Presidente del I Congreso, Dr. Edmundo Durán Díaz, Dr. Carlos Cueva Tamariz, Dr. José María Vivar Castro, Dr. Hernán Malo González, Dr. José Baquerizo Maldonado, Ing. Rubén Orellana Ricaurte, Dr. Leonardo Paredes Martínez, Dr. José Orozco Cadena. Dr. Arnaldo Merino Muñoz; de los profesores: Dr. Alfredo Castillo, Dr. Jorge Maldonado Renella, Dr. Julio César Trujillo, Dr. Eduardo Peña Triviño, Dr. Juan Valdano, Ing. Iván Moreno Galárraga. Entre los estudiantes, señores: Bayardo Tobar, Enrique Ayala Mora, Gustavo Vega Delgado, Rodrigo Arrobo, Benito Reyes.

Las resoluciones del I Congreso tuvieron mayor importancia e impacto al interior de las universidades y escuelas politécnicas, ya que fundamentaron reuniones diversas de carácter académico en función de la planificación y coordinación académica. En tanto que las dictaduras que prevalecieron en esa década, ignoraron cuanta gestión se efectuaba, relacionadas o no con el I Congreso. Justamente, el proceso de unidad del universitariado nacional que se había afirmado a partir del I Congreso Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, pronto se pondría a prueba.

El 14 de agosto de 1974, el Consejo Interinstitucional del Fondo Nacional de Desarrollo-FONADE, asignó 450 millones de sucres para las universidades y escuelas politécnicas estatales y privadas. Para la distribución de esta asignación declarada por el Gobierno como extraordinaria, las reuniones de rectores y representantes estudiantiles, que antes habían propiciado la constitucionalidad de la autonomía universitaria, la expedición de la Ley de Educación Superior de 1966 y con ella, la creación del I Consejo Nacional de Educación Superior, en esta ocasión debían congregarse para el reparto de esta asignación, misma que, para las autoridades universitarias representaba una compensación insuficiente al perjuicio causado por la Dictadura al determinar el precio referencial de $ 7.42 por barril de petróleo, para el cálculo de las asignaciones a las universidades, cuando el precio real era $ 13.70.

En ese tiempo era evidente el liderazgo en el proceso universitario nacional de los rectores de la Universidad Central del Ecuador, que en este proceso lo representó el Vicerrector, Prof. Edmundo Rivadeneira; Escuela Politécnica Nacional, Ing. Rubén Orellana; Universidad de Guayaquil, Dr. Antonio Andrade Fajardo; y, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Dr. Hernán Malo. Ellos plantearon que la distribución se realice aplicando las fórmulas: 1/11, que significa que de los 450 millones, 41 millones se destinen a las 5 universidades particulares y los 409 millones a las 12 universidades oficiales; luego se aplicaría la fórmula 20/80, esto es, el 20% en partes iguales y el 80% en relación con el número de estudiantes de cada establecimiento.

En 1974 se reunieron por cinco ocasiones los rectores, representantes estudiantiles y delegados de empleados y trabajadores, en torno a dos propósitos, la organización de la Asociación Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas y el reparto de los 450 millones de sucres. En la cuarta reunión de rectores, representantes estudiantiles y de los trabajadores, realizada del 1 al 3 de agosto de 1974, en la Universidad Técnica de Ambato, presidida por su rector, Dr. José Orozco Cadena, estos dos puntos se ratificaban en la agenda. Respecto a la Asociación, se aprobó el Estatuto, habilitándose así su organización y quedó pendiente el otro punto ya que los rectores líderes, como en las tres reuniones anteriores, se retiraban en el momento que alguien sugería una alternativa diferente de reparto a la que ellos propiciaban. Entonces en la IV Reunión no se resolvió el tratamiento de este asunto, mismo que sería considerado como punto único en la V Reunión, que se decidió se realice en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, los días 23 y 24 de agosto de l974.

La V Reunión, presidida por el Ing. Iván Moreno Galárraga, Rector de la ESPOCH, concitó la presencia de delegaciones de todas las universidades y escuelas politécnicas. En esta ocasión el Profesor Edmundo Rivadeneira propuso una nueva alternativa de reparto, sugería que una vez definidos los montos para las universidades oficiales y particulares, se aplique la fórmula 30/70, es decir, el 30% en partes iguales y el 70% en relación con el número de estudiantes. Los representantes de las universidades técnicas proponían que se distribuya todo en partes iguales. Estas propuestas representaban los criterios extremos. Como intermedia, en el caso de las universidades oficiales, se presentó la propuesta del 25% para la Universidad Central del Ecuador y Universidad de Guayaquil y, lo restante, el 75%, para las diez universidades y escuelas politécnicas.

Como en las tres reuniones anteriores, los rectores líderes se retiraron de la V Reunión, posiblemente seguros de que el tratamiento de este asunto se postergaría como ocurrió en las tres primeras, ya que en la cuarta, realizada en la Universidad Técnica de Ambato, se lo difirió. Los delegados que se mantuvieron en la V Reunión decidieron resolver definitivamente la distribución: el 10%, 45 millones de sucres, para las universidades particulares, los delegados presentes de éstas, acordaron las asignaciones para cada universidad; el 90%, 405 millones de sucres, para las universidades y escuelas politécnicas oficiales, asimismo, los delegados respectivos acordaron el distributivo para cada institución. Entre las oficiales se asignó de los 405 millones, el 45 % a las universidades Central y de Guayaquil y el 55 %, se repartió de manera diferida entre las 10 instituciones restantes. Entonces, ¡ ardió Troya !

El vicerrector de la Universidad Central del Ecuador, Prof. Edmundo Rivadeneira y el rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Dr. Hernán Malo, demostraron su inconformidad de manera abierta y gestionaron ante la Dictadura el rechazo a la “resolución de Riobamba”, promoviendo a su vez el apoyo a su propuesta de otras instituciones universitarias. La respuesta la obtuvieron de la Dictadura que elevó la asignación a 526 millones de sucres, en agosto de 1975.

La Asociación Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas, fue creada con la aprobación de su Estatuto de manera unánime por todas las universidades y escuelaspolitécnicas del país, el 3 de octubre de 1974, en la IV Reunión, realizada en la Universidad Técnica de Ambato. El paso siguiente consistía en su organización, esta gestión se encargó a la Universidad Técnica de Machala, cuyo rector (enc), Dr. Carlos García Rizzo, convocó a las delegaciones universitarias para la instalación de la I Asamblea de la Asociación, para los días 27 y 28 de junio de 1975, misma que la presidió. Para el efecto, los consejos universitarios o politécnicos, debían ratificar los Estatutos de la Asociación para legitimar a sus delegados y proceder a la membresía institucional. Participaron 14 instituciones con sus delegaciones completas. La ausencia de 3 instituciones, confirmaba que la unidad con tanto entusiasmo celebrada en las reuniones iniciales, fue resquebrajada en la distribución de los 450.000.000 de sucres asignados por FONADE, con el beneplácito de la Dictadura.

Fue electo como primer Presidente de la Asociación el Dr. José María Vivar Castro, Rector de la Universidad Nacional de Loja, para el período 1975-1976; para los períodos subsiguientes, los presidentes fueron: Ing. Iván Moreno Galárraga, Rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 1976-1977; Ing. Eudoro Cevallos de la Jara, Rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, período 1977-1978; y, Dr. Camilo Mena Mena, Rector de la Universidad Central del Ecuador, período 1978-1979. En este año, el Dr. César Muñoz renunció al ejercicio de la Secretaría General Permanente, en esta ocasión acudieron todos los rectores, bajo la presidencia del Ing. Rubén Orellana, se aceptó la renuencia del Dr. Muñoz por su carácter de irrevocable y se designó como Secretario General al Sr. Estuardo Arellano. A partir de este acontecimiento, el proceso es asumido nuevamente por la Reunión de Rectores y Representantes Estudiantiles. Entre las resoluciones de la Comisión Ejecutiva Permanente y gestión de los presidentes de la Asociación, es importante destacar las siguientes:

– Se ratificó la Resolución de la V Reunión de Rectores y Representantes Estudiantiles en cuanto a la distribución de los 450 millones de sucres.

– Se exigió el reintegro de los fondos que fueron suprimidos mediante el Decreto 1339 por la Dictadura y se formularon nuevas solicitudes al Gobierno para financiar el desarrollo de las universidades y escuelas politécnicas.

– Se logró la ratificación de los Estatutos de la Asociación y la integración de 15 de las 17 instituciones universitarias.

Muy importante fue la superación de la acefalía suscitada en la Secretaría Permanente del Consejo Nacional de Educación Superior con el fallecimiento en 1970 del Dr. Germano Cabrera; luego de 6 años, en una Asamblea de la Asociación, se designó al Dr. César Muñoz Llerena.

En 1976 se efectuaron dos eventos importantes; el uno en México, de la Unión de Universidades de América Latina-UDUAL, la Asociación es recibida con vivo entusiasmo por los miembros de la UDUAL, siendo la primera de su género que se incorporaba a este organismo. Como se promovía la candidatura del Doctor Camilo Mena para la Vicepresidencia de este organismo y por el honor que significaba para nuestro país tan importante elección, la Asociación apoyó decididamente su candidatura, misma que obtuvo el éxito deseado. El otro evento fue el II Congreso Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, realizado en la Universidad Central del Ecuador en 1976, que centró su actividad en el diseño de un proyecto de Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas y en el acuciante problema financiero, agravado por las restricciones económicas impuestas por la Dictadura.

En la IV Asamblea de la Asociación que se realizó del 16 al 19 de diciembre de 1976, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se incorporaron las  siguientes universidades: Universidad Central del Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Universidad Técnica de Manabí. Siendo sus rectores: Dr. Camilo Mena, Dr. Hernán Malo y Dr. Baudillo Delgado, respectivamente. En cambio, la Universidad de Guayaquil consideró que la Asociación debía integrar únicamente universidades estatales y la Escuela Superior Politécnica del Litoral que ofreció mayor importancia a las Reuniones de Rectores y Representantes Estudiantiles, en torno al proyecto de Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas y a la problemática económica. La Secretaría Permanente del Consejo, laboraba en acuerdo con la Asociación y en lo pertinente, con las Reuniones de Rectores y Representantes Estudiantiles.

Como la situación económica se tornaba cada vez mas preocupante, que amenazaba la suspensión de las actividades académicas en la mayoría de las universidades oficiales, la Asociación insistió ante el Gobierno la atención a los requerimientos económicos de todas las instituciones, siendo parte de este proceso la inclusión de las universidades y escuelas politécnicas en la asignación de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo-FONADE, para la promoción de ciencia y tecnología, aspecto que propició algunas iniciativas en la formulación de proyectos, para sustentar adecuadamente la demanda de recursos. Y de FONAPRE, actual BEDE, para obtención de préstamos de financiamiento de obras de infraestructura.

En marzo de 1977, se realizó en la Universidad Central del Ecuador, la Primera Conferencia Latinoamericana de Legislación Universitaria, patrocinada por la Unión de Universidades de América Latina-UDUAL. Participaron delegaciones de todas las instituciones universitarias del Ecuador y de las más notables universidades de América Latina. La Conferencia coincidió con el esfuerzo que se realizaba sobre el proyecto de Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas. En tanto que el Gobierno anunciaba un plan de retorno al orden constitucional, el debate nacional se fundamentaba en dos proyectos de constitución: La Constitución Política de 1945, actualizada; o una nueva constitución, el pueblo decidirá a través de un referéndum.

Entre los problemas fundamentales de nuestras instituciones, los de carácter legal y económico adquirían especial relevancia, ante la incertidumbre generada por la Dictadura instaurada en nuestro país, hecho que acontecía, como parte de un proceso planificado que también involucraba a otros países de América Latina igualmente gobernados por dictaduras militares, iguales o peores a la nuestra. La Asociación cumplió un importante papel. Convenía, al respecto, conocer las experiencias de los procesos universitarios de otros países. Por invitación de la UDUAL, la Asociación participó en la II Conferencia de Secretarios Generales, Presidentes y Directores de Asociaciones y Consejos Nacionales y Subregionales de Universidades de América Latina, sobre el tema: Financiamiento y Costo de los Sistemas Universitarios. Esta Conferencia se efectuó en Buenos Aires, Argentina, Universidad de Belgrano, noviembre de 1977. El Presidente de la Asociación y el Secretario General del Consejo, Dr. César Muñoz Llerena, fueron expositores en aquella Conferencia. Con más elementos de juicio, la Asociación, la Secretaría Permanente del Consejo y la Reunión de Rectores y Representantes Estudiantiles se fueron integrando a un proceso de legislación universitaria y a la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento.

La VI Asamblea de la Asociación se efectuó en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 16 y 17 de diciembre de 1977. Participaron delegaciones de todas las universidades y escuelas politécnicas del país, excepto, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, cuyo rector, Ing. Gustavo Galindo Velasco, lideraba las Reuniones de Rectores y Representantes Estudiantiles y el rector de la Universidad de Guayaquil, Dr. Antonio Andrade Fajardo, que mantenía su criterio de que la Asociación debe estar integrada únicamente por instituciones oficiales. En esas circunstancias, la Asociación orienta su gestión a los siguientes aspectos:

– Insistir en la incorporación de todas las universidades y escuelas politécnicas del país a la Asociación,

– Establecer una adecuada comunicación con la Reunión de Rectores y Representantes Estudiantiles que en su mayor parte también eran miembros de la Asociación, conseguir del Gobierno los recursos económicos de conformidad con los requerimientos de las instituciones universitarias; e,

– Intensificar el estudio del proyecto de Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas, ante la evidencia de que la Dictadura puso en marcha el plan de retorno al orden constitucional, al presentar a consideración del pueblo dos proyectos, sobre los cuales se pronunciaría en el referéndum convocado para el 15 de enero de 1978.

La Asociación fue una entidad itinerante, tanto sus asambleas generales como las sesiones de su Comisión Ejecutiva, se efectuaban en diferentes instituciones universitarias ubicadas en varias regiones y provincias. Esto motivó procesos importantes de integración; con su auspicio, profesores universitarios y politécnicos propiciaban reuniones sobre aspectos críticos comunes, siempre inspirados en contribuir con el mejoramiento organizacional y académico de nuestras instituciones; los estudiantes, a través de sus organizaciones participaban vigorosamente en los procesos universitarios; y, el sector administrativo y de servicio, propiciaron procesos de integración, colaboración y participación. Decanos de facultades y directores de carreras análogas, se reunían para conciliar la planificación académica y coordinarla. Las autoridades impulsaba un creativo intercambio de experiencias en los aspectos administrativos y la promoción de adecuadas innovaciones organizativas y académicas. Se abría paso al mejoramiento administrativo, a la planificación y la coordinación académica. La Asociación fue el ámbito propicio de reflexión y análisis, muchas iniciativas que se fueron desarrollando con el tiempo, si no tuvieron su inicio en esta dinámica, fue favorecida por la motivación y el aliento de grupos interdisciplinarios, integrados a un proceso orientado a su propio mejoramiento.

El 16 de julio de 1978, el pueblo acudió a las urnas. Al definir su pronunciamiento en la “segunda vuelta electoral”, el 29 de abril de 1979, elige como Presidente de la República al Ab. Jaime Roldós Aguilera y como Vicepresidente, al Dr. Oswaldo Hurtado Larrea. Los dos vinculados con las universidades: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la cual el Ab. Roldós fue Decano de la Facultad de Jurisprudencia; y, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la cual el Dr. Hurtado ejercía la docencia. El advenimiento de la democracia y la identidad de los elegidos, motivaron a la comunidad universitaria nacional a cerrar filas en torno al Proyecto de Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas. Se procesaban dos proyectos, el uno elaborado por la Universidad Central del Ecuador y la Asociación Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas y el otro por la Reunión de Rectores y Representantes Estudiantiles. El primero fue producto del trabajo de los mejores juristas universitarios convocados por el Dr. Camilo Mena, quien ejercía a la vez el Rectorado de la Universidad Central del Ecuador y la Presidencia de la Asociación.

La denominación de la Ley tuvo como antecedente una controversia mantenida entre el Ing. Rubén Orellana Ricaurte, Rector de la EPN y el Dr. Hernán Malo González, Rector de la PUCE. Conviene considerar al respecto que la Ley de Educación Superior de 1966, en el Art. 1, cuarto inciso, identificaba a las escuelas politécnicas como “instituciones de educación superior”. Al crearse dentro de las universidades y escuelas politécnicas los “institutos técnicos y tecnológicos” para la formación de profesionales en mandos medios-superiores, se los justificaban como parte del nivel intermedio de la estructura académica de estas instituciones, por lo cual se consideró que se trataba de “instituciones de educación superior”, a diferencia de las entidades que como institutos superiores promovía el Ministerio de Educación, que constituían el posbachillerato.

Pero la discusión de los dos rectores mas bien sondeaba el aspecto conceptual. El Dr. Malo defendía la significación histórica, filosófica y científica del concepto de universidad, su creación, proceso, promoción de conocimientos y el cultivo del humanismo que eran su característica, de toda esa riqueza de principios, valores y conocimientos que generaba. Para él las escuelas politécnicas eran instituciones napoleónicas, tanto por su origen como por el destino de su labor, formar profesionales para satisfacer las necesidades del desarrollo al igual que producir conocimientos, son pragmáticas. El Ing. Orellana argumentaba que las escuelas politécnicas tenían el mismo nivel académico que de las universidades, igual responsabilidad en la formación de recursos humanos identificados con los requerimientos de la sociedad y del desarrollo nacional. Las ciencias exactas tienen su ámbito natural en las escuelas politécnicas así como el desarrollo de la investigación científica. Los profesionales politécnicos se identifican con la generación de riqueza y la elevación del nivel de vida de la población al resolver con su gestión los graves problemas que plantea el crecimiento poblacional y con él las demandas de más infraestructura, más recursos aprovechables, más trabajo, más servicios, etc. Esta discusión concluyó con la iniciativa generada en la Universidad Central, que denominó al proyecto “Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas”, desde su primera concepción en el II Congreso Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas que se realizó en 1976, en esta Universidad.

En la próxima entrega, el ingeniero Iván Moreno Galárraga, ex rector de la ESPOCH nos hablará acerca del Consejo  Nacional de Universidades y Escuelas Poltécnicas.

 

Deja una respuesta