Ésta, es una opinión de los Grupos de Trabajo Universidad y Sociedad de Quito, Guayaquil y Cuenca, donde participan docentes universitarios de una docena de universidades públicas y privadas del país, quienes hicieron público el día martes 4 de julio de 2017 el documento “Lineamientos de Políticas Públicas para la Educación Superior (2017-2022)”.
Los grupos de trabajo llaman a un diálogo nacional para avanzar no solo en cambios coyunturales sino en políticas de educación superior de largo plazo. Sus propuestas han sido presentadas a la sociedad civil, medios de comunicación, personas interesadas en la educación y a las autoridades encargadas del tema. Para eso se han comprometido a animar el debate nacional, a participar en mecanismos efectivos de diálogo y concertación, a proponer alternativas y a seguir investigando para avanzar como país.
Sobre el gobierno del sistema de educación superior expresan:
«Es necesario un gobierno del sistema universitario que se organice de forma desconcentrada y participativa, y que se adecue a la diversidad de las condiciones y situaciones locales o regionales. Para ello es necesario considerar los siguientes criterios:
• Los órganos de definición de las políticas del sistema universitario nacional deberían estar mayoritariamente compuestos por representantes directos de la comunidad universitaria.
• Es necesaria una participación efectiva e independiente de los representantes de docentes, estudiantes, trabajadores y egresados –elegidos por sus propios estamentos–, dentro de los órganos de gobierno del sistema universitario.
• El órgano de acreditación y evaluación de las universidades no puede ser controlado por el gobierno central ni por las universidades. Ambos actores, sin embargo, deben tener cuando menos voz permanente ante estos organismos.
• Las atribuciones del gobierno del sistema universitario deberían estar enfocadas a la coordinación, esto es la fijación de marcos generales y la definición de criterios orientadores, no al detalle reglamentario de las mallas curriculares o el establecimiento de contenidos en la educación superior.
Opciones institucionales para cumplir estos criterios
Primera Opción: Un consejo de educación superior tripartito, con tres (o dos) representantes del ejecutivo, tres (o dos) representantes de las universidades (nombradas por los rectores) y tres (o dos) académicos elegidos por concurso. Faltarían tres representantes, con voz y voto, uno por los docentes, otro por los trabajadores y otro por los estudiantes. En esta opción, el Consejo de Acreditación y Evaluación sería formado por personas designadas a través de un concurso general de méritos o en base a la presentación de tres ternas: una por las universidades, otra por colegios profesionales y una tercera por la legislatura; para la conformación de dichas ternas, se realizarían concursos de méritos particulares en cada una de estas instancias.
Segunda Opción. Representantes de todas las universidades y todos los estamentos de la comunidad universitaria, con primacía de las universidades e institutos públicos participan en una Asamblea Universitaria. Esta Asamblea tendría funciones de revisión de informes, selección de autoridades y discusión de propuestas de políticas. El consejo ejecutivo de la Asamblea Universitaria, electo por ella, podría contar con tres o cuatro rectores, uno de universidades privadas, y delegados, con voz y voto, de los estudiantes, docentes, egresados y trabajadores. A este consejo electo se podrían sumar uno o dos delegados del poder ejecutivo. El Consejo de Acreditación debería ser independiente tanto del ejecutivo como de las universidades, elegido mediante un sistema similar al propuesto en la primera opción».