El derecho a la educación superior (DES) tiene como principal objetivo que este tema pueda ser reconocido como un imperativo de la justicia social, basada en la igualdad de oportunidades y derechos humanos.
Se trata de entender a los grupos marginados o limitados por las estructuras existentes, como merecedores de equidad e inclusión en la educación superior (ES). Es respetar también no solo el acceso, sino también la diversidad y la democratización de la ES.
UNESCO IESALC considera vital que la discusión acerca de esta perspectiva se coloque en la agenda internacional y se genere un cambio en las políticas públicas y en el marco normativo existente.
El Proefsor Graeme Atherton, Director, Red Nacional de Oportunidades Educativas (NEON, por sus siglas en inglés), destaca: “Un enfoque basado en los derechos para el acceso equitativo y el éxito en la educación superior es exactamente el nuevo tipo de intervención que necesitamos en este momento. A medida que la educación superior busca abrirse camino en el contexto de la pandemia y sus consecuencias, debemos reajustar nuestras perspectivas sobre para qué y para quién es la educación superior, si queremos evitar que millones de estudiantes con potencial para la educación superior nunca tengan la oportunidad de ingresar a ella”.
Rolla Moumné, especialista del Programa Sobre el Derecho a la Educación, UNESCO, destaca que “si bien el derecho a la educación superior es generalmente percibido en menor medida como parte integral del derecho a la educación, este nivel no sólo está bien reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, sino que también es un componente importante del derecho a la educación.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, va incluso más allá de la Convención de la UNESCO contra la discriminación en la enseñanza, al afirmar que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, en particular mediante la introducción progresiva de la enseñanza gratuita.
La desigualdad y los desafíos relacionados con el acceso persisten en la educación superior, que sigue teniendo un papel periférico del derecho a la educación.
La resiliencia de la educación superior se vio aún más debilitada por la pandemia del COVID-19, ya que la formación de más de 220 millones de estudiantes terciarios se vio repentinamente interrumpida en 2020 por el cierre de universidades.
En este contexto, la iniciativa de concienciación sobre el derecho a la educación superior como imperativo de justicia social es, no sólo oportuna, sino crucial para desplegar los principios y obligaciones que se relacionan con este nivel.
«Necesitamos seguir trabajando en el derecho a la educación superior como componente fundamental del derecho a la educación, y esencial en una perspectiva de aprendizaje permanente”, enfatiza Rolla Moumné, especialista del Programa Sobre el Derecho a la Educación, UNESCO.
Para este 2022 alrededor de 327.000 jóvenes ecuatorianos rindieron el Test Transformar para el ingreso a la educación superior pública y las plazas disponibles (122.000) desafortunadamente no cubrieron la demanda.
En el 2023 miles de jóvenes ecuatorianos se quedarán sin el acceso a la educación superior. Las autoridades del sistema tienen que hacer algo para evitar que esto suceda.
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