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Asamblea Nacional tendrá 15 comisiones especializadas permanentes desde mayo de 2021

De conformidad con la reforma introducida al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 326, de 10 de noviembre 2020, la Asamblea que se elegirá el próximo 7 de febrero, contará con 15 Comisiones Especializadas Permanentes, a fin de cumplir de manera adecuada con las funciones de legislación y fiscalización que corresponden a la Legislatura.

En efecto, luego del proceso electoral previsto para febrero, el 14 de mayo de 2021 se instalará la cuarta Asamblea Nacional, desde la promulgación de la Constitución de la República redactada en Montecristi y aprobada en referéndum por el pueblo en 2008.

El artículo 21 reformado establece que son comisiones especializadas permanentes las siguientes:

1. De Justicia y Estructura del Estado.- Que conocerá asuntos e iniciativas legislativas en el ámbito jurisdiccional en todas las materias y aquellas leyes e iniciativas sobre asuntos propios de las distintas funciones y entidades del Estado.

2. Del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social.- Responsable de conocer asuntos e iniciativas legislativas del ámbito laboral público y privado así como de la seguridad social.

3. De Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control.- Encargada de los asuntos e iniciativas legislativas de la política macroeconómica en sus aspectos fiscales, presupuestarios, tributarios, aduaneros, monetarios, financieros, de seguros y bursátiles.

4. De Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.- Será la responsable de conocer asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con el sector real de la economía y la regulación de los distintos tipos de mercados, servicios, el fomento productivo, la innovación y el emprendimiento.

5. De Relaciones Internacionales y Movilidad Humana.- Responsable del trámite de instrumentos internacionales, asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con la política internacional en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, cooperación, comercio exterior, así como asuntos relativos a la movilidad humana y del servicio exterior.

6. De Biodiversidad y Recursos Naturales.- Conocerá asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con las políticas ambientales, de recursos naturales y prevención y mitigación del cambio climático.

7. De Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero.- Responsable de asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con la política y promoción de la soberanía alimentaria, el sector agropecuario y acuícola.

8. De Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio.- Encargada de los asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Régimen Especial de Galápagos, así como aquellas relativas a la modificación de la división político-administrativa del país.

9. De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.- Se responsabilizará de los asuntos e iniciativas legislativas en materia de educación, cultura, docencia, investigación, y desarrollo de la ciencia y la tecnología en todos los niveles.

10. Del Derecho a la Salud y Deporte.- Conocerá asuntos e iniciativas legislativas en materia de salud y deporte.

11. De Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social.- Se responsabilizará de asuntos e iniciativas legislativas en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como de promoción de la participación ciudadana en el control social de los asuntos públicos.

12. De Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.- Conocerá asuntos e iniciativas legislativas en materia de garantías constitucionales, personas desaparecidas, derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano, pueblo montubio y comunas, temas de derechos humanos de los grupos de atención prioritaria excepto niñas, niños y adolescentes y solicitudes de amnistía e indulto por razones humanitarias.

13. De Soberanía, Integración y Seguridad Integral.- Conocerá instrumentos internacionales, asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con la política en materia de defensa, integración regional y seguridad integral del Estado.

14. De Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.- Conocerá, bajo criterio de especialidad y prioridad absoluta, asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con la protección integral de niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos y niveles.

15. De Fiscalización y Control Político.- Se responsabilizará de las solicitudes de enjuiciamiento político a las autoridades estatales; los casos de negativa de entrega de información solicitada por las y los asambleístas; los pedidos de fiscalización impulsados por la ciudadanía o por las y los asambleístas que la integran, cuando no competan al ámbito específico de otra comisión; y los procesos de fiscalización que el Pleno de la Asamblea y el Consejo de Administración Legislativa, le asignen.

En el artículo 22, la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que las y los asambleístas de la Comisión de Fiscalización y Control Político no podrán integrar otras comisiones especializadas permanentes u ocasionales, el Consejo de Administración Legislativa o el Comité de Ética. Asumirán sus funciones durante dos años y no podrán ser parte de esta Comisión, en un nuevo periodo consecutivo. Las y los asambleístas que integran la Comisión de Fiscalización y Control Político no podrán ser interpelantes dentro de los procesos de juicio político.

A través del artículo 23 se complementa que en la sesión siguiente a la de instalación de la Asamblea Nacional, el Pleno aprobará la integración de las comisiones especializadas permanentes. Las y los asambleístas integrarán tales comisiones por un período de dos años y podrán ser designados para integrar la misma comisión en el subsiguiente período de dos años, hasta completar el total del período legislativo, excepto en el caso de la Comisión de Fiscalización y Control Político.

En la actualidad, la Asamblea está integrada por 13 comisiones, 12 con carácter de  Especializadas Permanentes y la de Fiscalización. La reforma amplía el ámbito de varias de las comisiones ya existentes; a la vez, se incluye la materia relacionada con Niñez y Adolescencia.

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Asamblea Nacional aprobó Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria

Con votos 83 afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó en la sesión 637 del Pleno, el proyecto de Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, calificado de urgente en materia económica, y enviado por el Ejecutivo el pasado 21 de noviembre.

El asambleísta Daniel Mendoza, titular de la Comisión de Régimen Económico, en calidad de ponente, reiteró que el documento contribuye a darle estabilidad económica al país, afianzar la dolarización, efectivizar una redistribución equitativa y solidaria de la riqueza. “Hoy, está en juego el concepto de que quien tiene un poco más pueda aportar más y quien no tiene nada reciba esa mano amiga”, aseguró.

Objetivos y beneficiarios

El proyecto tiene como objetivos: fortalecer la política fiscal, promover el emprendimiento y la actividad de exportación en el país, así como instaurar un régimen tributario simplificado que facilite a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones.

Por única vez, se determina la reducción del 10 % del Impuesto a la Renta para los contribuyentes afectados por el paro nacional, domiciliados a septiembre de 2019 en las provincias de Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Cañar, Loja, Azuay y Carchi, cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo.

Dispone que en el plazo de 90 días el Ministerio de Educación levante un catastro de educadores comunitarios para presentarlo al IESS, a fin de que, cumpliendo el dictamen de la Corte Constitucional, se proceda en el 2020 al pago de obligaciones pendientes.

Establece la remisión del 100 % de intereses, multas y recargos derivados de créditos educativos y becas; el 100 % del capital, intereses y multas, correspondientes al copago o cualquier obligación de pago o aporte derivado de los programas de vivienda de emergencia destinados a los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016.

Perdona los intereses y recargos para los sectores agrícola, pecuario y pesquero, que hayan contratado créditos con la Corporación Financiera Nacional y BanEcuador. Se da paso a la excensión de aranceles a los ecuatorianos en el exterior para el envío de paquetería con bienes de uso familiar, cuyo peso lo regulará el Servicio de Aduanas.

Fija la transferencia de forma directa de las asignaciones a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA), a través de cuentas especiales del Banco Central. Asimismo, la adquisición de glucómetros, lancetas y marcapasos pagará 0 % del impuesto al valor agregado (IVA).

Con el fin de evitar la evasión tributaria, se adoptan estándares internacionales respecto de los límites a la deducibilidad de intereses pagados en créditos entre partes relacionadas. En la línea de otorgar mayor flujo y liquidez a los contribuyentes, se elimina el anticipo del impuesto a la renta.

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Asamblea Nacional continuará este martes con el análisis de la crisis de becarios y de deudores de créditos educativos

Para este martes 16 de abril, a las 10:00, está prevista la reinstalación de la sesión 587 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se conocerá el informe no vinculante a la objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos. Adicionalmente, el Parlamento analizará el proyecto de resolución que exhorta a varias autoridades para encontrar un camino jurídico que contribuya a superar la crisis de becarios y de deudores de créditos educativos, presentado por el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pabel Muñoz.

En el documento, se solicita a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), así como al Instituto de Fomento del Talento Humano, que de manera coordinada, procedan a revisar la situación de los beneficiarios de becas y créditos educativos, otorgados por instituciones públicas y/o entidades públicas financieras, para precautelar los derechos de los ciudadanos, en aplicación de las políticas públicas, a favor de la educación.

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Asamblea Nacional institucionaliza Festival Internacional de Artes Vivas de Loja

Por unanimidad (101 votos), la Asamblea Nacional dio paso al proyecto de Ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, que a través del programa nacional “Camino a Loja”, tendrá un enfoque nacional.  Esta iniciativa pretende difundir el potencial cultural del país, fortalecer la identidad e interculturalidad, impulsar el desarrollo de los talentos nacionales, generar empleo, movilización y turismo.

Dicho programa nacional impulsará las artes vivas en diferentes provincias del país, hasta concluir en Loja, cada noviembre. Para esto, en el informe para segundo debate se incluyó la participación de los núcleos de la Casa de la Cultura y todos los niveles de gobierno, explicó Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Educación.

A la ciudad  de Loja se la reafirma como “Capital Cultural y Musical del Ecuador” y con el Festival Internacional busca convertirse en un referente de las artes escénicas a nivel nacional e internacional. Se potenciará a Loja como un polo de desarrollo económico, a través de las industrias creativas y culturales.

A fin de efectivizar los objetivos propuestos, la norma manda que se garanticen los recursos necesarios y se establezcan incentivos para la promoción de los derechos culturales. En el presupuesto anual que disponen los Ministerio de Cultura y el municipio de Loja deberán contemplar los fondos para estos fines.

Además, estas instituciones podrán suscribir convenios con otras carteras de Estado y establecer alianzas público-privadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, fomentar el turismo y favorecer la dinamización de la economía.

Se incluirá la posibilidad de que los creadores, productores  y gestores culturales participen en el Fondo de Fomento de las Artes de la Ley de Cultura, con recursos concursables no reembolsables.

Los asambleístas vieron con buenos ojos la propuesta y reconocimiento que se le hace a la ciudad de Loja.

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Asamblea Nacional reconoce el Paseo Procesional del Chagra como parte del patrimonio cultural del Ecuador

En el cantón Mejía, ubicado al sur de la provincia de Pichincha, existe una tradición que se cuida sigilosamente. Se trata del Paseo Procesional del Chagra, que cada año atrae a más visitantes que encuentran en los aproximadamente 2 mil 500 caballos jineteados por quienes rememoran al chagra, una atracción única en el país. Por este motivo la Asamblea Nacional, con el voto unánime de los 87 asambleístas presentes, reconoció a los actos festivos, formas de celebración, ceremonias, juegos, tradiciones y otras expresiones lúdicas del Paseo Procesional del Chagra, como parte del Patrimonio Cultural Intangible o Inmaterial del Ecuador.

En la resolución se exhorta al Ministerio de Cultura y Patrimonio para que, según el trámite establecido en la ley, incluya esta manifestación tradicional en la lista representativa del Patrimonio Cultural Intangible o Inmaterial del Ecuador, establecido como mecanismo para salvaguardar las manifestaciones, usos, tradiciones y costumbres, que mantengan reconocimiento en el ámbito nacional y sean representativas de la diversidad cultural del país.

Igualmente, se exhorta al Gobierno Nacional para que se incorpore al calendario de festividades nacionales el día del Paseo Procesional del Chagra del Cantón Mejía y al Gobierno Autónomo respectivo para que gestione los recursos necesarios para su promoción, rescate y salvaguardia.

Con banda de pueblo y la colocación de la indumentaria propia de El Chagra a Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional y Viviana Bonilla, primera vicepresidenta, los representantes de esta tradicional celebración agradecieron el apoyo del Legislativo para continuar el camino hacia la declaratoria.

Historia

El Pleno recibió en comisión general a Rafael Gómez de la Torre, presidente de la Asociación de la Cofradía del Chagra, quien expresó su satisfacción porque la Asamblea, mediante resolución, rinda homenaje al actor principal del Paseo Procesional del Chagra, que es una tradición cultural que realza la figura de este personaje de la serranía que todavía existe, que trabaja muy duro en actividades del campo y que, a su vez, es un elemento fundamental para la soberanía alimentaria del país.

Recordó que el Paseo del Chagra es un auténtico espectáculo criollo que tuvo su origen en Machachi como remembranza de la erupción del volcán Cotopaxi, ocurrida en el año 1877, cuando los habitantes de la zona, ante la desesperación de ese acontecimiento, y dada su ciega fe religiosa, acudieron al párroco para solicitar se traslade el Señor de la Santa Escuela a las laderas del volcán. Una vez ofrecida la misa regresaron con la imagen de Cristo hasta Machachi, hecho que da inicio a esta rica manifestación cultural.

105 años después, un grupo de chagras quiso recordar este acontecimiento, con motivo del centésimo aniversario del cantón Machachi y la conmemoración de los 100 años de la erupción del volcán Cotopaxi. Desde entonces, esta festividad se encuentra vigente, como muestra de las costumbres y tradiciones propias de los hombres y mujeres del campo, dijo.

Son más de 40 años que se mantiene esta tradición cultural, agregó el asambleísta Mauricio Proaño, representante de la provincia de Pichincha, oriundo del cantón Mejía, al destacar la actitud de la Asamblea Nacional por acoger este pedido ciudadano, que no hace otra cosa que reconocer el aporte del Paseo Procesional del Chagra a la construcción de la cultura propia de la sierra ecuatoriana.

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Proyecto de Ley de la Amazonía se tratará esta semana en la Asamblea Nacional

La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, anunció que el proyecto de Ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica es prioritario en la agenda legislativa y que entraría al Pleno esta semana.

En el mismo sentido, Óscar Ledesma, vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad, dijo que su tratamiento y aprobación constituye un mandato del artículo 250 de la Constitución.

El proyecto de Ley considerará la posibilidad de incrementar recursos para los gobiernos parroquiales rurales, expresó Ledesma, al enfatizar que sobre este tema hay que seguir en conversaciones con el Ejecutivo.

Recordó que la vigésimo octava transitoria de la Constitución dispone que no podrán disminuir las rentas por la explotación del petróleo a favor de la Amazonía, establecidas en la Ley 010, cuyos beneficios se trasladarán a la nueva normativa. Por tanto, los gobiernos municipales, provinciales y parroquiales, conservarán plenamente, la tabla de distribución de los recursos económicos.

Además, en el documento está la creación del fondo común, que se financiará con los excedentes y las regalías de las actividades mineras e hidroeléctricas, que se desarrollan en la zona amazónica. En razón de las buenas perspectivas de activación de esas actividades en el futuro, el fondo será significativo y servirá para fomentar y consolidar el desarrollo de la región, destacó.

Baños y Penipe

Expresó que la propuesta del Presidente de la República, corrige un error que existía en cuanto a que se había categorizado como municipios a seis juntas parroquiales, dos de Baños y cuatro de Penipe. «Tomando en cuenta que esas áreas son de amortiguamiento e influencia de límites Sierra – Amazonía, nosotros no tenemos mayor inconveniente que continúen participando de estos recursos», agregó.

Organismo técnico

En vista que cumplió su etapa, el ECORAE desaparece para dar paso a la Secretaría Técnica, que vigilará que la planificación en la Amazonía se realice en función de los tiempos y actualizaciones de la gestión avanzada y, lo que es más, tendrá la custodia del fondo común y capacidad de calificar los proyectos.

Atrás queda la ejecución de obras y proyectos, situación que generó un problema, ya que se duplicaban actividades y esfuerzos de los GAD, argumentó.

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Fue aprobado el proyecto de ley urgente para la restructuración de deudas

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate y con el voto favorable de 75 legisladores, el proyecto de Ley para la Restructuración de Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica, que tiene por objetivo dar facilidades para que 31 mil personas, conocidas como deudores de buena fe, puedan honrar sus obligaciones.

La normativa amplía los plazos para que estas personas cumplan sus obligaciones pendientes de pago; incorpora a todos los deudores de la banca cerrada para el recálculo, así como a los deudores de la cartera cerrada de la Corporación Financiera Nacional que no pudieron cumplir los convenios de recálculo. Habrá un plazo de 90 días para presentar nuevos documentos probatorios para que opere dicho recálculo.

También, autoriza al Banco Central la venta de la cartera a una compañía de servicios auxiliares de cobranza, de mayoría accionaria pública para la gestión de la cartera de la banca cerrada. Se condonan las costas, gastos, recargos, intereses e intereses de mora de las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales y jurídicas que mantienen obligaciones con el Banco de Fomento en liquidación, siempre que los deudores paguen al menos el 5% del saldo de capital dentro del plazo de 180 días.

La propuesta legal deja sin efecto la suspensión de los beneficios concedidos por la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, a los deudores que, habiendo suscrito convenios de recálculo hubieren incumplido dos pagos consecutivos. Estos deudores tendrán el plazo de 90 días para solicitar al Banco Central la modificación del convenio de recálculo. Los que no hubieren suscrito convenios tendrán el plazo de 90 días para solicitarlo y 120 días para suscribir el beneficio que podrá contener opciones de fraccionamiento de la operación y de sus garantías, previa autorización de la entidad financiera respectiva.

Uno de los elementos importantes incorporados en la ley es el relacionado con la aplicación del principio que más favorezca al deudor, en el proceso de solución de las respectivas obligaciones. El plazo para la cancelación de las deudas será de 12 años, incluido el un año de gracia.

En el debate, los diferentes sectores políticos expusieron sus puntos de vista en torno al proyecto. En ellos, el legislador Oswaldo Larriva, de Azuay, sugirió que se vele también por los acreedores de buena fe, como el caso de los perjudicados por instituciones cooperativas, con recursos por más de 60 millones de dólares que se llevaron sus administradores.

Carlos Bergmann, de Manabí, recordó que el feriado bancario es la mayor tragedia que ha vivido el Ecuador en su historia y hoy se busca un mecanismo para atender la dura situación que viven cientos de familias por las consecuencias de esa nefasta decisión.

Entre tanto, Luis Fernando Torres, de Tungurahua, tras manifestar su acuerdo con dar todas las facilidades a los deudores de buena fe para que honren sus obligaciones, observó que sería importante que la Comisión del Régimen Económico investigue las denuncias de Pedro Delgado, expresidente del Banco Central del Ecuador, para garantizar la transparencia del cierre de la crisis bancaria de 1999.

Galo Borja, vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico que estudió el proyecto urgente, consideró necesario que esta ley permita terminar de una vez por todas el drama de centenares de ciudadanos que fueron afectados por el feriado bancario, pero que también es necesario terminar con la famosa central de riesgos.

El legislador René Yandún, de la provincia del Carchi, aseguró que está de acuerdo con la aprobación de esta ley, pero dijo que resulta una ley incompleta, puesto que es necesario exigir del Banco Central del Ecuador los balances financieros de los bancos cerrados para saber qué pasó con los activos, qué pasó con los pasivos y dónde están esos bienes.

El representante de la provincia de Pichincha, Henry Llanes, expresó que coincide con la necesidad de solucionar definitivamente el tema de la crisis bancaria, pero anotó que a más de este tipo de leyes, el Gobierno debió ordenar una auditoría para establecer los verdaderos costos que representó este hecho que inicialmente fue de 8 000 millones y al momento superaría los 11 000 millones de dólares.

La asambleísta Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea, aclaró que aquí no hay condonación de deudas, que eso no ha sido presentado por el Ejecutivo y que tampoco eso ha sido el pedido por ninguna persona de honor, lo que se hace con esta ley es dar a los deudores de buena fe un mecanismo para que puedan honrar sus deudas y, de esta manera, “superar una historia marcada por el dolor, por el sufrimiento, por la mala aplicación de la ley”.

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Asamblea aprueba licencia sin remuneración para el vicepresidente Jorge Glas

Con 83 votos a favor y 31 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó la licencia sin remuneración del vicepresidente de la República, Jorge Glas, candidato a la reelección por Alianza País.

La licencia se cumplirá hasta el 30 de marzo del presente año, período en el que se dedicará “de lleno a la campaña electoral”. Esta resolución se adoptó en la sesión 437 del Pleno.

Según la comunicación remitida al Legislativo, el Segundo Mandatario se acoge al artículo 93 del Código de la Democracia, para dejar su cargo temporalmente y trabajar activamente en la campaña.

La asambleísta Marcia Arregui, representante de la provincia de Los Ríos, mocionó que se acoja la petición de Glas.

De conformidad con la normativa constitucional vigente, le corresponde al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, encargar la Vicepresidencia a uno de los ministros de Estado.

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Asamblea Nacional aprueba acuerdo con ACNUR para proteger a refugiados

Este lunes 09 de enero de 2017, la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo de Cooperación entre Ecuador y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que se suscribió el 19 de enero de 2009, en Quito. El documento establece las condiciones básicas en las que la ACNUR cooperará con el Gobierno de Ecuador, en favor de los refugiados. También operativiza la Ley de Movilidad Humana, en lo concerniente a protección internacional.

Según el informe que presentó la Comisión de Relaciones Internacionales, el Acuerdo permitirá fortalecer los lazos de Ecuador con ACNUR y con el Sistema de las Naciones Unidas; facilitará los mecanismos de comunicación entre ambas partes y permitirá una mejor aplicación del proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana, que aprobó la Asamblea la semana pasada. Esta norma contiene un capítulo sobre la protección internacional para extranjeros, en los que se encuentran los refugiados.

En el informe se señala que en Ecuador existen 60 mil 253 personas con reconocimiento de estatus de refugiado, 57 mil 325 son de origen colombiano, es decir, el 95,2%. Afirma que a finales de 2015 se registraron 233 mil 049 solicitudes de refugio y que en promedio de 500 a 600 personas cruzan la frontera entre Ecuador y Colombia cada mes, con el fin de solicitar protección internacional. Hasta el momento, 15 mil 800 solicitantes fueron asistidos por la ACNUR y sus asociados en Ecuador.

Bajo el auspicio de las Naciones Unidas, la Oficina de ACNUR brinda protección internacional a los refugiados y busca encontrar soluciones permanentes para estos ciudadanos; ayuda a los gobiernos y organizaciones privadas a facilitar la repatriación voluntaria o su asimilación en nuevas comunidades nacionales.

La ACNUR tiene en Ecuador un plan multianual denominado “Iniciativa Integral de Soluciones”, que se perfila en la dimensión legal, social y económica. En nuestro país cuenta con un presupuesto de 19,9 millones de dólares y un personal de 108 personas.

ACNUR podrá establecer una oficina permanente, o varias, en el país para desempeñar sus funciones de protección internacional y asistencia humanitaria en favor de los refugiados y otras personas bajo su competencia.

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Asamblea Nacional aprueba por unanimidad Ley de Movilidad Humana que favorece a los migrantes

Por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó este jueves 5 de enero de 2017 la Ley Orgánica de Movilidad Humana que regula los derechos y obligaciones de emigrantes, inmigrantes, personas en tránsito, ecuatorianos retornados, quienes requieren de protección internacional, víctimas de delitos de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes.

Con el cuerpo jurídico se promueven acciones para proteger a quienes se encuentren en movilidad humana, se reconoce que son iguales ante la ley y que nadie será ilegal por su condición migratoria.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, María Augusta Calle, las observaciones hechas en el segundo debate se analizaron en su totalidad. Contó que la mayoría fueron de forma y sirvieron para mejorar los textos.

El uso de los vehículos y motocicletas que ingresan al país como menaje de casa de quienes retornan fue uno de los temas más debatidos en el Pleno y uno de los principales cambios de fondo que realizaron. Los migrantes podrán traerlos siempre y cuando el modelo del vehículo corresponda a los últimos cuatro años y el precio no exceda los 60 salarios básicos unificados. En cuanto a la motocicleta, no debe pasar los 21 salarios básicos.

Según el texto que se construyó en el segundo debate, estos automotores solo podrán ser enajenados o ejecutar transferencia de dominio cuando hayan transcurrido cuatro años de haber legalizado su nacionalización. Podrán utilizarlos los familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad.

Otro de los cambios que se incluyó es el tema de la obligatoriedad que tienen los extranjeros en nuestro país de contar con un seguro de salud por el tiempo de su estadía. Se estableció que quienes se afilien al Seguro Social lo deben hacer de acuerdo con sus ingresos reales. Se exceptúa a las personas que se movilicen en las zonas transfronterizas.

La asambleísta Calle dijo que esta es una de las normas más esperadas y que hace justicia a una población de enorme importancia para el país, sobre todo, desde el punto de vista cualitativo. “Hacemos justicia a esos hermanos ecuatorianos que honran el nombre de nuestra Patria. Esta ley recoge sus aspiraciones”, enfatizó.

Beneficios que otorga la ley

Las personas retornadas podrán homologar la trayectoria y capacitación profesional, tendrán derecho a la reinserción al sistema educativo en todos sus niveles, acceso al sistema financiero sin presentar el historial crediticio para la banca pública, priorización de créditos para emprendimiento y la posibilidad de traer su menaje de casa, sin pagar tributos.

A los ecuatorianos en el exterior se les reconocen los derechos a la participación política, acceso a becas, educación a distancia, confidencialidad, repatriación de cadáveres o restos mortales, la búsqueda de personas desaparecidas, protección consular, salud, acceso a la justicia, servicios de registro civil e identidad.

Para los extranjeros en el Ecuador se simplifican los requisitos para obtener su condición migratoria y se establece que son de dos tipos: residencia temporal o permanente. También se sintetizan los trámites para obtener la visa, con ocho figuras: para residente temporal, temporal de excepción, permanente, diplomática, humanitaria, de turista, especial de turismo y por convenio. Se duplica el tiempo de autorización de permanencia en nuestro país de 90 a 180 días.

Esta norma regula un capítulo sobre la comunidad suramericana. Estos ciudadanos pueden ingresar, circular y salir de nuestro territorio presentando solamente su documento de identificación nacional. Aplica la categoría de ciudadanos del mundo y reconoce a las personas que requieren protección internacional, en las que se encuentran los refugiados, asilados y apátridas.

Contempla otro capítulo referente a la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. La ley dispone que estas víctimas recibirán la protección de emergencia prevista en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

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