En América Latina y el Caribe, el siglo XXI estará marcado por el envejecimiento de la población, según las proyecciones de la Comisión Económica para la región (CEPAL).

En un estudio sobre tendencias demográficas divulgado este jueves 13 de noviembre de 2014, la CEPAL explicó que este fenómeno se deberá al descenso de la natalidad y al aumento de la esperanza de vida.

La esperanza de vida al nacer aumentó de 55,7 años de 1950 a 74,7 años en la actualidad, cinco años por debajo de la de los países más avanzados.

En cuanto a los nacimientos en la región, han pasado de casi seis hijos por mujer en 1950 a un nivel menor a 2,2 hijos por mujer, ligeramente por debajo de la media mundial de 2,3.

La CEPAL advirtió que esta situación conlleva nuevos desafíos para que la región pueda aprovechar las oportunidades demográficas y reducir la desigualdad.

Agregó que para ello se deberán tomar medidas tanto en el ámbito macroeconómico, referentes a la transformación productiva y a regímenes fiscales progresivos, como en el terreno político y en el social, a través de una mayor y mejor educación y protección social.

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Hasta ahora 11 países de la región han tipificado el femicidio o feminicidio en sus legislaciones, señala el organismo de las Naciones Unidas en un informe dado a conocer este 7 de noviembre de 2014.

La violencia contra las mujeres no puede analizarse ni enfrentarse de manera aislada sino vinculada a los factores de desigualdad económica, social y cultural que operan en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, plantea el último informe anual del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL, presentado durante el XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género de Aguascalientes, que concluyó este viernes 7 de noviembre en México.

Aunque el documento alerta sobre la ausencia, heterogeneidad y dispersión de las estadísticas sobre violencia en la región, algunas cifras nacionales dan cuenta de la magnitud del problema. El año pasado, 88 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas íntimas en Colombia, 83 en Perú, 71 en República Dominicana, 46 en El Salvador, 40 en Chile, 25 en Uruguay, 20 en Paraguay y 17 en Guatemala.

Otras encuestas muestran que 63 de cada 100 mujeres en México y 60 de cada 100 mujeres en Ecuador han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja u otra persona. Esta violencia ocurre con mayor frecuencia entre quienes tienen o han tenido pareja (casadas, unidas, separadas, divorciadas o viudas): 48,7% en Ecuador, 47% en México y 45,4% en Uruguay.

Las dificultades para obtener información confiable y oportuna se agudizan cuando se trata de mujeres indígenas y afrodescendientes. Datos disponibles indican que en Ecuador y Perú alrededor de 38% de las mujeres indígenas han sufrido alguna vez violencia física o sexual a manos de su pareja. Esta situación alcanzaría a 24% de las mujeres indígenas en Guatemala y 20% en Paraguay.

Hasta ahora 11 países de la región han tipificado el femicidio/feminicidio en sus legislaciones: Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú y tres han construido una agravación para el homicidio: Argentina, Colombia y Venezuela.

Pese al avance normativo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte sobre la falta de políticas públicas e instituciones capaces de asegurar su efectiva aplicación en los países. A esto se suma, dice el informe, que las normas se concentran en el castigo de los agresores, sin atender los distintos factores que inciden en la violencia contra las mujeres, entre ellos, la desigual distribución del trabajo, en especial del doméstico no remunerado.

La autonomía de la población femenina se ve amenazada por la alta proporción de mujeres sin ingresos propios, que en 2010 alcanzaba a 32,7%, en comparación con 12,1% de los hombres. Por ello se plantea «el desafío de evaluar si los programas de empoderamiento económico que se instalan en distintos países contribuyen o no a la eliminación de la violencia y sus causas a corto y largo plazo».

La CEPAL recomienda mejorar la producción de información sobre la violencia de género; llevar a cabo, cuando sea necesario, procesos de reforma legislativa con debates participativos; lograr una coordinación institucional fuerte, de alta jerarquía y gran capacidad técnica; e instaurar un sistema verdaderamente integral de atención, capaz de articular las políticas sociales con las respuestas judiciales.

También propone fortalecer los mecanismos de atención en salud; asegurar el financiamiento adecuado de las políticas públicas, las instituciones y los sectores involucrados en las iniciativas para la erradicación de la violencia contra las mujeres; generar mecanismos transparentes, periódicos y profesionales de evaluación, y establecer espacios para la participación de la sociedad civil, entre otros.

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Es necesario generar sistemas permanentes de innovación al interior de los Estados para replicar a gran escala iniciativas que permiten aumentar la eficiencia y calidad de los servicios públicos, mejorando así la calidad de vida de la población, coincidieron autoridades de Chile y expertos en un seminario inaugurado el viernes 3 de octubre de 2014 en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El evento denominado Innovación pública: mucho ruido ¿y las nueces? fue organizado por el Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y la CEPAL, con la colaboración de CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile.

En la inauguración participaron Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía de Chile, Eduardo Bitran, Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, Raúl García-Buchaca, Director de la División de Planificación de Programas y Operaciones de la CEPAL, y Mario Waissbluth, Consejero del Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.

«La innovación llevada al ámbito público es una forma efectiva de crear valor para los ciudadanos. Por ello estamos dando pasos relevantes en la concreción de un Laboratorio de Innovación Pública o GobLab», dijo el Ministro Céspedes. Este laboratorio, explicó, «impulsará y conducirá proyectos innovadores que tengan como objeto mejorar la productividad de las organizaciones públicas, la eficiencia en la prestación de servicios y la calidad de los servicios que entregamos a los usuarios».

«Buscamos generar una verdadera política de innovación pública, que tenga un impacto en la cultura y en la forma en que el Estado se plantea frente a la ciudadanía», resaltó.

El ciudadano debe estar en el centro de la solución

Eduardo Bitran, quien describió la innovación como una herramienta para el desarrollo, llamó a poner al ciudadano en el centro de la solución. «El sector público puede tener un tremendo impacto en el funcionamiento de toda la economía y, a su vez, ser un gran catalizador de procesos, cambios e innovación en el ámbito privado y en la vida de los ciudadanos. Por eso le damos la mayor relevancia al desafío de innovar permanentemente desde el Estado», dijo.

«Es responsabilidad de los gobiernos, en la medida que se quiera tener el respaldo de los ciudadanos, dar cada vez mejores servicios y responder de forma más proactiva a sus necesidades. Hay que tener claro que el Estado no está para servirse a sí mismo, sino que para servir a la gente», planteó.

Explosión de innovaciones sociales

Por su parte, Raúl García-Buchaca saludó a los presentes en nombre de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, y compartió la experiencia de este organismo regional en materia de innovación social: «La región vive una verdadera explosión de innovaciones sociales, pero es indispensable lograr una mayor participación del sector público para que estos modelos dejen de ser un proyecto piloto de excelencia y se repliquen a gran escala para mejorar las condiciones de vida de la población», remarcó.

Según el funcionario, «se requiere un sector público más dinámico, vibrante, creativo e innovador», especialmente en el actual contexto de desaceleración económica que vive la región.

Finalmente, Mario Waissbluth, de la Universidad de Chile, señaló que «dotar a las entidades públicas de sistemas permanentes y estables de innovación y mejoramiento continuo de sus procesos puede no solo mejorar notablemente la eficiencia y calidad de sus servicios a la ciudadanía, sino, además, constituirse en una fuente de motivación y satisfacción laboral significativa para los funcionarios públicos».

«De ahí la importancia de este seminario para discutir experiencias comparadas sobre las mejores opciones para desarrollar este tipo de procedimientos», agregó.

Entre los expertos internacionales presentes en el seminario se destacan el danés Christian Bason, Director de MindLab, institución que apoya el trabajo de reparticiones públicas en Dinamarca a través de soluciones innovadoras que involucran a los ciudadanos y las empresas, y Kevin Desouza, Profesor de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos, quien expondrá sobre la gestión de experiencias innovadoras dentro del sector público.

Fuente: CEPAL

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