Por: Doctor Axel Didriksson

La UDUAL es uno de los más preclaros símbolos de la autonomía de la región. No existe otro organismo con esta historia y con este futuro, vinculado estrechamente al devenir universitario que ahora está de nuevo posicionándose en el acontecer contemporáneo, y que darán, ambos, mucho de qué hablar.

Además, dentro de algunos años, todo pasa tan rápido ahora, conmemoraremos el aniversario del movimiento por la autonomía universitaria, el de Córdoba en 1918, pero antes recordaremos a la primera universidad de América en obtenerla que fue la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en 1917. Después vendrían todas las demás de la región que ostentan orgullosamente, como en ningún otro lado del mundo, en su nombre y en su emblema, su ser autonómico.

El motivo da para reflexionar y también para proponer las tareas que tiene por delante la universidad latinoamericana y caribeña. La autonomía floreció en estas tierras con tales particularidades –y con tal fuerza social- que aún resuena la voz de los estudiantes de Córdoba en su Manifiesto Liminar, mediante el cual convocaban a emprender la primera gran reforma universitaria, pero también una revolución social.

Desde entonces, la universidad latinoamericana y caribeña se constituyó como una institución que reverbera, con su quehacer específico y con su participación, en todos los acontecimientos políticos y sociales de la época, se propuso, cuando le llegó su momento, ser el lugar de donde tenía que partir el cambio social que transformaría todas las cosas.

Éste fue el espíritu central de la primera gran reforma universitaria, impulsada por actores y sujetos sociales e institucionales universitarios provenientes de las universidades de la Colonia o de la Independencia (convertidas hoy en las actuales Macrouniversidades), cuya historia se enlaza a través de una línea de continuidad desde finales del siglo XIX, pasando por las primeras décadas del siglo XX reafirmando una condición de identidad y originalidad, hasta nuestros días.

El Primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes fue celebrado unos cuantos años después del movimiento de Córdoba, Argentina, en los recintos de la entonces Universidad Nacional de México. En sus discursos, los estudiantes de la primera reforma universitaria de México y de América Latina construyeron una plataforma común que tuvo como ejes la autonomía, el derecho de las instituciones públicas a recibir el financiamiento del Estado en correspondencia a la importancia de sus tareas educativas, culturales y científicas, y a gobernarse a sí mismas con la partici¬pación plena de su comunidad.

Estos principios generales potenciaron un nuevo modelo de universidad, que dejó de parecerse a los rasgos impresos que se importaron durante el periodo colonial, introdujeron unos originales y se desarrollaron otros expresando de forma sustantiva un tipo nuevo de sociedad. En el camino, como todos sabemos, se ha buscado hacer de esta originalidad una copia maltrecha y subordinada, injusta y empobrecida, con un supuesto esquema ideal, que ni lo es, ni tampoco debe seguirlo siendo (el modelo napoleónico y luego el norteamericano).

El modelo latinoamericano de universidades, pues, es harto diferente al del Land Grant Universities de los Estados Unidos, o al de universidades de investigación y desarrollo tecnológico, pero también del modelo asiático de universidades imperiales y de Estado, o al alemán humboldiano o al más centralizado de corte europeo. Así debemos de reconocerlo, con lo bueno y lo malo que tenemos.

Después del agotamiento de la fuerza de casi cuatro décadas, que tuvo la primera gran reforma universitaria iniciada en México y en Argentina, luego reproducida y mejorada en innumerables países, durante los últimos veinte años hemos presenciado la deformación del modelo original, con toda una suerte de artificios engañosos sustentados en una lógica neoliberal de mercantilización y de privatización. El punto al que hemos llegado se siente en extremo peligroso, porque estamos en el umbral de la indefinición y del pragmatismo economicista, en donde a la ramplona privatización que no se com-promete con la investigación, con la organización de una nueva oferta de carreras, ni con la difusión de la cultura, se le está sumando una tendencia a la comercialización sustentada en los recientes acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que ha abierto al cien por ciento el mercado de los servicios educativos del país, para la llegada de decenas de empresas e-learning, de educación abierta y a distancia, algunas supuestamente virtuales, pero que son, en su gran mayoría, de carácter mercantilista y de muy dudosa calidad, operando bajo la forma de empresas de lucro.

Estamos hablando de empresas que controlan un mercado de 300 mil millones de dólares en los Estados Unidos, y de montos similares en Asia Pacífico, que ya están alcanzando una franca expansión en Europa, y que ambiciosamente están volteando a ver hacia nuestros países. Por ejemplo, en los últimos años tuvimos un incremento de empresas privadas – de «garage», o como decimos en México, «patito»-, que triplicó el número de instituciones de educación superior en el país, y que en la práctica controlan el mercado de algunas disciplinas como la administración de empresas, la comunicación y el periodismo, la contabilidad, el derecho y la mercadotecnia, y están entrando fuertemente a la economía, al diseño y a la dirección de empresas públicas. Junto a ellas, están proliferando una avalancha de empresas de comercialización internacional, con lo cual tenemos un curioso fenómeno de «patización» acelerada de la educación superior.

¿Es éste, me pregunto, el contexto educativo y universitario que queremos? ¿Uno en donde algunos mercados laborales se encuentran ya copados por gran cantidad de egresados de escuelas «patito», con una mentalidad de empleados con imaginario de supuestos «emprendedores», dirigiendo los destinos de los gobiernos, de las empresas públicas (las que quedan, por supuesto), y otros segmentos del mercado técnico y profesional, con una orientación de individualización al máximo, formados en teorías y métodos ligados al más extremo tecnocratismo? ¿O el de muchos estudiantes y profesores que sólo están esperando el momento para salir del país, con un jugoso contrato en alguna empresa extranjera bajo el brazo, para hacerse y sentirse globales y modernos?

Mi punto de vista es que el destino de la universidad latinoamericana debe ser otro, muy diferente al escenario que pretende mantenerla constreñida a captar una demanda de estudiantes que no pueden pagar los costosos títulos de empresas extranjeras, sumidas en la ignominia de estar, año tras año, negociando los raquíticos presupuestos que le otorgan los gobiernos. En muchos países, las universidades públicas han visto reproducir el mismo esquema de contracción de sus recursos, pero ahora en condiciones cada vez más difíciles e inciertas. En toda la región, el presupuesto público hacia la educación superior no ha pasado del 0.4% respecto del PIB, y el mismo es a todas luces insuficiente para enfrentar los cambios y las responsabilidades que tienen, cada vez mayores, las universidades públicas, que concentran la investigación, la difusión de la cultura, una docencia acrecentada y tareas de pertinencia social inconmensurables.

Pienso que la universidad latinoamericana, la pública, debe pensar y emprender la construcción de un escenario diferente, absolutamente alternativo al actual y, por supuesto, que piense en poner en marcha una nueva y gran reforma universitaria, la del siglo XXI, similar en envergadura a la del comienzo del siglo XX, pero diferente.

La universidad pública latinoamericana

La universidad pública debe ser, y para ello debe elaborar políticas que contengan estos principios y responsabilidades, la institución central del sistema educativo y de la sociedad. Se trata de la lucha por definir con claridad un espacio en la misma sociedad y en la normatividad política colectiva del Estado. Es esto lo que contiene la idea de definir una política de Estado para la educación superior, la ciencia y la tecnología, en donde desde su autonomía institucional, la autoridad de la razón crítica y del bienestar social sustituya a la autoridad de la tradición y del mercado, de la ignorancia y de la explotación.

Se trata con ello de que se haga vigente, en primer lugar, que el conocimiento, el aprendizaje, la investigación científica y el desarrollo tecnológico deben ser bienes de carácter esencialmente públicos, y de normar y regular estrictamente el incrementado valor comercial de la propiedad intelectual. No se le niega, pero el interés público por y para la educación y de la sociedad debe estar por encima del interés individual y de lucro.

La universidad pública, como institución fundamental de la sociedad y del Estado, tiene por tanto, un conjunto de tareas estratégicas. La primera de ellas es, precisamente, la redefinición de sus relaciones con el Estado y con la misma sociedad, ahora deformadas y vilipendiadas.

Para muchos gobiernos (afortunadamente también contamos con otros y de otro signo, ahora), estas relaciones no se corresponden con un proyecto nacional, ni con intereses colectivos. Se asume, de forma implícita pero a menudo de forma muy objetiva, que la universidad pública debe constreñir sus actividades académicas a las necesarias, por lo que no debe ni tiene por qué contar con recursos suficientes y crecientes para el desempeño de sus labores. Se le condicionan recursos extraordinarios sólo garantizados cuando se ha verificado el desempeño de sus actividades, a imagen y semejanza de un modelo que nadie sabe a ciencia cierta cuál es, pero que se proclama como uno de calidad y excelencia desde las oficinas y cubículos de los ministerios de educación pública. Una política de Estado debe ponerse en marcha desde otra lógica, para sustituir a la que no existe y se oculta.

Se requiere impulsar una política de Estado que preserve la identidad de la educación y atienda el reordenamiento de los estudios profesionales, con el fin de que éstos respondan con mejores formas de organización, oferta y condiciones a los requerimientos del desarrollo del país. El gobierno, la administración y el financiamiento de la educación superior requieren de un ordenamiento completo, así como establecer mecanismos de financiamiento pertinentes. Por otra parte, esto requiere de un amplio sistema de información de la educación superior, que permita tener una visión precisa y certera de los recursos, infraestructura y potencial de cada institución.

Una política de Estado debe expresarse, en lo fundamental, en una política de financiamiento. Desde ese plano, una política de Estado de la educación superior debe hacer referencia, en primerísimo lugar, a la responsabilidad del financiamiento del Estado a la educación superior desde una perspectiva estratégica, por los actuales y los próximos gobiernos, tanto federal como estatales y municipales, en un horizonte de largo plazo. Desde el plano del interés del Estado y de la sociedad debe contemplar distintas modalidades, instrumentos fiscales y no fiscales, y la participación y contribución del conjunto de los sectores productivos nacionales.

Es necesaria una política de Estado que comprenda el reconocimiento de la docencia y la investigación y que enlace todas las estrategias que permitan que México cuente en sus instituciones con académicos bien formados, cuyos beneficios repercutan en el sistema sin concentrarse exclusivamente en una sola institución de por vida.

Las políticas de Estado en materia de educación superior deberán necesariamente considerar el apoyo económico a los estudiantes, el aseguramiento de una plataforma de conocimientos y habilidades básicas al iniciar su formación superior, los mecanismos que alienten la calidad y la eficiencia, así como programas que den a los estudiantes oportunidades para fortalecer su formación con experiencias en otras instituciones y en, su caso, en otros países.

Una política de Estado en materia de educación superior debe dar continuidad al apoyo que se ha brindado a los estudios de posgrado, debe alentar a más jóvenes a ingresar y, al mismo tiempo, tiene que señalar las estrategias para que se establezcan mecanismos de cooperación y vinculación viables entre las empresas y los sectores del desarrollo nacional con las instituciones de educación superior.

La constitución de un nuevo sistema educativo permanente y para toda la vida será obra de una nueva política educativa de Estado, entendida como un conjunto de principios, metas y objetivos comunes, tanto para el sector público como para el privado, para el aparato de gobierno como para la sociedad, para los grupos sociales como para los particulares y los individuos. Esta nueva política educativa concentrará una gran voluntad política, construida desde un consenso social expresado como un mandato popular de corto, mediano y largo plazo.

Los cambios no pueden implicar que se elimine la diversidad de objetivos de la educación superior. Se trata de un nuevo reto: conciliar la conservación con la renovación. Mantener vivo todo cuanto sea digno de conservarse y cambiar lo que se considere que deba cambiar para entrar en este nuevo milenio del conocimiento, de la información, de la técnica y también de los nuevos valores (derechos humanos, democracia, pluralidad, tolerancia, igualdad, reci¬procidad, equidad, justicia, etcétera) en el que, de hecho, ha entrado la historia humana.

Así, una visión de Estado en torno a la educación superior, la investigación humanística, científica y tecnológica implica un proceso de transformación que se sustente en las siguientes bases:

Los intereses mayores de una política de Estado en México se sustentan en los de la sociedad y del mismo Estado.

La organización de un nuevo modelo de universidad pública debe sustentarse en la articulación de sus funciones y en la atención a los requerimientos de la sociedad, de la construcción de todos los campos de conocimiento y saberes, en la perspectiva de la complejidad misma de su esencia institucional y de su identidad histórica.

Los recursos financieros para el desarrollo de la universidad pública son inalienables, no pueden ser reducidos ni redefinidos y, desde el plano de la consecución de una estrategia de largo plazo, deben ser crecientes en correspondencia con los objetivos de su expansión y mejoramiento.

El carácter del cambio para la universidad latinoamericana del futuro

Hoy día las instituciones de educación superior se encuentran en una difícil disyuntiva que articula muchas de las anteriores tendencias, desde dos escenarios contradictorios. El primero de ellos profundiza en el tiempo, la competitividad individualizada de las instituciones, de los académicos y de los estudiantes, desde una perspectiva de mercado; mientras que el otro, apunta a una mayor cooperación horizontal entre instituciones y sectores, que se estructuran en redes y en espacios comunitarios y trabajan en colaboración, mantiene la orientación de un conocimiento el servicio de la sociedad y como bien público, sin perder su autonomía institucional.

En el escenario que parece como dominante, el del mercado, los motivos del cambio son la presión por la reducción del presupuesto gubernamental y la pretensión de diversificar sus recursos de ingreso bajo un efecto sustitutivo acumulativo, se adapta a la regulación económica y busca vincularse a las demandas económicas, bajo un modelo organizacional de institución orientada a servicios. La reorientación de sus procesos de cambio tiende a fomentar la individualización de la enseñanza y el aprendizaje, refuerza el vocacionalismo, la des-homologación de los salarios del personal académico y la acreditación de sus funciones busca ser suscrita y validada por agencias externas, de influencia gubernamental.

El segundo escenario, calificado como de producción y transferencia del valor social de los conocimientos y de pertinencia de las tareas académicas de la universidad, se sostiene en la transformación de sus estructuras en redes y en la cooperación horizontal para dar prioridad a los proyectos conjuntos (o inte-rinstitucionales), a la más amplia homologación de cursos y títulos, a la coparticipación de los recursos y una orientación educativa social y solidaria.

Los valores educativos se comparten y se concentran más en el cambio de contenidos del conocimiento y las disciplinas, en la creación de nuevas habilidades y capacidades sociales, que buscan relacionar prioridades nacionales o regionales con el trabajo en nuevas áreas de conocimiento y en la innovación. Este escenario se sostiene en la intensificación de la participación de las comunidades y en la flexibilización en la obtención de recursos.

En este escenario se promueve un cambio de modelo pedagógico y organizacional que comprende que la acción educativa se sostiene en la unidad de lo diferente; en la construcción de nuevos objetos de conocimiento; en la reflexión, sobre el otro, y en la totalidad, en el impulso a esquemas de autoaprendizaje y en el reconocimiento de la diversidad.

Esta concepción del cambio se sostiene en la identificación de las fortalezas institucionales y regionales, en la comprensión de los desarrollos originales, en la búsqueda de la reconstitución de las propias capacidades de los individuos y de los sectores y no en su diferenciación, ni tampoco en la reproducción de sus inequidades.

Este segundo escenario demanda una estrategia global de transformación que conduzca a que la universidad se constituya en una institución con sólido liderazgo moral, científico, tecnológico y cultural, que busque permanentemente el desarrollo humano sustentable, con nichos de desarrollo académico acordes con la vocación natural de su identidad cultural.

En síntesis, la universidad pública y autónoma tiene que decidirse a emprender una transformación necesaria, y tiene dos caminos por delante, ambos bifurcados desde el contexto de su propia realización, de su historia y de sus particulares condiciones de desempeño, pero sobre todo desde su peculiar correlación de fuerzas, tan inédita como insólita, siempre.

En este trabajo se convoca a reflexionar sobre las tendencias que están redefiniendo la universidad del futuro, desde la orientación de una universidad comprometida con su autonomía, con su pertinencia relacionada con la calidad, pero sobre todo con su historia y con la vigencia de mantener los conocimientos que se producen y se transfieren desde su sentido público y de beneficio social. Se apuesta a que el otro escenario, el que aparece como dominante, no logre imponerse en serio. Esto hace que el tema central de la agenda para la educación universitaria pública sea el de la transformación con un sentido como el que aquí se ha mencionado, para alcanzar la vigencia y la implantación de un escenario de universidad de innovación con pertinencia social. El tema ya no es, por ello, de prospectiva, sino de emprender los cambios necesarios para hacerlo desde el presente.

En resumen, desde la autonomía actual debemos de ser más autónomos, y desde allí replicar un nuevo esquema de reforma sustantiva en nuestras instituciones, pero también proponer, impulsar y luchar por la constitución de un nuevo paradigma de Estado, un nuevo esquema de desarrollo, un nuevo modelo de sociedad, más justo, equitativo, igualitario, libertario y de bienestar para todos. Esto dependerá, entre otras muchas cosas, de lo que hagan las universidades públicas de este país, desde la puesta en marcha, como hemos dicho, de una estrategia de cambio y una agenda de trabajo que articule el corto, mediano y el largo plazos. Porque creemos en lo que decimos, son las universidades las que tienen que definir un rumbo nuevo para el país, una nueva perspectiva para el Estado, y decir, desde lo que es consustancial a su quehacer, es decir desde la academia los rasgos y características de un proyecto nacional pero también regional, con la integración desde la educación, la ciencia y la cultura.

Nota del Director:

Este artículo del Doctor Axel Didriksson lo hemos tomado de la revista «Universidades», de la Unión de Universdades de Latinoamérica y el Caribe (UDUAL), correspondiente al número 33 Enero – Abril 2007, porque consideramos que esclarece el debate de la autonomía universitaria, que se ha iniciado en el Ecuador con motivo de la intervención del Parlamento Andino y del Gobierno Nacional, en la elección del rector de la Universidad Andina Simón Bolívar.

A la fecha de publicación del artículo, el autor era Inevstigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), de la UNAM. También Secretario de Educación Pública del Distrito Federal, México. Hoy forma parte del Grupo de Gestión de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) del Ecuador.

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