Por: Dr. Axel Didriksson

Hoy en día las instituciones de educación superior se encuentran en una difícil disyuntiva que articula muchas de las anteriores tendencias, desde dos escenarios contradictorios. El primero de ellos profundiza en el tiempo, la competitividad individualizada de las instituciones, de los académicos y de los estudiantes, desde una perspectiva de mercado, mientras que el otro, apunta a una mayor cooperación horizontal entre instituciones y sectores, que se estructuran en redes y en espacios comunitarios y trabajan en colaboración, mantiene la orientación de un conocimiento el servicio de la sociedad y como bien público, sin perder su autonomía institucional.

En el escenario que parece como dominante, el del mercado, los motivos del cambio son la presión por la reducción del presupuesto gubernamental y la pretensión de diversificar sus recursos de ingreso bajo un efecto sustitutivo acumulativo, se adapta a la regulación económica y busca vincularse a las demandas económicas, bajo un modelo organizacional de institución orientada a servicios. La reorientación de sus procesos de cambio tiende a fomentar la individualización de la enseñanza y el aprendizaje, refuerza el vocacionalismo, la des-homologación de salarios del personal académico y la acreditación de sus funciones busca ser suscrita y validada por agencias externas, de influencia gubernamental.

El segundo escenario, calificado como de producción y transferencia del valor social de los conocimientos y de permanencia de la tareas académicas de la universidad, se sostiene en la trasformación de sus estructuras en redes y en la cooperación horizontal para dar prioridad a los proyectos conjuntos (o interinstitucionales), a la más amplia homologación de cursos y títulos, a la coparticipación de los recursos y una orientación educativa social y solidaria.

Los valores educativos se comparten y se concentran más en el cambio de contenidos del conocimiento y las disciplinas, en la creación de nuevas habilidades y capacidades sociales, que buscan relacionar prioridades nacionales o regionales con el trabajo en nuevas áreas de conocimiento y en la innovación. Este escenario se sostiene en la intensificación de la participación de las comunidades y en la flexibilización en la obtención de recursos.

En este escenario se promueve un cambio de modelo pedagógico y organizacional que comprende que la acción educativa se sostiene en la unidad de lo diferente; en la construcción de nuevos objetos de conocimiento; en la reflexión, sobre el otro, y en la totalidad, en el impulso a esquemas de autoaprendizaje y en el reconocimiento de la diversidad.

En esta concepción del cambio se sostiene en la identificación de las fortalezas institucionales y regionales, en la comprensión de los desarrollos originales, en la búsqueda de la reconstitución de las propias capacidades de los individuos y de los sectores y no en su diferenciación, ni tampoco en la reproducción de sus inequidades.

Este segundo escenario demanda una estrategia global de transformación que conduzca a que la universidad se constituya en una institución con sólido liderazgo moral, científico, tecnológico y cultural, que busque permanentemente el desarrollo humano sustentable, con nichos de desarrollo académico acordes con la vocación natural de su identidad cultural.

En síntesis, la universidad pública y autónoma tiene que decidirse a emprender una transformación necesaria, y tiene dos caminos por delante, ambos bifurcados desde el contexto de su propia realización, de su historia y de sus particulares condiciones de desempeño, pero sobre todo desde su peculiar correlación de fuerzas, tan inédita como insólita, siempre.

En este trabajo se convoca a reflexionar sobre las tendencias que están redefiniendo la universidad del futuro, desde la orientación de una universidad comprometida con su autonomía, con su pertinencia relacionada con la calidad, pero sobre todo con su historia y con la vigencia de mantener los conocimientos que se producen y se transfieren desde su sentido público y de beneficio social. Se apuesta a que el otro escenario, el que aparece como dominante, no logre imponerse en serio. Esto hace que el tema central de la agenda para la educación universitaria pública sea el de la transformación con un sentido como el que aquí se ha mencionado, para alcanzar la vigencia y la implantación de un escenario de universidad de innovación con pertinencia social. El tema ya no es, por ello, de prospectiva, sino de emprender los cambios necesarios para hacerlo desde el presente.

En resumen, desde la autonomía actual debemos de ser más autónomos, y desde allí replicar un nuevo esquema de reforma sustantiva en nuestras instituciones, pero también proponer, impulsar y luchar por la constitución de un nuevo paradigma de Estado, un nuevo esquema de desarrollo, un nuevo modelo de sociedad, más justo, equitativo, igualitario, libertario y de bienestar para todos. Esto dependerá, entre otras muchas cosas, de lo que hagan las universidades públicas de este país, desde la puesta en marcha, como hemos dicho, de una estrategia de cambio y una agenda de trabajo que articule el corto, mediano y el largo plazos. Porque creemos en lo que decimos, son las universidades las que tienen que definir un rumbo nuevo para el país, una nueva perspectiva para el Estado, y decir, desde lo que es consustancial a su quehacer, es decir desde la academia los rasgos y características de un proyecto nacional pero también regional, con la integración desde la eduación, la ciencia y la cultura.

NOTA DEL DIRECTOR: El doctor Axel Didriksson es Miembro de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), desigando por el Presdiente Rafael Correa. El experto internacional es un gran pensador y conocedor de la realidad de la educación superior de América Latina y del mundo. Varias veces ha estado en el Ecuador participando en eventos internacionales relacionados con el tema. El artículo que hoy les ofrecemos, es la continuación de su conferencia presentada en la reunión del Consejo Ejecutivo de la UDUAL en la Universidad de Panamá en noviembre del 2006.

Por: Dr. Axel Didriksson

La universidad pública debe ser, y para ello debe elaborar políticas que contengan estos principios y responsabilidades, la institución central del sistema educativo y de la sociedad. Se trata de la lucha por definir con claridad un espacio en la misma sociedad y en la normatividad política colectiva del Estado. Es esto lo que contiene la idea de definir una política de Estado para la educación superior, la ciencia y la tecnología, en donde desde su autonomía institucional, la autoridad de la razón crítica y del bienestar social sustituya a la autoridad de la tradición y del mercado, de la ignorancia y de la explotación.

Se trata con ello de que haga vigente, en primer lugar, que el conocimiento, el aprendizaje, la investigación científica y el desarrollo tecnológico deben ser bienes de carácter esencialmente públicos, y de normar y regular estrictamente el incrementado valor comercial de la propiedad intelectual. No se le niega, pero el interés público por y para la educación y de la sociedad debe estar por encima del interés individual y de lucro.

La universidad pública, como institución fundamental de la sociedad y del Estado, tiene por tanto, un conjunto de tareas estratégicas. La primera de ellas es, precisamente, la redefinición de sus relaciones con el Estado y con la misma sociedad, ahora deformadas y vilipendiadas.

Para muchos gobiernos (afortunadamente también contamos con otros y de otro signo, ahora), estas relaciones no se corresponden con un proyecto nacional, ni con los intereses colectivos. Se asume, de forma implícita pero a menudo de forma muy objetiva, que la universidad pública debe constreñir sus actividades académicas a las necesarias, por lo que no debe ni tiene por qué contar con recursos suficientes y crecientes para el desempeño de sus labores. Se le condicionan recursos extraordinarios sólo garantizados cuando se ha verificado el desempeño de sus actividades, a imagen y semejanza de un modelo que nadie sabe a ciencia cierta cuál es, pero que se proclama como uno de calidad y excelencia desde las oficinas y cubículos de los ministerios de educación pública. Una política de Estado debe ponerse en marcha desde otra lógica, para sustituir a la que no existe y se oculta.

Se requiere impulsar una política de Estado que preserve la identidad de la educación y atienda el reordenamiento de los estudios profesionales, con el fin de que estos respondan con mejores formas de organización, oferta y condiciones a los requerimientos del desarrollo del país. El gobierno, la administración y el financiamiento de la educación superior requieren de un ordenamiento completo, así como establecer mecanismos de financiamiento pertinentes. Por otra parte, esto requiere de un amplio sistema de información de la educación superior, que permita tener una visión precisa y certera de los recursos, infraestructura y potencial de cada institución.

Una política de Estado debe expresarse, en lo fundamental, en una política de financiamiento. Desde este plano, una política de Estado de la educación superior debe hacer referencia, en primerísimo lugar, a la responsabilidad del financiamiento del Estado a la educación superior desde una perspectiva estratégica, por los actuales y los próximos gobiernos, tanto federal como estatales y municipales, en un horizonte de largo plazo. Desde el plano del interés del Estado y de la sociedad debe contemplar distintas modalidades, instrumentos fiscales y no fiscales, y la participación y contribución del conjunto de los sectores productivos nacionales.

Es necesaria una política de Estado que comprenda el reconocimiento de la docencia y la investigación y que enlace todas las estrategias que permitan que México cuente en sus instituciones con académicos bien formados, cuyos beneficios repercutan en el sistema sin concentrarse exclusivamente en una sola institución de por vida.

Las políticas de Estado en materia de educación superior deberán necesariamente considerar el apoyo económico a los estudiantes, el aseguramiento de una plataforma de conocimiento y habilidades básicas al iniciar su formación superior, los mecanismos que alienten la calidad y la eficiencia, así como programas que den a los estudiantes oportunidades para fortalecer su formación con experiencias en otras instituciones y en, su caso, en otros países.

Una política de Estado en materia de educación superior debe dar continuidad al apoyo que se ha brindado a los estudios de postgrado, debe alentar a más jóvenes a ingresar y, al mismo tiempo, tiene que señalar las estrategias para que establezcan mecanismos de cooperación y vinculación viables entre las empresas y los sectores del desarrollo nacional con las instituciones de ecuación superior.

La constitución de un nuevo sistema educativo permanente y para toda la vida será obra de una nueva política educativa de Estado, entendida como un conjunto de principios, metas y objetivos comunes, tanto para el sector público como para el privado, para el aparato de gobierno como para la sociedad, para los grupos sociales como para los particulares y los individuos. Esta nueva política educativa concentrará una gran voluntad política, construida desde un consenso social expresado como un mandato popular de corto, mediano y largo plazo.

Los cambios no pueden implicar que se elimine la diversidad de objetivos de la educación superior. Se trata de un nuevo reto: conciliar la conservación con la renovación. Mantener vivo todo cuanto sea digno de conservarse y cambiar lo que se considere que deba cambiar para entrar en este nuevo milenio de conocimiento, de la información, de la técnica y también de los nuevos valores (derechos humanos, democracia, pluralidad, tolerancia, igualdad, reciprocidad, equidad, justicia, etcétera) en el que, de hecho, ha entrado la historia humana.

Así, una visión de Estado en torno a la educación superior, la investigación humanística, científica y tecnológica implica un proceso de transformación que se sustente en las siguientes bases:

Los intereses mayores de una política de Estado en México se sustentan en los de la sociedad y del mismo Estado.

La organización de un nuevo modelo de universidad pública debe sustentarse en la articulación de sus funciones y en la atención a los requerimientos de la sociedad, de la construcción de todos los campos de conocimiento y saberes, en la perspectiva de la complejidad misma de su esencia institucional y de su identidad histórica.

Los recursos financieros para el desarrollo de la universidad pública son inalienables, no pueden ser reducidos ni redefinidos y, desde el plano de la consecución de una estrategia de largo plazo, deben ser crecientes en correspondencia con los objetivos de su expansión y mejoramiento.

NOTA: Este es un fragmento de su conferencia presentada en la reunión del Consejo Ejecutivo de la UDUAL en la Universidad de Panamá en Noviemrbe de 2006.

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