En septiembre de 2019 este diario publicó mi columna de opinión titulada “La maraña que nos aprisiona”, donde refería que el gobierno de la década perdida hizo aprobar por una Asamblea Nacional sumisa, decenas de leyes farragosas e inconsultas, porque al tiempo que favorecían la concentración de poder, también rebajaban estándares de protección de derechos constitucionales y armaban un tinglado propicio para la corrupción. Ese enredo normativo impide que el país progrese con democracia y libertad, por lo que se requiere actuación decidida y pronta de los asambleístas, pero no solo en ese ámbito.

Cabe recordarle a la Asamblea Nacional que tiene al menos cuatro grandes compromisos con el país, el primero, construir acuerdos necesarios para trabajar por los aspectos más apremiantes, de tal manera que permitan superar la pandemia y reparar el tejido socio económico; el segundo, legislar responsablemente por grandes objetivos nacionales, por medio de leyes de calidad inspiradas en valores universales que garanticen libertades, gobernabilidad, transparencia, seguridad jurídica; el tercero, ejercer sin miramiento la función fiscalizadora para destapar millonarios atracos cometidos especialmente en los últimos lustros; el cuarto, colaborar con otros poderes públicos en provecho de los intereses generales. Urge acción legislativa en lo fiscal, sanitario, educativo, producción, empleo, ambiente.

No será fácil cumplir esta tarea, pero puede lograrse si se obra con pasión por el Ecuador, para rescatarlo de la fosa donde yace. Impulsar lo urgente y lo posible uniendo al país y escuchando a los actores sociales involucrados es tarea primordial de los poderes públicos, muy especialmente de los asambleístas -los representantes del pueblo soberano-, quienes, en los hechos y día a día deben dignificar su esencial misión, para demostrar que las cosas se pueden hacer mejor, que lo peor ya ha pasado. El tiempo corre y el país desespera.

Antiguamente, los filósofos Platón y Aristóteles sentaron las bases de la Ética relacionada con la conducta humana y las leyes que la gobiernan. En la edad media el cristianismo la vinculó con la moral y la interpretación de los evangelios; la edad moderna le insufló humanismo vinculándola con la razón y la cultura -el “imperativo categórico” de Kant-; contemporáneamente, la Ética es cuestionada desde el existencialismo y el nihilismo, porque la ciencia y la razón no han traído progreso ni felicidad para todos. Pero, nadie discute que la Ética exige un comportamiento humano correcto y bueno, enmarcado en valores y principios.

El 24 de mayo pasado, día de su posesión, el presidente puso en vigencia las Normas de Comportamiento Ético Gubernamental (D. E. 4), a las cuales se someterán los funcionarios públicos del Ejecutivo, entre ellos, ministros, viceministros, secretarios y subsecretarios; tiene que ver con vínculos familiares y conflictos de interés, uso de bienes y recursos públicos, honradez, igualdad de oportunidades y buen trato. De la supervisión y cumplimiento se encarga la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete. El incumplimiento de este instrumento deontológico causa la remoción del cargo del funcionario, sin perjuicio de otras acciones legales que pudieren tener lugar. Las Normas se sustentan en instrumentos internacionales y normativa nacional; son reglas, definiciones y principios para lograr transparencia y eficiencia, combatir la corrupción, y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y en la economía, ante la grave crisis ética en el manejo de los asuntos públicos, todo agravado por la pandemia.

¿Era necesario emitir un decreto de esta naturaleza? Sí, y debe cumplirse, ya que durante algunos años se impusieron desde el poder prácticas sucias y abusivas. Hay que dignificar y honrar el ser funcionario público, así como también la misión de servicio a la ciudadanía.

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores acaba de aprobar el Estatuto Migratorio Andino (Decisión 878), pieza esencial para consolidar la ciudadanía andina. Ecuador forma parte de la Comunidad Andina (CAN) desde su origen, cuando en 1969 se creó el Pacto Andino. Con acuerdos políticos y normativa supranacional, este proyecto integrador genera beneficios de carácter económico-comercial, así como de índole social a más de 110 millones de habitantes.

La CAN ha previsto mecanismos de reconocimiento y garantía de conquistas sociales sobre la base de las tradiciones constitucionales de los Países Miembros, relacionados, por ejemplo, con: derechos fundamentales y de ciudadanía, derechos económicos y empresariales, trabajadores, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, educación, salud, ambiente, sanidad, consumidores y usuarios, creadores intelectuales, patrimonio cultural.

Este Estatuto consolida la igualdad entre nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y proscribe la discriminación por nacionalidad. Aplica a los movimientos migratorios hacia otro País Miembro distinto al de la nacionalidad o domicilio habitual; regula el derecho comunitario andino en materia de circulación y residencia de los ciudadanos andinos y sus familiares, así como de los residentes permanentes extracomunitarios. Define “ciudadano andino” a la persona nacional de uno de los Países Miembros, en el marco de su Constitución; garantiza la libertad de establecimiento en condiciones igualitarias, complementando la preexistente libertad de desplazamiento sin necesidad de visa o pasaporte.

Con plena primacía sobre la ley nacional, la Decisión 878 entrará en vigencia en agosto próximo; los Países Miembros deberán adoptar todas las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento. Este logro ocurre a tiempo, cuando la pandemia demuestra la urgencia de profundizar la integración en beneficio de los habitantes de la subregión.

Para el futuro inmediato, con nuevo gobierno y un horizonte salpicado de incertidumbre y esperanzas, urge tranzar un pacto extraordinario sobre el orden fiscal y los medios para convivir pacíficamente, con equidad y derechos.

Dice la Constitución: “Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente, y procurarán la estabilidad económica.” (Art. 286). Es un pacto sociopolítico esencial que legitima el papel del Estado y el ámbito y alcance de sus responsabilidades en lo económico y social; sobre el monto, origen y destino de los recursos, acompañado de transparencia y de rendición de cuentas (CEPAL). Son reglas para que la economía se mantenga estable y crezca, con un régimen tributario eficiente, justo y amigable.

Involucra a la sociedad y al Estado, incluye gobiernos locales; se resume en cuánto contribuimos, cómo usamos los recursos y en qué forma logramos bienestar para todos. El pacto debe estar sustentado en amplia participación, no solo de los sectores económicos y productivos, sin cálculo político (populista), ni visión rentista.

Sostenibilidad de las finanzas públicas es sostenibilidad de las políticas, estabilidad macroeconómica, prudencia, previsión, para evitar crisis como la de la seguridad social. Tiene que ver también con deuda, déficit y gasto; con atraer inversión e incentivar la productividad y empleo; con manejo óptimo de los complejos ciclos económicos y volatilidad en los mercados.

Un pacto fiscal de verdad servirá para enfrentar los efectos sociales, económicos y hasta psicológicos de la pandemia -muchos están sin empleo, sin educación, y de luto-. Cambiará el manejo del erario nacional; coadyuvará a la paz, el bienestar y la gobernabilidad; reconectará la política a la sociedad evitando nuevos desangres y violencia extrema como lo sufrimos en octubre de 2019, y ahora lo padece Colombia. Es tiempo de hacer las cosas bien y de manera diferente.

Según datos difundidos últimamente, el aumento de personas que alcanzan la jubilación y la disminución de personas jóvenes que trabajan y cotizan es uno de los inconvenientes del sistema; otros son el desempleo, la insuficiente entrega de recursos por parte del Estado -que resultan de impuestos nacionales-, y la morosidad de empleadores.

Se ha dicho que es necesario subir el IVA, también incrementar los aportes, opciones cuestionables si se tiene en cuenta el bajo poder adquisitivo de los contribuyentes y la endeble situación de la economía agravada por la pandemia. El aporte de trabajadores y patronos es un “gravamen”, similar a un impuesto; alimenta el presupuesto de una institución autónoma como es el IESS, cuyos recursos son de los afiliados; ambos, aportes e impuestos, se usan bajo el principio de solidaridad, redistribuyendo la renta. Como no es dable que el presupuesto nacional lo administre un privado, tampoco lo es en el caso de los recursos de la seguridad social.

En concreto, para cambiar las cosas se requiere voluntad política, compromiso social y criterio técnico con enfoque en: reforma de la legislación sobre la base de un estudio actuarial que permita trazar estrategias de mejora de la gobernanza, liquidez y sostenibilidad, calidad de las prestaciones; revisión de la tabla de aportación a los diferentes fondos, auditoría a la deuda estatal, combate a la corrupción; discusión informada sobre la edad de jubilación, porcentaje de la jubilación, cálculo del promedio de la pensión.

El estado de inseguridad es inherente a la existencia humana, por una serie de riesgos y contingencias sociales. Lo que conocemos como seguridad social es resultado de una preocupación histórica cuya respuesta ha adoptado múltiples formas en diversas culturas y pueblos, en todas ellas se evidencian dos elementos esenciales, primero, es una responsabilidad compartida entre la comunidad y el Estado; segundo, debe funcionar bajo el principio de solidaridad.

Tanto el origen como la naturaleza de la seguridad social dejan claro que no puede ser privatizada ni mercantilizada, porque está fuera del circuito del lucro y el negocio; se trata de un asunto de interés público para el bienestar de los miembros de la sociedad.

La seguridad social es un derecho humano reconocido por múltiples instrumentos internacionales, incluso consta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas; la Constitución lo define como derecho irrenunciable de todas las personas, deber y responsabilidad primordial del Estado que debe garantizarlo; regido por principios como igualdad, solidaridad, obligatoriedad, universalidad y suficiencia (arts. 3, 34, 367 a 374).

El Banco Mundial y un conjunto de expertos acaban de difundir un estudio cuyas conclusiones preocupan, así: que el IESS registrará en 2022 serias complicaciones para continuar pagando pensiones a los jubilados; baja liquidez del fondo de invalidez, vejez y muerte; inconsulto diseño del sistema; incumplimiento del fisco con el aporte del 40%.

La seguridad social no ha tenido el trato profesional que requiere, y hasta ha sido objeto de abuso por parte de autoridades que la consideraron caja chica para gastarse recursos sagrados de los afiliados. Urge debatir la reingeniería y puesta al día del sistema, reafirmar su naturaleza pública, evitar la descapitalización y optimizar las aportaciones, lograr mejoras de los servicios. No habrá paz ni justicia social sin seguridad social digna.