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Políticas públicas

Por: Dr. Fernando López Parra PhD.
Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales -IAEN- la Universidad de Posgrado del Estado

El debate sobre el Estado y sus instituciones están marcados de manera indeleble por el COVID-19. Hoy, no hay duda que el conjunto de políticas públicas de los gobiernos enfrenta nuevos desafíos a raíz de la pandemia y todos sus efectos complejos e inéditos. Estas dificultades se suman a situaciones problemáticas estructurales que tiene que ver con contextos históricos y que van más allá de las que han aparecido estos últimos quince meses.

Es notorio que en gran parte de los países las situaciones estructurales de debilidad no se han alterado, mas bien, la pandemia funcionó como un acelerador, lo que, si se transformó, fueron los campos de debate por la sensibilidad que acarrea para la vida de las personas y de los Estados. El Ecuador, al igual que varios países de la región colocó un vasto conjunto de políticas públicas para enfrentar los efectos económicos, sociales, políticos y sanitarios del coronavirus sin prever hasta ahora los impactos de cada una de las medidas que se han tomado.

Con el gobierno que se inicia se espera respuestas ante las dos dimensiones de problemas pautados, los estructurales y los que han aparecido de forma exacerbada por las situaciones que estamos viviendo.  El país se enfrenta hoy a una serie de desafíos cruzados, por lo que se requiere del diseño de políticas públicas de mediano plazo que, de forma notoria, presente resultados concretos y claro está, que también se debe cuidar de las formas en que se diseñan y se ejecutan las políticas públicas, para no alterar el delicado equilibrio de la conflictividad y la paz social. La ecuación para mantener la gobernabilidad del país no es fácil de resolverla, más aún, si miramos a los dos países vecinos que están en situaciones complicadas sobre su vida institucional.

La política pública pasa a ser el espacio de trabajo necesario para cumplir con los propósitos del gobierno y de la sociedad, que son generadas especialmente por las autoridades de gobiernos que apelan a objetivos de interés público y que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde la participación de la ciudadanía es importante y estratégica.

Es sustancial para el actual gobierno, además de resolver con éxito la vacunación, es construir políticas de salud que garanticen de forma integrada el bienestar de su población, porque los problemas de salud serán latentes durante varios años y que se mostrarán sus efectos perversos desde lo físico hasta la mental en la población. Las políticas de salud y sus estructuras deben ser prioritarias y con un grado de eficiencia superlativos, la sociedad pondrá especial atención a esta política, que hoy por hoy, es la de mayor importancia. Así podemos citar políticas necesarias en el plano económico, del trabajo, de la seguridad, de las relaciones internacionales y otras.

Todo lo anunciado esta dentro de la necesidad en que los formuladores de políticas públicas tengan la capacidad de diseñar sistemas de políticas públicas viables y que las que se diseñan se puedan ejecutar en el marco institucional del Estado. Se requiere, por lo tanto, de profesionales en el servicio público capacitados para que los resultados sean eficientes, oportunos y principalmente transparentes.

Comenzamos bien

Por: Dr. Fernando López Parra PhD.
Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales -IAEN- la Universidad de Posgrado del Estado

Los primeros decretos del presidente Guillermo Lasso se enrumban a un nuevo posicionamiento de la función de gobernar y lo que llama la atención, de manera muy positiva, es la creación de la Secretaría Nacional de Planificación. En Ecuador, en un sentido histórico, la función de planificar desde el Estado ha tenido diferentes intensidades y niveles de importancia a partir de la reinauguración de la vida democrática en 1979. Si bien la función de planificar es una actividad técnica, esta tiene un peso político gravitante.

La planificación constituye una herramienta de gestión fundamental para prevenir y enfrentar crisis, ya que proporciona técnicas e instrumentos imprescindibles en el momento de racionalizar la actuación de la Administración pública, al alinear los recursos disponibles, por lo regular escasos, junto con las estructuras, las grandes necesidades, objetivos y metas que permitan cumplir los fines del Estado en función del bienestar de la ciudadanía, así como la reducción de los márgenes de pobreza y desigualdad, además de alcanzar el desarrollo sostenido de nuestras naciones. Es preciso entender que en estos tiempos la planificación estratégica y de carácter prospectivo constituye un fiel instrumento para la democracia y el desarrollo.

Fue lamentable que en nuestro país la mayoría de las actividades públicas hayan sido sometidas, de forma absurda, a la administración y coordinación de la ex Senplades, entidad a la que se le otorgó un poder exagerado y que en la práctica ejercía funciones relacionadas con el manejo del país y hasta decidía sobre las grandes políticas del Estado.

Los tecnócratas de ese tiempo ensayaron una serie de recetas que debilitaron en grado sustantivo la capacidad de planificación, gestión y evaluación de las políticas públicas, tarea que en este momento es preciso entregarle, dentro de lo que corresponde y en la justa medida, a la nueva entidad de planificación gubernamental.

La planificación no puede ser concebida sin que se proyecten de manera adecuada las grandes líneas para el desarrollo sostenible de nuestro país, que tomen en cuenta y prioricen los problemas más sentidos, mediante la racionalización del uso de los recursos disponibles y el desarrollo de las alianzas pertinentes; en este momento se precisa del establecimiento de metas de corto, mediano y largo alcance, con sus respectivos indicadores, medibles y fundamentados en las necesidades ciudadanas; todo lo dicho son imposiciones de estos tiempos que vivimos.

En la actualidad, toda planificación debe reconocer la posición de la ciudadanía frente al Estado y la Administración pública, por lo que se debe observar, garantizar y cumplir sin cortapisas sus derechos, en tanto que la ciudadanía, de forma consecuente y en un compromiso permanente de responsabilidad social, cumple con sus deberes ciudadanos; al final, los procesos planificadores deben centrarse en el desarrollo sustentable y en el bienestar de las personas, así como en las cláusulas y valores del Estado social y democrático de derecho.

Existe la necesidad de disponer de una gestión de gobierno planificada en tiempos tan difíciles como los que vivimos, en consecuencia, debemos disponer de un conjunto de instituciones inteligentes, para lo cual se requiere de funcionarios capacitados que puedan entender y llevar adelante las grandes líneas de la planificación gubernamental, para no fragmentar a la política pública ni a la institucional. Por lo tanto, llega a ser prudente que el presidente Lasso y sus colaboradores cercanos se dejen asesorar por especialistas en la gestión pública nacional. El Estado ecuatoriano tiene al Instituto de Altos Estudios Nacionales como su universidad, en la que se forman expertos en el manejo de la gestión del Estado, por lo que es un recurso y fuente de pensamiento importante en el cual el Gobierno se puede apoyar en situaciones tan complejas como las que tiene que enfrentar para mantener la gobernabilidad y la gobernanza del país.

Cien días

Por: Dr. Fernando López Parra PhD

Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales -IAEN- la Universidad de Posgrado del Estado

 

Los cien días son un constructo social por medio del cual relacionamos un tiempo específico con hechos a los que les otorgamos valores de trascendencia e importancia: los primeros cien días de una mujer embarazada, de una persona recién nacida, de un Gobierno entrante. Este último adquiere una dimensión mayor por tratarse de un constructo social ya no solo individual, sino colectivo. Este es el caso de Ecuador, donde los cien días se cuentan a partir del 24 de mayo. Para un Gobierno, como el que inaugura su período en dicha fecha, representan solo el 6 % de su mandato de cuatro años. En realidad, resulta ser un plazo muy corto en el que poco es lo que puede cumplir en términos estratégicos de la política, y en el que no se logra disponer de suficientes elementos e insumos que permitan constituirse en puntales para empezar a avizorar el futuro del Gobierno. No obstante, los primeros cien días son una especie de barómetro del poder y de la capacidad del presidente entrante.

El presidente electo, que debe enfrentar las circunstancias críticas que la pandemia del covid-19 ha impuesto al país y al mundo, ofreció durante su campaña electoral vacunar en cien días a la población ecuatoriana. Tarea difícil, porque depende de factores externos que están vinculados con la existencia real de vacunas y de su abastecimiento, junto con la capacidad logística y de ejecución de la inmunización en todo el territorio nacional.

Durante los primeros cien días, el nuevo mandatario deberá definir su gabinete y la estructura de los ministerios, además de emitir los decretos necesarios que permitan la ejecución de su plan de gobierno, junto con las leyes que deben ser enviadas al Poder Legislativo y las medidas urgentes requeridas para mantener la gobernabilidad y la gobernanza. Se pone en juego la fortaleza del Gobierno mediante la capacidad de gestión y el potencial real de la efectividad del liderazgo del gobernante.

A la brevedad posible se debe validar el plan de gobierno con los principales actores sociales, con objetivos y metas que sean conocidas por la sociedad y apegadas a la ley, al tiempo que se busque fortalecer de manera constante la institucionalización del Estado. Es prioritario centrarse en las medidas urgentes que requiere el país y acompañar su cumplimiento. Será necesario ensamblar la planificación con los sistemas de evaluación de las políticas públicas de manera urgente. Hoy más que nunca se ha verificado en la gestión del Estado moderno la necesidad de disponer de oficinas de evaluación de la gestión del Gobierno. Se requiere revisar el rol de ciertas instituciones que se han debilitado durante estos últimos tiempos. Son instituciones que están legalmente constituidas pero que no sirven para nada, es decir, no tienen legitimidad ante la sociedad.

La necesidad de atención a las finanzas públicas está dimensionada por el período de la pandemia del covid-19, ya que los Gobiernos tienen gastos muy altos para remediar la situación de calamidad pública. Aparte de eso, el balance fiscal también debe tomar en cuenta la probable necesidad de nuevos gastos para contener la pandemia en 2021.

Las universidades deberían ser las grandes aliadas del Gobierno entrante, por todo lo que ellas representan. Sí es pertinente, por ejemplo, que se constituya un frente de expertos que asesore al régimen en las diferentes áreas estratégicas del Gobierno y principalmente en las más urgentes y sensibles. Esperemos que los cien días de mandato del presidente Lasso sean los mejores, porque si a él le va bien, de seguro nos irá bien a todos los ecuatorianos.

 

El Estado en debate

Por: Dr. Fernando López Parra PhD.
Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Estado

Estamos cambiando y hoy más que nunca, de esto nadie lo duda. Llegó el virus y nos cambió nuestra percepción sobre la vida, las personas, las organizaciones, los países y claro sus formas de organización política, económica y social; gran parte de nuestras concepciones de lo que debió ser la realidad concebida ha mutado y están bajo revisión de nuestra razón y de las emociones que nos envuelve.

Por lo visto en la estructura del Estado hay que realizar una revisión y colocarnos de forma prospectiva en el contexto del presente y todas las consecuencias que vendrán en el futuro. Somos testigos que el Estado se ha vuelto cada vez más presente y necesario para resolver los problemas de complejidad extrema y que no estaban planificados.

Coloco para el debate que en nuestro país no puede posponer por más tiempo la creación de un Estado de Bienestar que involucre a todos sus ciudadanos, empezando por los más vulnerables. Ellos han sido los que más sufren el embate de la pandemia y hemos visto que se ha desnudado con más fuerza las desigualdades. La pandemia de COVID-19 ha evidenciado la extrema insuficiencia del sistema de protección social frente a los riesgos sanitarios y las crisis económicas que la estructura del Estado actual no ha podido responder. Tenemos un sistema de seguridad social inequitativo, fragmentado y residual, cuando lo que necesitamos es un régimen universal de bienestar.  Desde 1979 que iniciamos este ciclo democrático se ha reaccionado con una ausencia de soluciones, universales y coordinadas, el Estado ha implementado políticas asistenciales que poco han hecho para paliar la pobreza, la desigualdad y la falta de movilidad social.

Necesitamos un Estado de bienestar que nos proteja de los riesgos tan complejos a los que estamos expuestos durante el transcurso de la vida, que genere capital humano por medio de la educación, que provea servicios sanitarios de calidad y que garantice la igualdad de oportunidades, regional y de género.

Para salir de este hueco histórico hay que realizar inversiones simultáneas en un Estado de bienestar que planifique, invierta y gestione de forma coordinada, trasparente y eficiente en: Infraestructura de salud, educativa, en seguro de desempleo y en cualquier propuesta que se oriente a proteger a las personas de los nuevos riesgos sociales que enfrentan en las distintas etapas de su curso de vida y a la vez a prepararlas para insertarse exitosamente en mercados laborales cambiantes.

Es necesario cambiar la estructura del Estado moderno capitalista para que deje de concentrar riqueza en pocas manos y que se pueda redistribuir en una sociedad en donde predomine el trabajo justo y duradero. Pensemos en un Estado de bienestar responsable con todos.

Fatiga

Lectura estimada: Por: Dr. Fernando López Parra PhD
Rector del IAEN la Universidad de Posgrado del Estado

Ha pasado el primer año de la pandemia del covid-19. El cansancio, la tristeza, junto con el desasosiego de gran parte de la población del mundo se ha transformado en una variable permanente; ya los estudios advierten que se padece de fatiga pandémica, pues las limitaciones que demanda el hecho de cuidarse y hasta de mantenerse con vida son mayores que la posibilidad de una franca libertad de un accionar social. Estamos con distanciamiento social, uso de mascarillas, restricciones de transporte, realidades que imposibilitan una vida como la que teníamos antes de marzo de 2020. Al mismo tiempo, son frecuentes y no pocos los comportamientos irresponsables de quienes no respetan las normas que intentan impedir que el contagio se expanda y se agudice. Todos queremos que ya esto termine y que regresemos a una normalidad en la que podamos acercarnos con quienes hemos tenido que distanciarnos debido a la pandemia.

Ciertos grupos de la sociedad no solo que no acatan las medidas de prevención, sino que están respondiendo de forma violenta ante tan largo período cargado de una ausencia de soluciones, de oscuridad y sobre todo de incertidumbres. Todo ello lleva a un incremento de la desconfianza en los poderes públicos y a la búsqueda individual de soluciones de defensa ante la enfermedad que recorre el mundo.

Se evidencia, a pesar de todo, que hay diferencias entre los países con mayor desarrollo y los más pobres. Se observa que hay naciones que han logrado vacunar en seis semanas a toda su población; en general, en los países más ricos el porcentaje de vacunados es alto, en tanto que en los Estados pobres ni siquiera se llega hasta la fecha a completar dos cifras en su porcentaje. Los llamamientos de Naciones Unidas a repartir los cargamentos de vacunas no parecen tener excesivo éxito, aunque hay esfuerzos de reparto, unos teñidos de propaganda política y otros parece que con un contenido más solidario. No hemos podido construir bloques regionales para que juntos podamos tener más fuerza de demanda ante las empresas productoras de vacunas, tal y cual sí lo han hecho los países africanos. No se consigue entender que ante esta situación tan compleja todos los habitantes del planeta somos ciudadanos del mundo y que debemos ser cosmopolitas.

Estamos cansados de esta situación y vemos que lo público juega un papel fundamental y tiene un inmenso valor que se estima por los gobernantes que han logrado la coyuntura en sus países, tras fortalecer lo público, para que el futuro no nos reciba mal parados, como nos ha pasado con lo pandemia que nos asola.

Las administraciones y sus gobernantes deben contribuir a recuperar el ser social de los ciudadanos, quienes están hartos de permanecer entre cuatro paredes y frente una pantalla y que están prestos a intervenir en los asuntos públicos y en la vida social.

En la actualidad, el ciudadano no está satisfecho por la distribución de las vacunas; estamos en verdad agotados y con fatiga y muchos más estarán los trabajadores de la salud. Hay la necesidad de que el Gobierno entrante nos renueve la energía para trabajar por un Ecuador mejor.

Transición

Por: Dr. Fernando López Parra PhD.
Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales -IAEN- la Universidad de posgrado del Estado

Ahora que sabemos que tenemos nuevo Gobierno, con nombre y apellido, y que se posesionará el 24 de mayo, se requiere de una transición, un puente que establezca una comunicación directa, abierta y franca entre los gobernantes que dejan el poder y quienes pasarán a ser los nuevos gestores del Ecuador. Este cambio de Gobierno, por las circunstancias particulares que vivimos, requiere de un proceso diferente.

La transición implica una etapa sensible de la administración del Estado y del Gobierno, en la que se entrega de manera oportuna, ordenada, objetiva y jerarquizada toda la información y los balances de políticas públicas del Gobierno saliente y de su administración. Esta información debe responder a los factores clave que caracterizaron la política del Gobierno saliente y debe ser aportada con claridad, a fin de que permita comprender de manera adecuada el estado de situación de las políticas en marcha.

El tiempo como variable debe ser bien administrado y de forma eficiente, por ejemplo, la necesidad de que en los primeros cien días del Gobierno entrante se resuelva o se avance de forma significativa con la vacunación será decisivo para mantener la gobernabilidad en los próximos cuatro años del nuevo poder. Se requiere, por esta razón y otras, un enganche de las políticas públicas que favorecen este proceso con las nuevas propuestas del presidente entrante. No se puede perder tiempo ni oportunidades. Y ojalá que no se busque refundar otra vez el país, esto sería un error. La premisa es avanzar con las políticas públicas que se consideran viables y positivas y también redireccionar las que tienen dificultades.

Los problemas básicos que surgen en las transiciones del Poder Ejecutivo se ubican sobre todo en la entrega oportuna de la información por parte de las autoridades salientes a las entrantes, así como en la definición de las prioridades de las políticas públicas por parte de los nuevos gobernantes.

En ese orden, es importante identificar los nudos administrativos o políticos críticos que han afectado el cumplimiento de políticas o proyectos transformadores, a fin de que se ubiquen de forma inmediata los obstáculos que los nuevos gobernantes deben enfrentar.

Es frecuente que los equipos encargados de la transición demoren de manera excesiva en la sistematización de la información y en la entrega de esta a los equipos que ingresan; dicha interface puede generar dudas y deudas políticas e informativas de arrastre por meses, lo cual produce costos políticos públicos y de organización interna del Gobierno entrante. Se sabe que organismos internacionales están apoyando este proceso, lo cual es positivo y saludable, pero sí es pertinente que ayuden a facilitar la transición también las universidades especialistas en esta temática.

No se puede gobernar con las mismas matrices de la política del pasado, debemos renovarnos y entender que cada elemento de la responsabilidad de gobernar tiene una especificidad particular. Es claro que no es lo mismo gerenciar una empresa privada que gobernar un país. Queremos que el próximo Gobierno tenga el éxito que los ecuatorianos merecemos y hay que apoyarlo desde todas las instancias posibles. La transición ya es la primera prueba de saber gobernar y esperamos que lo hagan de forma inteligente.

 

Voto

IAEN على تويتر: "“El servidor público”, es el artículo de Fernando López Parra, rector del #IAEN publicado en Diario @el_telegrafo. El documento reflexiona sobre el rol y compromiso de los funcionarios del
Por: Dr. Fernando López Parra PhD.
Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales -IAEN- la UNiversidad de Posgrado del Estado
Supongamos que usted se hace amigo de un extranjero que acaba de llegar a Ecuador para pasar las vacaciones. Imagine que, un día, él le pregunta a usted si en nuestro país se vive en democracia. ¿Qué respondería? En principio, es muy probable que su respuesta sea afirmativa y, de hecho, si es así, será correcta. Desde hace unos cuarenta años, Ecuador ha sido una democracia, y esta condición la consiguió nuestra propia sociedad, que soportó distintos Gobiernos dictatoriales por varias ocasiones. 

Pero, ¿qué significa decir que Ecuador es una democracia? Bueno, en un principio, se podría decir que nuestro país es una democracia porque elegimos a nuestros gobernantes; porque los derechos de los ciudadanos ecuatorianos están establecidos por leyes, que también los garantizan; porque (al menos en teoría) todos somos iguales ante las leyes; porque hay libertad de prensa, religión, movilidad, etc. Por otro lado, alguien podría cuestionar el carácter democrático de nuestro país, teniendo en cuenta nuestros altos índices de pobreza y miseria, es decir, el hecho de que estamos en un país cuya distribución de ingresos está entre los más críticos. Además, sabemos que hay una diferencia muy grande en el trato que el Estado capitalista en general le dedica a los ricos y a los pobres.

El aspecto formal de la democracia constituye el conjunto de instituciones que caracterizan a este régimen político. Entre ellos, destacamos las elecciones libres, el voto secreto y universal, la autonomía de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la existencia de más de un partido político y la libertad de pensamiento, expresión y asociación. En otras palabras, nos referimos a las reglas del “juego” democrático, al establecimiento de los medios por los que se pone en práctica la democracia. En el ejercicio democrático se resalta el proceso de elecciones, en el cual la institución o el poder electoral adquiere una relevancia decisiva en la construcción de la democracia.

En el caso de nuestro país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe disponer de forma incólume la garantía del proceso eleccionario. Lo que hemos observado en nuestra vida democrática, de forma lamentable, es la reducida legitimidad de este organismo clave en la vida del Estado ecuatoriano. Es el momento en que el CNE se coloca en juego su legitimidad ante la sociedad y tiene la obligación de darnos confianza de sus actos. Estamos hoy más que nunca atentos a que las próximas elecciones sean un ejemplo de un accionar transparente, técnico, participativo y democrático. No debe quedar duda de la voluntad de los ecuatorianos en el ejercicio del voto. También es importante que las organizaciones (ocasionales o permanentes) que representan intereses de sectores de la comunidad participen tanto en la veeduría para un mejor cumplimiento de la voluntad general, así como en el acompañamiento del proceso, además de colaborar con la transparencia de las acciones en las distintas instancias del poder electoral. Al final, no solo está en juego el triunfo de un candidato sino la búsqueda de un mejor país. Por los anotado, nosotros no podemos equivocarnos el próximo 11 de abril.

Acuerdo Nacional

Por: Dr. Fernando López Parra PhD.
Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales -IAEN- la Universidad de Posgrado del Estado

Estamos a un poco más de dos meses de estrenar nuevo presidente para el Ecuador y, por lo visto, debemos elegir entre dos alternativas que son antípodas en sus propuestas políticas. Lo cierto es que quien quiera que resulte electo no tiene la cosa fácil, pues debe dar cara a varios retos impostergables desde el primer día de gestión. De hecho, es complejo determinar un orden de prioridad, ya que los asuntos pendientes del país se interrelacionan los unos con los otros.

Las primeras políticas públicas deben estar dirigidas a solucionar el problema de la pandemia, por lo que deben ser muy consistentes y prácticas en sus resultados. En este punto, es claro que la vacunación se vuelve prioritaria para generar el inicio de una gobernabilidad de carácter eficaz y eficiente. Cuando se haya vacunado a la señora María Ninabanda, que vive en las faldas del Chimborazo, y al señor Carlos Estupiñán, que reside en San Lorenzo del Pailón, podremos decir que se ha cumplido con gran parte de la campaña de vacunación contra el covid -19. Pero hasta lograrlo de seguro correrá mucha agua por debajo del puente y se estima que solo se cumplirá esta meta durante el segundo semestre del 2022.

Otro de los grandes desafíos es disminuir los lamentables índices de pobreza que aparecieron hace poco, pues estamos con el 32,7 %, según el INEC, indicadores que son similares a los que teníamos en los peores momentos de la década de 1990. Es decir, hemos retrocedido treinta años en este indicador. Los efectos de dicho índice son de los peores en términos políticos, porque son razones que permiten comprender los niveles altos de conflictividad social, violencia, inseguridad e ingobernabilidad. Claro está, que en la política económica hay que buscar la sostenibilidad fiscal, fortalecer a la dolarización y conseguir el equilibrio  de la balanza comercial y de pagos. En este campo se vuelve impostergable la definición de políticas orientadas a la  generación de empleo de calidad, situación difícil para remediar en un escenario de crisis económica y sanitaria.

El campo de la educación requiere un nuevo oxìgeno para la inclusión y la igualdad de oportunidades, no puede ser el espacio en el que se generen inequidades que se reproducen en todos los ámbitos de la vida, es decir, educación básica de mala calidad devendrá en educación profesional deficiente, lo que, a su vez, dará origen a espacios de mayor inequidad por la falta de oportunidades de empleo. Este círculo nefasto tiene que romperse con políticas educacionales fundamentales y sustantivas  y no solo paliativas.

La seguridad de la sociedad está en riesgo; se ha observado los índices crecientes de violencia contra las mujeres, existe la necesidad de erradicar la violencia sexual y con esto la prevención del embarazo a edades tempranas. En las políticas de seguridad se debe poner atención al aumento de la violencia y de la criminalidad que està enraizada inclusive dentro de los recintos carcelarios. Enfrentar dicha situación es urgente, caso contrario, tendremos que seguir contando victimas dentro y fuera de las cárceles de nuestro país.

Como vemos, las tareas en políticas públicas que hemos citado de forma resumida son urgentes para ser aplicadas por el Gobierno entrante. Existe la necesidad impostergable e inmediata de construir un gran acuerdo nacional en el que nos unamos todos para sacar a flote a nuestro querido Ecuador. El país requiere que se nos brinde confianza para tomarnos de la mano y construir un futro mejor para todos.

La privacidad

Por: Dr. Fernando López Parra PhD.
Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales -IAEN- la Universidad de Posgrado del Estado

La privacidad es un componente esencial de la formación de una persona. La definición sutil de lo que se difunde o no sobre uno mismo, el criterio de lo que se debe hacer público o de lo que se debe ocultar, o la prudencia en relación con el hecho de revelar algo personal a un extraño, más que una mera preferencia o capricho, define con exactitud lo que es un individuo o un grupo de personas.

Las redes sociales se han convertido en un escenario en el que sus usuarios exhiben lo que les conviene: desde lo laboral hasta una nueva imagen, desde lo familiar hasta los viajes realizados, traduciéndose en una realidad en la que algunas personas suponen que su vivencia personal solo adquiere valor si es expuesta en las redes. Algunos renuncian a la privacidad en nombre de la mayor cantidad de “Me gusta”, que a menudo provienen de extraños, pero que satisfacen la necesidad de aprobación que casi todos queremos. Caso contrario, el individuo se siente reprochado y con sentimiento de rechazo. En estos tiempos de difícil interacción social física las redes se han convertido en el espacio de socialización en todos los ámbitos de la actividad humana.

Las redes sociales son un medio utilizado tanto para intercambiar información sobre la vida cotidiana de las personas, como para generar comunicación entre empresas y consumidores. Sin embargo, en el momento en que estas interacciones generan algún tipo de malestar o invaden la privacidad, es necesaria la intervención e interferencia legal por intermedio de profesionales capacitados para interpretar cada situación y tomar las medidas oportunas, según cada caso. Por tanto, es necesario entender cómo se producen estas situaciones y qué límites hay que respetar para no incurrir en delitos virtuales.

Estos espacios virtuales se han convertido en nuestros álbumes de fotos, nuestros murales publicitarios e incluso nuestra voz. Publicamos lo que nos pasa durante el día, damos nuestra opinión sobre noticias, participamos en debates, etc. Y todo esto, a menudo, de forma pública. Aunque nos gusta compartir experiencias con nuestros contactos, debemos tener en cuenta que, si lo hacemos sin mucho cuidado, toda la información que publicamos puede acabar volviéndose accesible no solo a usuarios de la red social, sino incluso a redes delictivas de extorsión, por citar solo una posibilidad, a quienes ofrecemos en bandeja una radiografía detallada de nuestras vidas. Esta es una táctica muy utilizada por grandes empresas para obtener información privada y que luego se comercializa.

La privacidad entendida como un derecho se ha puesto en juego y lo hemos hecho de forma impensable pero voluntaria, por lo cual es imperioso que se legisle con mucha inteligencia en beneficio de acceder a los retos que nos plantea la modernidad y al cuidado de la privacidad de la persona.

La carrera por la vida

Por: Dr. Fernando López Parra PhD.
Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales -IAEN- la Universidad de Posgrado del Estado

La carrera mundial por una vacuna contra el covid-19 es, con toda probabilidad, una de las más decisivas y frenéticas de nuestro tiempo. En menos de un año, compañías farmacéuticas, Gobiernos, centros de investigación y empresas similares de todo el mundo se han unido y materializado inmunizadores capaces de contener infecciones y muertes y, de esta manera, tan pronto como sea posible, rescatar al mundo del aislamiento en el que nos hemos sumido para conservar la vida.

Esta carrera, como en toda competencia, deja a unos adelante, a otros atrás y a muchos muy atrás. La competencia velada por la vacuna dejará secuelas imborrables, quizás tan similares como la Gran Depresión de 1929 que afectó a todo el mundo. Ahora estamos inmersos en esta búsqueda de la vacuna para no tener, ante todo, más pérdidas de vidas de las que ya ha padecido la humanidad en este tiempo, sin dejar de mencionar la profunda afectación que ha sufrido la economía mundial. Se trata de una carrera contra el tiempo para que la población sea vacunada y con esto preservar la vida humana y recuperar la economía de los países.

Ahora las autoridades sanitarias de muchos Estados luchan por adquirir y administrar la mayor cantidad de dosis posible, surgen las advertencias de que la forma en que se distribuyen las vacunas representa otro grave peligro para la salud pública en todo el mundo, según apunta un estudio de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, la cual se convirtió en un referente en el tema de la distribución de la vacuna. Esto se debe a que los países más ricos ya han comprado la mayor cantidad de vacunas que se producirán este año, mientras que los más pobres no tendremos dosis para aplicar incluso en las poblaciones más vulnerables. Se estima que alrededor del 90 % de las personas de casi 70 países de bajos ingresos tendrán pocas posibilidades de ser vacunadas durante el 2021.

De los 140 millones de dosis de vacunas administradas hasta el momento, más de tres cuartas partes se han aplicado en tan solo 10 países, que representan el 60 % del PIB mundial. A la fecha de hoy, casi 130 países, con 2500 millones de habitantes, todavía no han administrado ni una sola dosis o han sido muy residuales. En América Latina son pocos los países que se destacan por llevar adelante procesos exitosos de vacunación de su población, como es el caso de Chile y Costa Rica, en tanto que los demás estamos supeditados a la ley de mercado, es decir, si hay recursos para comprar se obtendrán vacunas a la mayor prontitud o, caso contrario, tendremos que esperar a plazo indefinido.

Esta estrategia de inequidad promovida por los productores y por los países de mayor renta traerá consigo efectos contraproducentes para todos, pues implicará costos en vidas y afectación en medios de subsistencias, además de que dará al virus nuevas oportunidades para mutar y evadir las vacunas, lo cual socavará la recuperación deseada. Ante un problema mundial de estas proporciones se requiere de soluciones globales. Los organismos internacionales brillan por su ausencia y las alianzas entre países de menor renta no existe. Nos toca, una vez más, correr en solitario en medio del baratillo de ofertas electorales que nos hace perder de vista lo importante, como es la vida humana.