Por: Dr. Juan J. Paz y Miño C.

He sido profesor universitario durante décadas. Conozco universidades del exterior, a las que he sido invitado. He desempeñado funciones que me han permitido interactuar en el mundo académico nacional e internacional. Tengo obras y artículos publicados. Puedo decir, con bases firmes, que conozco el mundo de la universidad.

Cabe reconocer, por tanto, que el gobierno de Rafael Correa introdujo cambios sustanciales en la educación superior. Fue necesario imponer reformas, acreditaciones, seguimientos y, por cierto, cierre de universidades “de garaje”. Los objetivos, acciones y procesos generados chocaron contra el tradicionalismo, los intereses privados y las opiniones de políticos y analistas que nada pueden decir sobre el tema.

Pero, en medio de esos avances, también han surgido otros problemas para la vida universitaria. Hoy, la burocratización, los controles, el papeleo, la acumulación de actividades administrativas, la metodología de evaluación institucional, etc., han pasado a ser frenos para el mejor progreso universitario.

Hay diversas situaciones por replantear: reconocimiento de títulos extranjeros sometido a trámites arbitrarios, dogmática exigencia y valoración de publicaciones indexadas, inconsulto criterio para asignar horas a la investigación, acumulación innecesaria de actividades y controles relativos a evaluaciones, distributivos, gestión, tutorías, vinculación, sobrecarga de papeles e informes, etc.

Se aceptó, sin crítica, el sistema de “control de calidad” basado en procesos y evidencias, que nació en la postguerra mundial para armas y productos, y que el neoliberalismo pedagógico lo extendió a la educación. Hay múltiples trabajos que lo cuestionan y pronunciamientos contrarios de docentes desde mediados de la década de 1990, cuando comenzó a generalizarse en Europa y América.

Requerimos más libertad universitaria. También absoluta primacía de la docencia y la investigación. Pero, ante todo, que Senescyt, CES y Ceaaces, como instituciones rectoras para la universidad ecuatoriana, lo comprendan.

FUENTE: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/universidad-entre-avances-y-frenos

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Quito, 27 de noviembre de 2017

Por: Dr. Juan J. Paz y Miño C.

Un informe del Banco Mundial (Taking on inequality. Poverty and shared prosperity, 2016) destaca a Ecuador como el país de América Latina con mayor reducción de la brecha entre ricos y pobres, y mayor aumento del ingreso de este sector.

Otra nota del mismo BM (abril 2017, http://bit.ly/1GoUbEr) sostiene que entre 2006 y 2014 el PIB de Ecuador creció en promedio al 4,3%, lo que permitió un mayor gasto público y sobre todo social y de inversiones. Gracias a ello, “la pobreza disminuyó del 37,6% al 22,5% y el coeficiente de desigualdad de Gini se redujo de 0,54 a 0,47 debido a que los ingresos de los segmentos más pobres de la población crecieron más rápido que el ingreso promedio”.

El BM reconoce que esos logros cayeron bajo riesgo por la baja de precios del petróleo, la apreciación del dólar y el terremoto de abril de 2016 en la Costa norte, de modo que entre 2014 y 2016 “el desempleo urbano aumentó de 4,5% a 6,5% y el subempleo urbano aumentó de 11,7% a 18,8%. En este mismo período, la pobreza y el coeficiente de Gini de desigualdad permanecieron básicamente estancados”.

Pero también reconoce que las medidas que se tomaron por entonces lograron “moderar temporalmente” los efectos recesivos; aunque en el futuro se requerirá fortalecer al sector privado.

En su visita a Ecuador, el pasado 29 de noviembre, Alejandro Werner, director departamental del Ministerio Occidental del FMI afirmó, en declaraciones públicas (http://bit.ly/2jy7lHF), que la situación de la economía ecuatoriana “nos ha sorprendido en 2017 de manera favorable, con un crecimiento mayor al que habíamos anticipado”.

También una comunicación del FMI (http://bit.ly/2iGVINF) aclaró que Werner sostuvo: “Es evidente que la economía está recuperándose a buen ritmo tras la recesión de 2016 y que la actividad ha sido más vigorosa de lo que habíamos previsto en nuestras proyecciones más recientes de octubre”.

El desliz del FMI parece inclinar la opinión a una “mesa servida”, más que a un desastre económico, del cual a diario se forjan opiniones apasionadas.

FUENTE: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/desliz-del-fmi-en-ecuador

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Quito, diciembre 11 de 2017

Por: Dr. Juan J. Paz y Miño C.

En un artículo anterior (http://bit.ly/2AcQ8gJ) me referí, de manera general, a los avances en la educación superior logrados durante la última década y sobre todo a los frenos que igualmente se acumularon y que hoy afectan a la docencia y a la investigación, víctimas de papeles, informes, evaluaciones, seguimientos y actividades que burocratizan la vida universitaria y además agobian el trabajo docente.

De persistir esta situación, precisamente la docencia y la investigación, que son el eje de la actividad de los profesores universitarios, no tendrán perspectivas de desarrollo y progreso, a pesar de las líricas declaraciones sobre la necesidad de la ciencia, de la innovación o de la producción académica.

En materia de investigación subsisten algunos dogmas. El mayor ocurre en el campo de las ciencias sociales. La moda intelectual de medir sus avances por el número de artículos publicados en revistas indexadas (que, en muchos casos, son verdaderos negocios) afecta a las ciencias sociales latinoamericanas. Pero su impacto no está en los “journals”, sino en la legitimidad e influencia que los libros y artículos alcanzan en la sociedad, la educación, la cultura y la política. Las ciencias sociales no pueden tener el mismo tratamiento que tienen las ciencias médicas o las naturales. No se descartan las revistas especializadas, que pueden ser interesantes por las temáticas concretas.

Sin embargo, en el campo de la historia hay otra consideración: el conocimiento, la innovación, el resultado académico vienen del trabajo acumulado con la revisión de fuentes en archivos a los que inevitablemente hay que consultar, en una paciente actividad de búsqueda y selección.

La Asamblea Nacional, responsable de la elaboración de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) debe afrontar con seriedad y responsabilidad la generación del ambiente adecuado para el avance de la investigación en la universidad ecuatoriana, sobre la que hoy pesan los sistemas de supervisión burocratizados basados en las “normas de calidad”.

FUENTE:

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/la-universidad-y-la-investigacion-social

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Quito, diciembre 4 de 2017

Por: Dr. Juan J. Paz y Miño C.

He sido profesor universitario durante décadas. Conozco universidades del exterior, a las que he sido invitado. He desempeñado funciones que me han permitido interactuar en el mundo académico nacional e internacional. Tengo obras y artículos publicados. Puedo decir, con bases firmes, que conozco el mundo de la universidad.

Cabe reconocer, por tanto, que el gobierno de Rafael Correa introdujo cambios sustanciales en la educación superior. Fue necesario imponer reformas, acreditaciones, seguimientos y, por cierto, cierre de universidades “de garaje”. Los objetivos, acciones y procesos generados chocaron contra el tradicionalismo, los intereses privados y las opiniones de políticos y analistas que nada pueden decir sobre el tema.

Pero, en medio de esos avances, también han surgido otros problemas para la vida universitaria. Hoy, la burocratización, los controles, el papeleo, la acumulación de actividades administrativas, la metodología de evaluación institucional, etc., han pasado a ser frenos para el mejor progreso universitario.

Hay diversas situaciones por replantear: reconocimiento de títulos extranjeros sometido a trámites arbitrarios, dogmática exigencia y valoración de publicaciones indexadas, inconsulto criterio para asignar horas a la investigación, acumulación innecesaria de actividades y controles relativos a evaluaciones, distributivos, gestión, tutorías, vinculación, sobrecarga de papeles e informes, etc.

Se aceptó, sin crítica, el sistema de “control de calidad” basado en procesos y evidencias, que nació en la postguerra mundial para armas y productos, y que el neoliberalismo pedagógico lo extendió a la educación. Hay múltiples trabajos que lo cuestionan y pronunciamientos contrarios de docentes desde mediados de la década de 1990, cuando comenzó a generalizarse en Europa y América.

Requerimos más libertad universitaria. También absoluta primacía de la docencia y la investigación. Pero, ante todo, que Senescyt, CES y Ceaaces, como instituciones rectoras para la universidad ecuatoriana, lo comprendan.

FUENTE: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/universidad-entre-avances-y-frenos

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Quito, 27 de noviembre de 2017

Por: Dr. Juan J. Paz y Miño C.

Es indudable que la historia no es considerada una ciencia social que sirve para dar fundamento a las decisiones de política económica.

En múltiples artículos, y en mi libro Historia de los impuestos en Ecuador (bajar en PDF: https://goo.gl/QNaRNb), he demostrado que desde 1928, cuando se estableció el impuesto a la renta, este fue cuestionado y sistemáticamente evadido por las capas dominantes y ricas del país. Pero no solo este impuesto, sino todos los que esos mismos sectores consideraban como una verdadera rapiña estatal a su “esfuerzo privado”.

Reducir impuestos o eliminarlos sigue hoy como una causa suprema de lucha de las élites económicas, en nada diferenciadas con las del pasado en esta materia. Han procurado convencer al país que están ahorcadas con demasiados impuestos y que estos son altos. Es un mito histórico. De acuerdo con los estudios de la Cepal, el nivel impositivo en Ecuador está por debajo de la media latinoamericana, que también es baja (20%).

En el siglo XX, como en oleadas cíclicas, se trató de construir una institucionalidad firme en la recaudación de impuestos, que sirviera para que el Estado tenga recursos con los cuales proveer a la población de amplios servicios como educación, seguridad social, atención médica, vivienda y, además, obras de infraestructura: agua potable, electricidad, carreteras, etc. Permanentemente esas capacidades estatales fueron boicoteadas o liquidadas por los intereses privados que vieron al Estado como “obeso” y hasta “enemigo”, lo cual es otro mito que la historia económica del Ecuador destruye a cada paso.

En el pasado, el que se llamaba Ministerio de Hacienda tuvo limitaciones de todo tipo para perseguir la evasión de impuestos; hoy contamos con un Servicio de Rentas Internas (SRI) con enormes capacidades para detectar la evasión y cobrar impuestos en forma efectiva. Algo parecido ocurre en las Aduanas, que en la historia del pasado republicano también fueron un desastre y hasta cómplices en las evasiones.

De acuerdo con el SRI, 215 grupos económicos adeudan $ 2.260 millones al Estado; son $ 655 millones de perjuicio al fisco por empresas fantasmas; $ 4.700 millones salieron a paraísos fiscales, un monto equivalente al déficit fiscal que el gobierno aspira a reducir en 4 años. En aduanas el perjuicio por facturas falsas es casi de $ 2.000 millones.

Son cifras de la corrupción privada por impuestos que no se pagan al Estado y que se quedan en manos de los perjudicadores. Son, además, cifras monumentales, que contrastan con los apenas $ 1.700 millones que el gobierno aspira a lograr anualmente con las medidas que acaba de adoptar.

La evasión es un problema prioritario y no marginal en Ecuador. Merece acciones judiciales implacables. Y resulta una autolimitación histórica proclamar que habrá “estabilidad tributaria” pero en el sentido de que las reformas solo serán para bajar impuestos. La historia nacional clama porque se suban impuestos a las élites económicas que, paradójicamente, hoy incluso se sienten “desilusionadas” con las medidas tomadas por el presidente Lenín Moreno.

FUENTE: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/y-la-gigantesca-evasion-tributaria

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Quito, octubre 16 de 2017

Por: Dr. Juan J. Paz y Miño C.

La semana pasada se realizó en la PUCE una mesa redonda con la participación de los economistas Nicolás Oliva, Daniel Legarda (Federación Ecuatoriana de Exportadores-Fedexpor); Mauro Andino (Servicio Nacional de Aduana); Richard Martínez (Comité Empresarial Ecuatoriano-Cámara de Industrias) y Leonardo Orlando (Servicio Rentas Internas-SRI).

Los dos empresarios presentes expresaron sus criterios con argumentos, como corresponde hacerlo en los ambientes universitarios. Anhelan políticas del Estado que fomenten las actividades privadas; y mantienen la visión desde los ‘costos’ y la ‘competitividad’, términos que no son adecuados para la comprensión de la economía nacional desde la perspectiva de su variada situación social y la multiplicidad de intereses populares.

Resulta alarmante la referencia que hizo R. Martínez sobre las propuestas de las cámaras empresariales al Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que bien pueden reducirse a un triple ‘espíritu’: No al Estado, No a los impuestos, Sí a la flexibilidad laboral. Es una visión históricamente caduca y opuesta al ‘espíritu de Montecristi’ de la Constitución de 2008 y que merece, por tanto, el rechazo ciudadano.

N. Oliva, con una exposición técnica, demostró que no es cierto que el mayor gasto o inversión pública afecten al sector privado, sino que contribuyen al desarrollo. Enfoque coincidente con M. Andino, quien criticó la globalización, sostuvo la necesidad de que el Estado intervenga en el comercio externo (sobre todo para que el exceso de importaciones no ponga en riesgo a la dolarización) y presentó datos inéditos de la falsa facturación, que defrauda al Estado en millones de dólares.

La intervención que merece particular referencia es la de L. Orlando, director del SRI. Fue muy claro y enfático en sostener la necesidad de los impuestos progresivos y de la redistribución de la riqueza, términos que los empresarios nunca plantean y que son centrales en la Constitución de 2008.

El SRI realiza importantes investigaciones económicas que vale seguir. Según datos institucionales, hay 215 grupos económicos, cuya presión fiscal no llega al 3%, y sin embargo adeudan $ 2.260’157.584 al Estado. Además, “hay 15.719 contribuyentes que han utilizado comprobantes de venta emitidos por 512 empresas fantasmas. El monto de transacciones realizadas por estas empresas fantasmas con sus clientes asciende a $ 2.100 millones, generando un perjuicio al fisco de $ 655 millones en Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado (IVA)”; y también “alrededor de $ 4.700 millones salieron a paraísos fiscales entre 2014 y diciembre de 2016”.

Sobre esta gigantesca ‘corrupción privada’ nadie habla. En cambio, hay voces que atacan al SRI por su labor contra la evasión y por la difusión de tan impactantes datos.

Este es un tema crucial para la sociedad ecuatoriana, que debe defender la actividad fiscalizadora del SRI, señalar a los evasores y, además, hacer conciencia sobre la necesidad de poner más impuestos a los ricos, para que el Estado tenga recursos que sirvan para universalizar los servicios públicos sociales.

FUENTE: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/defender-al-sri

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Quito, Octubre 9 de 2017

Por: Dr. Juan J. Paz y Miño C.
Historiador/Docente universitario

El presidente Lenín Moreno ha articulado, en forma sucesiva, tres estrategias políticas: el diálogo nacional, la consulta popular y la idea de volver al “espíritu de Montecristi”, es decir, a las raíces de la Constitución de 2008.

Sobre esas bases se encendió la movilización de las distintas fuerzas: vieja clase política, partidos, movimientos sociales, trabajadores, indígenas, empresarios, medios de comunicación, actores regionales o locales, etc. Se han despertado tantos intereses que hubo unas 400 propuestas para la consulta popular. Y en los últimos días hasta sectores de la derecha y del viejo partidismo, que siempre rechazaron la Constitución de 2008, de repente también hablan del “espíritu de Montecristi” y reniegan de su “pérdida” durante la década pasada.

En perspectiva histórica, la Constitución de 2008 provocó varias rupturas. Entre otras, quitó al Legislativo la facultad de nombrar a una serie de funcionarios de control, fiscalía y elecciones, e incluso de la función judicial. De modo que el diálogo gubernamental abrió las puertas a una amplia coincidencia de los políticos tradicionales en torno a la no reelección y contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sus propuestas apuntan a que, por otros mecanismos, la “partidocracia” logre recobrar las instituciones sobre las cuales ya no podía negociar con sus antiguas componendas, arreglos y amarres políticos. Como no tienen control del Ejecutivo, ni del Legislativo, que perdieron porque los votos mayoritarios fueron para Alianza PAIS, buscan llegar al poder por otros medios.

De otra parte, la Constitución de 2008 dio continuidad a las de 1929, 1945 y 1979, que mantuvieron los tres ejes que históricamente han distinguido a las izquierdas nacionales: el papel regulador y promotor del Estado en la economía; el sentido redistributivo de la riqueza a través de los impuestos como el de rentas; y la potenciación de los derechos sociales y laborales.

Pero la Constitución de 2008 dio un avance aún más significativo al romper con la de 1998, que constitucionalizó el neoliberalismo en el país. La Constitución de 2008 fortaleció las capacidades del Estado para garantizar derechos, para intervenir en materia económica y social, al mismo tiempo que potenció al Ejecutivo, pues, por ejemplo, el Presidente tiene la iniciativa exclusiva en las políticas sobre impuestos.

El título VI de la Constitución, sobre el “Régimen de Desarrollo”, dispone la planificación, la soberanía económica, los sectores estratégicos, servicios y empresas públicas, el trabajo y la producción. A su vez, el título VII, trata el “Buen Vivir”. Ambos títulos son centrales en la concepción de la economía, la sociedad y su futuro.

Volver al “espíritu de Montecristi” implica tomar una clara conciencia sobre estos temas. Y es un espíritu diametralmente opuesto a los planteamientos de ciertas élites empresariales en sus diálogos ante el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, donde han planteado reducir las capacidades del Estado, revisar o suprimir impuestos y lograr flexibilizaciones laborales.

FUENTE: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/volver-al-espiritu-de-montecristi

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