Por:  Fernando López Parra PhD.
Rector del IAEN, la Universidad de posgrado del Estado

Por la dinámica que ha impuesto la actual situación en las administraciones públicas del mundo, a través de la digitalización de los trámites y de la necesidad de cumplir ciertas actividades a través del teletrabajo o trabajo en casa, las formas de organización y sus procesos se han modificado de forma veloz e ineludible.

Los cambios que parecían lejanos se han vuelto más intensos y rápidos en las organizaciones públicas. Se verificó que el Estado no puede estar ausente en salud, educación, seguridad social y, principalmente, en el trabajo. Es por esta realidad que la educación universitaria y profesional debe poner énfasis en una filosofía de formación que se destine a poner énfasis en la importancia de lo público como variable para el bienestar de la sociedad y de los Estados.  No se puede trabajar con prácticas en la formación que coloquen el lucro o la utilidad como única razón para ser un profesional de éxito.

Por otro lado, es imperioso una mayor regulación y participación de la sociedad organizada para cuidar de los recursos del Estado y parar frenar cualquier indicio de corrupción en la gestión pública.  Se observa lamentablemente que las instituciones que imparten justicia en el Estado requieren de una mayor vigilancia social y profesionalismo.

La administración pública necesita reconfigurarse y actualizase aún más de forma científica. Este momento y en el futuro se requiere profesionales para lo público con conocimiento de prospectiva, que tengan la capacidad de estructurar los problemas y dar soluciones inmediatas.

La gobernanza de los datos se percibe que, cada vez más, es una necesidad para gestionar lo público al igual que la capacidad analítica de los sistemas de información.  Es necesario que las instituciones del Estado trabajen en conjunto con los centros que producen conocimiento para que puedan decidir de forma adecuada los líderes de gobierno.

Las tareas que debemos cumplir como sociedad y como gobernantes son ineludibles ante los que estamos viviendo o sino la noche será más larga y triste para nuestro país. No podemos continuar siendo testigos mudos, hay que ser protagonistas, para cuidar el futuro de nuestros hijos.

Por: Fernando López Parra  PhD.
Rector del IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado

El 22 de mayo de 1972, el Ecuador crea el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la primera universidad de posgrado del país, mediante Decreto Supremo Nro. 375-A. A este centro de estudios de profesionales se le destinó estudiar los problemas estratégicos del Estado de ese entonces. La responsabilidad de su dirección estaba a cargo de las Fuerzas Armadas, por lo que su visión era vinculada con la formación aspectos de la seguridad del Estado desde un enfoque político-militar.

En 1996, en el marco de las reformas a leyes de la educación superior se constituye de forma plena en una universidad de posgrado convalidando lo actuado como universidad de ese nivel de estudios desde su creación. Por formar parte de la estructura militar, en el 2000 y a pesar de tener el estatus de Centro de Educación Superior de carácter público, no consiguió acceso a los recursos del sistema universitario – FOPEDEUPO-. En el 2008, IAEN deja de ser parte del campo militar mediante Decreto Ejecutivo No. 1011 y se crea la Escuela de Gobierno y Administración Pública. Con esta decisión se cubre un vacío histórico de disponer, por el Ecuador, de un centro de excelencia académica para el fortalecimiento de las instituciones públicas y a la optimización de la gestión del Estado.

Esta Universidad pública de posgrado del Estado dispone de un conjunto de escuelas que investigan, forman y capacitan a los servidores públicos y a los que pretenden servir al Estado desde sus diferentes sectores de actuación y también en los diferentes niveles de gobierno. Hoy vemos más que nunca el servicio público de varios sectores se ha mantenido firme en su actuación, a pesar de todas las limitaciones en que se le ha colocado. Seguramente el poder de los gobernantes no se habría mantenido si no se contara con el trabajo silencioso y comprometido de sectores como el de la salud, educación, seguridad, transporte y otros que son públicos. Estamos seguros que pasaremos estos tragos amargos en el campo de la salud y de la economía y reconoceremos plenamente al servicio público nacional.

El IAEN se ha constituido en un referente nacional e internacional en los estudios de políticas públicas, gobierno, Estado y administración pública. Esta Universidad del Estado y, principalmente, de la sociedad tiene la capacidad de pensar con cabeza propia en beneficio de Ecuador y de su gente.

Por: Fernando López Parra PhD.
Rector del IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado

No cabe duda que el distanciamiento social constituye la medida primera para enfrentar esta pandemia a la que, como nunca, somos todos vulnerables. En una guerra bélica hay la posibilidad de protegerse sin estar en el escenario de batalla; ahora no es así, toda la humanidad es vulnerable. Todos en casa es la estrategia óptima para enfrentar esta situación.

Otro elemento clave es el uso de mascarillas que protegen cuando hay interacción social; en esto la experiencia de Corea del Sur nos envía un claro mensaje sobre su eficacia. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins están confirmados 10.384 casos y 200 fallecidos. Este dato contrasta con la realidad italiana de 136.000 casos y 17.000 fallecidos, donde no hubo inicialmente ni medida de aislamiento social, y tampoco el uso de mascarillas.

Hace dos semanas ya anunció el vocero más importante del centro universitario de enfermedades infectocontagiosas de la Universidad de Seúl, que el uso de mascarillas es gravitante para la contención de las gotículas del covid 19. Esta práctica es generalizada en varios países asiáticos por haber vivido epidemias como el H1N1, el SARS, la varicela, la gripe porcina y otras; el ejemplo está ahí.

En estos días circuló también una entrevista al científico italiano Sergio Romagnani, una de las voces más conceptuadas en inmunología, profesor emérito de la Universidad de Florencia. Y coloca la importancia del examen preventivo y masivo del covid 19; es decir, hace notar que no se lo realiza solo a los que presentan síntomas, sino a los grupos más cercanos a donde se localiza el virus, por la existencia de los llamados asintomáticos.

Manifiesta el profesor Romagnani sobre la excelente experiencia de la localidad del Véneto, que registra 662 fallecidos y 11.000 casos confirmados, mientras que en Lombardía superaba los 9.200 muertos con 52.000 casos confirmados. El valor del examen ronda los $ 15 y la atención para tratar las consecuencias del virus en terapia intensiva tiene un costo promedio de $ 60.000. Estas cifras ponen en evidencia la diferencia entre las políticas reactivas y proactivas.

Lo que requerimos es continuar con los cuidados del distanciamiento social con todos en casa, el uso de las mascarillas y la necesidad de ser estratégicos en la realización de los exámenes de detección de este enemigo invisible.

09 de abril de 2020

Por: Fernando López Parra PhD.
Rector del IEAN, la Universidad de Posgrados del Estado

Todos sabemos que la sociedad individualista imperante ha colocado en riesgo la vida social e individual. En la política la izquierda y la derecha desarrollaron concepciones individualistas de la realidad. La naturaleza ha decidido ponerse por delante y buscar los equilibrios rotos por el humano moderno. El covid-19 ha venido a cambiar todo; basta mirar por las ventanas de donde estamos confinados y nos daremos cuenta de este hecho. Todas las falsedades políticas, económicas, religiosas, sociales, están en evidencia. Ahora estamos en igual nivel de riesgo y vulnerabilidad todos.

En esta situación, a quienes tanto criticábamos nos están salvando. Pues sí, son los servicios públicos y sus servidores los que garantizan el Estado de Bienestar. Estas instituciones públicas están trabajando en aspectos importantes para la vida; están trabajando en los hospitales, en la seguridad y control, en el suministro de agua, luz, gas, en el transporte, en la recolección de la basura, haciendo malabares en la educación virtual pública de todos los niveles, construyendo información confiable para tomar decisiones, en las empresas públicas de producción que no se han parado. No puede haber más muestra de solidaridad y entrega que la que está mostrando el Estado con sus servidores en medio de todas las limitaciones históricas que tenemos. A los médicos, enfermeras, policías, profesores, servidores de las empresas locales de servicios básicos, choferes profesionales y todos los que conforman esta cadena para la supervivencia, solo hay que rendirles un homenaje de respeto y cariño.

Los que han criticado y critican al servicio público deberán cambiar de posición. No son los verdaderos servidores públicos los que han dejado fragilizado este sector irremplazable del Estado, han sido los malos y corruptos políticos en comunión con otros sectores de la economía.

Miramos también a la educación pública con esperanza porque en la educación superior hay científicos y ciencia social que hoy tanto necesitamos. Las universidades no son solo centros de enseñanza, son sobre todo de investigación; y a las públicas, donde su único objetivo es obtener beneficios sociales y no un reparto de dividendos, hay que seguirlas apoyando. Al final, todos tenemos que ponernos en nuestro sitio y está claro quienes han puesto la cara cuando “las papas queman”.

Por: Fernando López Parra PhD.
Rector del IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado

Entre los siglos XVII y XIX hubo varias revoluciones cuyo enfoque central era la libertad y la producción capitalista. En esa época, comenzamos a admitir la necesidad de políticas públicas, con el significado que tienen hoy en día. La premisa de ese tiempo era que es necesaria una política pública reducida porque la sociedad sería capaz de regularse a sí misma desde la voluntad de los individuos. Más tarde esa premisa fue revisada, sus críticos argumentaron que sería necesario algún nuevo tipo de intervención pública dado que el concepto abstracto de libertad y la voluntad de los individuos no sería suficiente para ser libre y disponer de formas de producción eficientes.

La complejidad de las políticas públicas aumentó. Ello se ha verificado en todos sus procesos, que van desde la identificación de los problemas, pasando por la planificación, no digamos en la ejecución y, claro, se dificultan más en los sistemas de evaluación. En todo este universo quizá el que más resalta es el componente de coordinación de las políticas públicas. Esta coordinación debe ser permanente e interinstitucional, lo que deviene en lo que se denomina gobernabilidad y gobernanza del Estado (la calidad de las políticas públicas).
Como la voluntad no es solamente de un individuo o de una institución, estas situaciones llevan necesariamente a la coordinación de los asuntos públicos, así sea que la voluntad de varios individuos u organizaciones sean coincidentes.

La coordinación desde la perspectiva de las políticas públicas se desarrolla básicamente en dos momentos: en la formulación de la política y en su gestión. En el primero participan los diversos actores e instituciones con intereses en la política que se formulará. También es necesaria la coordinación de las políticas públicas entre organizaciones políticas y burocráticas, y actores que conforman el mismo nivel de gobierno (coordinación horizontal) o que conforman diferentes niveles de gobierno (coordinación vertical). En el sentido de la coordinación, estos actores y estos organismos desempeñan diferentes funciones en las diferentes fases.

En nuestro país, la coordinación de las políticas públicas requiere madurar de forma ostensible; mucho dependerá de la cultura política de sus actores, de la calidad de las instituciones nacionales.

Por: Fernando López Parra PhD.
Rector del IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado

Desde el inicio de la República, la preocupación por el modelo de Estado y de sus instituciones ha sido tema de debate. Pasamos por momentos de construcción, de regulación, de tecnificación. Varias propuestas fueron revolucionarias, como las generadas por la Revolución Liberal y la Revolución Juliana. Otras propuestas se autodenominaron revolucionarias, como la de la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara y la autodenominada de la Revolución Ciudadana, del economista Correa.

En la década 2007-2017, el cambio propuesto tuvo mucho ruido y pocas nueces. Se caracterizó por una fuerte regulación y la presencia de una autoritaria tecnoburocracia estatal que no institucionalizó los postulados de la Constitución de Montecristi. Se quedaron en el papel y se caracterizó casi exclusivamente por una concentración y centralización del poder. Las instituciones se debilitaron intensamente con discursos con pocos fundamentos teóricos y políticos. Por ejemplo, el modelo meritocrático que se quiso implementar no se implementó y más bien se desconfiguró, contribuyendo a la creación de un sistema clientelar del servicio público nacional, en donde solo el 16% de funcionarios tiene nombramiento; el resto está bajo la modalidad de contrato. Solo ahí se retrata la desinstitucionalización del servicio público y el Estado.

El sistema de corrupción se profundizó y nos fragmentó como sociedad, al no disponer de un proyecto de Estado. Lo lamentable es que las condiciones estaban dadas para una nueva Revolución Juliana y lo que se hizo en esa década fue una involución estatal. Nunca se tecnificó de forma concreta, no se dio paso a la construcción de un sistema de profesionalización y carrera del servicio público. Si bien se avanzó en estructura, pero el precio fue muy alto en relación al beneficio. En términos relativos la inequidad en la distribución del ingreso disminuyó (medida por el coeficiente Gini), pero en valores absolutos la desigualdad se incrementó.

Tenemos ciertos edificios para el servicio público, pero se los dejó sin alma, corroídos por un enjambre de leyes y normas, con formas de corrupción grotescas y principalmente se negó el futuro de un nuevo Estado para una sociedad que mire la posibilidad de un desarrollo sostenido.

Por: Fernando López Parra PhD.
Rector del IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado

Esa fue la sentencia del presidente Durán-Ballén en respuesta a la oposición a su propuesta privatizadora en 1993, ya que la modernización, entendida como una propuesta global de desarrollo justo y equitativo, que involucre ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales, no se ve llegar. Incluso el presidente amenazó con renunciar; es que, pese a la retórica neoliberal, Ecuador también ha experimentado de forma confusa que privatizar es modernizar. Así el plenario de las comisiones legislativas del Congreso Nacional aprobó el 21 de diciembre de 1993, la Ley de Modernización del Estado, privatizaciones y prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa privada, propuesta por el Partido Social Cristiano de ese entonces.

La ley constó de 66 artículos y tres disposiciones transitorias, con este movimiento político se buscó reducir el tamaño de la administración pública y este proceso se le denominó modernización. Se abrió el paso a una apertura de capitales de forma descontrolada y a transferir el patrimonio social del Estado a los particulares. La lógica de esta modernización del Estado estuvo centrada en la búsqueda de equilibrar las cuentas nacionales y no de una búsqueda de una eficiencia del aparato estatal ecuatoriano. La privatización, junto con la descentralización impulsada en los gobiernos de la democracia hasta entrando los años 2000, colocaron estas dos únicas herramientas como sinónimo de modernización, se abandonó también el ejercicio de la planificación y prácticamente el poderoso y referente de la planificación en América Latina, como el Consejo Nacional de Desarrollo (Conade), se redujo a una oficina de 40 metros cuadrados.

Felizmente para el país, por trabas burocráticas no se privatizaron las principales empresas estratégicas del Estado y tampoco otras de menos valor para el desarrollo de la economía y de la sociedad pasaron a otros dueños.

Desde 1979 hasta 2006 no hay un proceso de modernización del Estado del mismo parangón de la Revolución Juliana; la administración pública, a pesar de que tuvo un importante crecimiento, no se tecnificó y los procesos obedecían a lógicas de los famosos consultores externos, que vinieron con varias pócimas modernizantes que no lograron los resultados esperados.

13 de febrero de 2020

Por: Fernando López Parra PhD.
Rector del IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado

En esta tercera entrega sobre la modernización de las instituciones públicas en Ecuador hablaremos de la planificación en la gestión de lo público, la que sirve para construir una mayor capacidad de intervención político-administrativa estatal y que se evidenció con la formación, en enero de 1949, del Instituto de Fomento de la Producción (luego Banco de Fomento). Respondió a una propuesta formulada el año previo por el Ministerio de Economía, que planteó por primera vez un plan de fomento de la producción e insinuó la creación del Instituto y la expedición de una ley de fomento.

Años después, un avance para instituir la planificación fue el documento “El desarrollo económico del Ecuador”, de octubre de 1953, que resume una investigación realizada por técnicos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y técnicos ecuatorianos, en los últimos meses de 1951 y los primeros de 1952. Aquí tuvo una destacada participación el que probablemente sea el técnico más importante de este subsistema de la administración pública en Ecuador, Germánico Salgado.

En el tercer gobierno de José María Velasco Ibarra, quien creía más en la intuición que en la planificación, el 29 de mayo de 1954, se crea la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (Junapla) como entidad adscrita al Ministerio de Economía, con el objeto de formular proyectos de planes generales, tendientes a promover y conseguir sistemáticamente el desarrollo económico del país.

La Junapla es el organismo encargado de formular programas para el desarrollo de sectores de infraestructura (1956); después de elaborar el Censo Eléctrico, presenta el primer plan sectorial, denominado Plan Nacional de Electrificación. También diseñó proyectos encaminados a racionalizar las inversiones estatales en la construcción de carreteras, pistas aéreas, puertos, canales de riego y drenaje, y un vasto cuerpo legal y normativo que regulara las actividades de producción, comercialización y exportación, especialmente del banano.

Así, Ecuador colocó a la planificación como eje para que el Estado se responsabilizara del desarrollo y del control de las cuentas nacionales. Hoy la planificación está en toda la institucionalidad pública como guía del Gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados.

Por: Fernando López Parra PhD.
Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Estado

En julio de 1925 fue apresado el presidente Gonzalo S. Córdova y obligado a dimitir. Igualmente fueron detenidos Urvina Jado, Lorenzo Tous y Manuel Tama, vinculados con el Banco Comercial y Agrícola, así como el expresidente Plaza.

Fue un golpe de Estado mediado por una alianza social que incorporó a militares jóvenes, naciente burguesía industrial, sectores medios profesionales, populares y particularmente trabajadores, que coinciden en reorganizar y modernizar el Estado, al que se pretende dar un cuerpo institucional frente a una nueva realidad económica y social. Con ese fin se introduce en la gestión estatal un conjunto de medidas: regulación y reorganización técnica del Estado y proteccionismo industrial.

Para efectivizar este último objetivo, la “revolución de los coroneles” aprueba, el 21 de noviembre de 1925, la Ley Protectora de Industrias que, en opinión de Rafael Guerrero, significa el primer -y quizás único- intento del capital industrial emergente por dirigir un proceso de modernización del Estado.

La evidente irracionalidad de la economía ecuatoriana y de la gestión administrativa, el cuestionado dominio oligárquico, combinados con factores adversos a la agricultura de exportación llegaron a desatar un proceso de contradicciones que debía ser regulado.

Esa regulación, a partir de los gobiernos julianos, se plasma en una serie de reformas encaminadas a la reestructuración del Estado, que corresponden a las nuevas actividades reguladoras que debe ejecutar, a su ampliación institucional y a sus funciones en la reproducción del régimen de producción.

Así, la Revolución Juliana dio inicio a la modernización tecnocrática de la economía ecuatoriana con los auspicios del Estado, al que se asignó un papel más activo en la promoción de actividades económicas y administrativas. Fue la primera modernización institucional del Estado ecuatoriano.

Ecuador, en este momento, requiere de otra modernización institucional, dirigida a una mayor inclusión de la sociedad y también a prácticas que prioricen el uso de tecnologías más eficientes dentro de un espíritu democrático y transparente de las prácticas administrativas del Estado nacional.

FUENTE: EL TELÉGRAFO
16 de enero de 2020

Fernando López Parra PhD.
Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales

En estos días, todas las instituciones públicas están a la expectativa de cuánto y cómo realmente recibirán del presupuesto aprobado con los recursos financieros para poder cumplir con lo planificado.

El presupuesto tiene muchas conceptualizaciones. Sabemos que es un instrumento de planificación gubernamental que incluye los gastos de administración pública durante un año, en equilibrio con la recaudación de los ingresos esperados. Es, al final de cuentas, el documento en donde el Gobierno reúne todos los ingresos y lo que realmente se hará con estos recursos. Es donde asigna recursos para hospitales, mantenimiento de carreteras, construcción de escuelas, pago de maestros.

El presupuesto es un instrumento fundamental del Gobierno, su principal documento de políticas públicas. A través de él, los gobernantes seleccionan prioridades, deciden cómo gastar los recursos extraídos de la sociedad y cómo distribuirlos entre los diferentes grupos sociales, de acuerdo con su peso o fuerza política.

Es una disposición de iniciativa ejecutiva aprobada por la Asamblea que estima los ingresos y fija los gastos de la administración gubernamental. Esta disposición debe ser redactada por todas las esferas del Gobierno en un solo ejercicio para que, después de ser debidamente aprobada, sea efectiva en el siguiente ejercicio fiscal.

Se manifiesta que el presupuesto público es el mapa de acción del Gobierno en el cual se observan las políticas públicas que los gobernantes y sus instituciones van a ejecutar y a cuáles no les darán prioridad. Las instituciones estatales tienen la obligación de una gestión eficiente y transparente del presupuesto asignado; por esto es imprescindible la formación de especialistas en manejo de finanzas públicas, en proyectos, en evaluación de las políticas públicas para evitar problemas de ejecución y lograr que el uso de los recursos sea transparente.

La sincronía de uso del presupuesto es clave; no podemos dejar las cosas para el último, porque se termina haciendo lo que no se planifica y de forma indebida. Ojo, colegas administradores públicos, el presupuesto asignado a nuestras instituciones gestionémoslo con eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia.