Por: Dr. Adrián Bonilla
Secretario General de la FLACSO
Estados Unidos tuvo la oportunidad política de volver a hacer presencia en las agendas latinoamericanas y del Caribe pero echó a perder cualquier ilusión que hubiera tenido de reencontrarse con la región. ¿Desidia? ¿Desconocimiento? El tema va más allá del error motivado por una asesoría equivocada en el Departamento de Estado. Tiene que ver probablemente con la enajenación del Hemisferio y sus realidades, que se expresa en los gruesos errores de análisis motivados por la carencia de políticas.
Los Estados Unidos, al anunciar su revisión de la estrategia hacia Cuba, recibieron el respaldo de todos los países del Hemisferio Occidental y alentaron la expectativa del retorno de los Estados Unidos con una agenda positiva. Pero el exabrupto de Washington hacia Caracas, al decretar que la situación de ese país merece una declaratoria de emergencia y amenaza a su seguridad, revivió en un instante la memoria genética del unilateralismo y su tradición de intimidación, y no hizo más que golpear malamente las extraordinarias oportunidades que tuvo de retornar al hemisferio occidental e incidir en la vida internacional de los países de la región, justamente ad portas de la Cumbre de las Américas.
Ningún país latinoamericano ha respaldado, ni siquiera subrepticiamente, la posición de los Estados Unidos; no lo ha hecho porque el multilateralismo de la región, que es alérgico a la unilateralidad, se gesta en forma parsimoniosa pero consensuada; y, porque en términos bilaterales, no hay nación que tenga en este momento conflictos con Caracas, además de que –independientemente del signo ideológico de los gobiernos- a nadie conviene volver a tener a los Estados Unidos arbitrando y juzgando las conductas de los estados.
El decreto del Presidente Obama sobre Venezuela sorprendió a todo el mundo en la región. Las relaciones inter regionales de carácter multilateral en América Latina y el Caribe se han basado en el consenso en la última década. Hay tres razones centrales que explican esto más allá de la buena voluntad de los gobiernos. En primer lugar, la región es heterogénea en lo político: hay distintos tipos de regímenes políticos. La arquitectura de gobierno de Brasil, por ejemplo, no se parece a la de Barbados, que no es la misma de Costa Rica, y ésta a su vez no replica la de Venezuela, distinta a la de Cuba. En segundo lugar la región es muy diversa en sus modelos de desarrollo. Casi el 50% del PIB regional se procesa en economías de mercados protegidos, mientras que la otra mitad en economías de mercados abiertos al libre comercio. En tercer lugar, las ideologías de sus gobiernos son distintas también y cubren todo el espectro que va de la izquierda a la derecha. Por ello es que la posibilidad de construir visiones comunes pasa por la necesidad de asumir las diferencias y la obligación de concertar. Esa ha sido la experiencia.
Si en forma arbitraria se supusiera que la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina es racional, en términos de maximizar ganancias y minimizar riesgos o pérdidas, el Decreto presidencial hacia Venezuela no sólo que es inoportuno, dada la cercanía de la reunión en Panamá y las consecuencias que sobre las percepciones de los asistentes va a tener, sino que no es coherente con ningún sentido estratégico incluido el del propio documento de Seguridad Nacional estadounidense. Parecería que un objetivo “racional” de los Estados Unidos en el Hemisferio Occidental sería el de mantener un entorno estable, que permitiera desarrollar políticas de cooperación económica y ampliar su presencia comercial; supondría procurar que no se produzcan conflictos que pudieran afectar sus intereses y eventualmente su seguridad. No se entiende el objeto de la medida, al menos en términos internacionales.
Efectivamente, aún en la aproximación desde la doctrina de la Seguridad Nacional que informa a la Casa Blanca y que se establece en sus estrategias, la única mención que el documento de Estrategia de Seguridad Nacional 2015 hace a Venezuela, es la de un país, en el Hemisferio Occidental, en donde la “democracia” está en riesgo. Esa afirmación no es necesariamente compartida por el resto de América Latina, pero aún si hubiese fundamento para sustentarla, la «situación» venezolana, en términos racionales se encontraría en la periferia de las necesidades de seguridad de los Estados Unidos, pues la crisis política y económica de ese país no supone ningún tipo de amenaza que atente contra la existencia del Estado y sus instituciones en EEUU, de sus recursos, la vida de misma de sus habitantes o los recursos de esa sociedad necesarios para su sobrevivencia.
Venezuela no es dentro de la región, ni fuera de ella, un estado réprobo; no auspicia actividades de grupos hostiles a Norteamérica, no se encuentra en la lista negra de “estados que ayudan al terrorismo”. No está en guerra con nadie ni hay hostilidades con ningún aliado de Washington. Ha firmado el tratado de Tlatelolco y no existe la menor posibilidad de volverse una potencia militar nuclear. Tiene sí, una política exterior divergente, una visión contrapuesta del orden mundial que supone la necesidad de equilibrar el poder de los Estados Unidos; tiene relaciones diplomáticas y amigables varios con países que desconfían o son hostiles con los estadounidenses, pero sobre todo promueve su posición internacional con una retórica abundante que llena de calificativos, pero eso no supone, como tampoco su situación interna, una amenaza a la seguridad, sino una práctica política usual en la arena de la disputa discursiva a la que los Estados Unidos han apelado con frecuencia.
En Sudamérica Venezuela ha logrado estabilizar sus relaciones con Colombia, que durante la época de Chávez y el gobierno de Uribe fueron por momentos no solamente tensas, sino agresivas de parte y parte. Bogotá ha suscrito todas las declaraciones de UNASUR y CELAC en apoyo al presidente venezolano. Colombia participa en la comisión sudamericana de gobiernos que intentan facilitar el diálogo en Venezuela pero que, en última instancia, procuran la estabilidad regional. Al gobierno del presidente Santos, como al resto de los vecinos de Venezuela lo que menos le conviene es un escenario de turbulencia en el país limítrofe. Colombia, que es el único país en el hemisferio que puede invocar razones para ser cauteloso con Venezuela, no ha acompañado a Washington en este episodio; menos lo van a hacer Ecuador o Bolivia, que comparten la coalición del ALBA, Brasil, Uruguay y Argentina cuyos gobiernos tienen afinidades ideológicas, o Chile, Perú y Paraguay que tienen pocas interdependencias con Caracas.
En Centroamérica y el Caribe tampoco hay razones para presionar a Venezuela. Muchas de las islas del Mar de las Antillas tienen acuerdos estratégicos en el área petrolera. Cuba y Nicaragua son aliadas políticas. República Dominicana tiene también ventajas en la compra de Petróleo; y el resto de naciones no tienen motivo para la sospecha, ni incentivo alguno económico o político para solidarizarse en este tema con los Estados Unidos. Por último México, sobre todo en el último año, ha sido muy discreto en su política exterior hacia América Latina y no tiene intereses mayores que se jueguen en la disputa entre Washington y Caracas.
El decreto del Presidente Obama es un error político y su argumentación es falaz (en el sentido de que construye una apariencia falsa): la de que la «situación» en Venezuela sea una amenaza, acercándose a una solución equivocada para un conjunto de eventos cuya naturaleza es otra: una crisis política de limitado impacto regional, consecuencia de factores básicamente internos con articulaciones internacionales opacas, operando en la arena del país sudamericano.
¿Por qué es equivocada en su naturaleza la decisión estadounidense? Además del efecto pernicioso que tendrá en las relaciones con el conjunto de América Latina, que parecía que tenían posibilidades de mejorar luego del “descongelamiento” de Cuba, y que no puede explicarse mejor que con el viejo aforismo de borrar con el codo aquello que se hizo con la mano, la declaratoria de amenaza a la situación de Venezuela no va a producir política pública alguna que permita que los intereses o valores que evoca Washington puedan alcanzarse por tres causas fundamentales:
Primero, los instrumentos de las políticas de seguridad son incompatibles con la naturaleza de la crisis venezolana. In extremis el uso de la fuerza es una de las posibilidades, pero el Decreto, que no hace argumento alguno para sustentar su postulado, simplemente cita fenómenos como: Erosión de las garantías a los Derechos Humanos, persecución de oponentes, ejercicio de violencia y violación de esos derechos en la respuesta a las protestas así como una significativa corrupción. ¿En cuál de estos fenómenos, de ser ciertos, el uso de instrumentos militares o sancionatorios haría sentido para su resolución? Ciertamente en ninguno, pero además, hay varios países de América Latina, algunos muy cercanos físicamente a los Estados Unidos, que presentan problemas similares en sociedades conflictivas. ¿Todos esos problemas van a ser declarados amenazas extraordinarias a la seguridad y requerirán la declaratoria de una emergencia nacional?
Segundo, porque las presiones invocadas no tienen la capacidad de modificar el escenario local. El repertorio de sanciones, es, sin duda más variado, pero no extraordinariamente versátil. Si apelamos a la tradición, Washington podría establecer sanciones económicas las mismas que podrían concretarse en un embargo petrolero que consista en cesar las compras de hidrocarburos venezolanos; tal vez gravámenes o prohibiciones a la exportación de bienes estadounidenses a Venezuela, lo que sería un recurso extraordinario similar a lo que ejerce en contra de Cuba, pero ese tipo de sanciones, y la historia reciente lo ha repetido una y otra vez, afirman, consolidan el poder existente en los países en donde se intentan. Lo ocurrido con Cuba es un ejemplo, pero hay otros Irán, Siria, Corea del Norte, para citar unos pocos. La transición a regímenes políticos diferentes, siempre es un fenómeno doméstico antes que internacional, al menos que haya una intervención militar, lo que para el caso es absurdo, como los propios funcionarios estadounidenses han reconocido. Entonces ¿cuál fue la motivación del dislate en la Casa Blanca? ¡A saber! La hipótesis más cómoda es que la decisión simplemente no fue racional, es decir una política que se adopta buscando maximizar ganancias y minimizar riesgos. Fue un globo de ensayo cuyo mérito mayor en el futuro, a lo mejor va a ser su estudio en los textos de clase de errores en la toma de decisiones en política exterior.
Tercero, porque la comunidad internacional, y particularmente la América Latina y el Caribe difieren de la estrategia adoptada en los Estados Unidos. Ni siquiera en la Guerra Fría Washington pudo ejecutar sanciones o usar la fuerza contra un estado de la región sin que estuviera acompañado por una coalición de aliados que lo acompañara, aunque sea simbólicamente. La orfandad del presente es inédita. Caracas, por su parte, sí fue exitosa en movilizar todos los instrumentos multilaterales a su alcance, incluyendo a la OEA, que durante el siglo pasado fue la entidad que operaba legitimando los intereses estratégicos de los Estados Unidos.
El pronunciamiento más explícito fue el de UNASUR, pero también la CELAC opinó sobre el tema. Estos escenarios no son ni mucho menos alianzas militares, no tienen posibilidades de movilizar recursos militares o económicos, pero sí son expresiones del clima político de la región. Y hay un dato importante. Sus resoluciones por fuerza deben ser unánimes; entonces, si las dos organizaciones se pronuncian, esto significa que hay acuerdo en el contenido, palabras, y forma de los comunicados de la totalidad de las naciones que constituyen dichos foros. Los países de Sudamérica solicitaron “la derogación del citado Decreto Ejecutivo” expedido por el presidente Obama, calificaron la medida como “una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados”, además que llamó a que los gobiernos “se abstengan de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales”. La CELAC, en un documento suscrito por 33 países expresó su rechazo “a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho Internacional”. Los adjetivos son ilustrativos.
La Cumbre de las Américas puede terminar siendo un evento ritual que, a diferencia de otras ocasiones, tiene más posibilidades de separar a los Estados Unidos de la región antes que de acercarlos. Muchos vieron a la Cumbre como la posibilidad de reconstruir el sistema interamericano e insuflar de vida a la OEA, cuyas últimas tres elecciones de Secretario General se han producido sin contar con el visto bueno de Washington. En verdad esa oportunidad pudo haberse materializado, pero la dinámica doméstica estadounidense y la ausencia de perspectiva estratégica de los decisores la desperdiciaron.
¿Qué lograron los Estados Unidos con el decreto emitido por el presidente? En términos internacionales nada que mejore su posición en la región; todo lo contrario, se aislaron de ella y arruinaron un eventual momento de éxito en la Cumbre de las Américas. ¿Qué se puede esperar de Panamá? Bueno, el cumplimiento del compromiso cubano en estar presente; el tránsito hacia una nueva Secretaría General que entra nuevamente sin que sea una iniciativa de Washington, y una retórica encendida que hará de Venezuela, el centro del debate político. ¿Ganó Obama algo en su propio escenario doméstico con esta medida? Las encuestas dirían que no: el panorama electoral de ese país no se alteró ni un milímetro en sus tendencias predominantes, ni tampoco cambió la correlación de fuerzas y posiciones entre el Congreso y el ejecutivo. Si los Estados Unidos quieren “retornar” tendrán que comprender que el escenario político multilateral del hemisferio, al menos en este momento histórico, privilegia el consenso equitativo inter-pares y no el ejercicio plano y rudimentario del poder.
