Respecto de la publicación del diario El Tiempo de la ciudad de Cuenca, del 21 de octubre de 2016, bajo el titular “Locales tienen que pagar por reproducir música” y otros pronunciamientos relacionados, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) considera oportuno precisar lo siguiente:

1.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la Constitución, en la actual Ley de Propiedad Intelectual, y en Convenios y Tratados Internacionales.

Los derechos de autor y los derechos conexos son parte de la Propiedad Intelectual; la protección a éstos es labor del IEPI, pro curando un equilibrio entre la adecuada explotación y su uso. Los titulares de esos derechos pueden solicitar una investigación al IEPI, para comprobar qué derechos están en cuestión o han sido violentados. Dentro de un proceso tutelar, de orden administrativo y bien motivado, la autoridad puede adoptar medidas provisionales para el cese inmediato de la actividad ilícita, medidas que pueden ir desde la inutilización de objetos materia de la infracción o la neutralización del medio que sirve para configurar el acto ilícito, hasta la clausura provisional del local o establecimiento. En este último caso, la medida, que es provisional, sólo procede cuando ejemplares ilícitos de las obras constituyen parte sustancial del comercio habitual del infractor. Las sanciones que adopta el IEPI, una vez concluido todo el proceso investigativo, de forma motivada, pueden incluir multas o la confirmación de las medidas temporales.

En cualquier caso, es la autoridad pública, el IEPI, quien adopta medidas y sanciona dentro de un procedimiento de jurisdicción administrativa, en el que han sido practicadas una serie de diligencias y pruebas válidas. No obstante la obligación de protección, es deber de la Administración Pública procurar un equilibrio en el ejercicio de los derechos intelectuales.

2.- En el marco de los derechos de autor y conexos, existen personas jurídicas sin fines de lucro y de orden privado – según la actual Ley-, que se encargan de recaudar las regalías y remuneraciones que corresponden a autores, compositores, intérpretes, productores y otros titulares de derechos. Estas entidades son las Sociedades de Gestión Colectiva.

La gestión colectiva no es otra cosa que el ejercicio de los derechos patrimoniales de autor y conexos –según el género de obra y derechos-, que realizan dichas organizaciones en representación y defensa de los titulares asociados. La finalidad es recaudar y proteger, de forma no exclusiva, los derechos patrimoniales de los socios. Uno de esos derechos es la comunicación pública de obras que hacen parte de la convención y repertorio que administran las Sociedades de Gestión.

Quien crea una obra tiene derecho para autorizar o prohibir su uso. Así, un productor musical, puede autorizar que su obra se ponga a disposición del público o el mismo músico compositor e intérprete, autorizar la comunicación a través de una radiodifusora. Estas facultades son individuales, pero para la mayoría de creadores, ejecutantes, intérpretes u otros, cuyos derechos están protegidos por el régimen internacional de los derechos de autor y derechos conexos, resultan prácticamente imposibles de realizar. Por ello, las Sociedades de Gestión Colectiva, a las que voluntariamente aquellos se asocian, realizan dichos actos, que pueden incluir no sólo la recaudación por la comunicación pública y el uso de las obras, sino la negociación con terceros (usuarios), para que sus socios reciban lo que les corresponde, derechos que están garantizados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta nuestra Constitución (Arts. 22 y 322) y Leyes.

Estas Sociedades están reguladas y vigiladas por el IEPI, a fin que la administración y reparto de lo recaudado, llegue a sus destinatarios titulares.

3.- Por tanto, estos derechos no son contribuciones ni fiscales ni parafiscales, porque su destinatario no es el Estado; al contrario, las tarifas recaudadas y que son previamente aprobadas, van directamente a los propietarios o titulares de las obras protegidas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, y son cobradas por las Sociedades de Gestión Colectiva; no lo hace el IEPI ni ninguna institución pública o privada que no sean esas personas jurídicas sin fines de lucro, pues éstas han sido autorizadas por los creadores para ejercer sus derechos.

Estas Sociedades realizan cobros anuales y licenciados (autorizados en favor de usuarios de las obras que se comunican; ej. Música), a todos los establecimientos o locales que realicen, de forma principal o secundaria; en ningún caso, pueden recaudar sin explicar a los usuarios de las obras y producciones el objeto de recaudación, como tampoco dichas personas jurídicas de orden privado tienen competencias para sancionar o tomar medidas como la clausura de locales.

El IEPI, en razón de sus competencias, insta a la ciudadanía al reconocimiento de los derechos de autores, compositores, intérpretes, ejecutantes, productores, etc., derechos autorales y conexos garantizados; de la misma forma,exhorta a las Sociedades de Gestión Colectiva a cumplir con los valores fundamentales de la gestión: Transparencia, Rendición de Cuentas y Buenas Prácticas.

Queda claro que el IEPI no avala, bajo ningún concepto, prácticas nocivas y de desinformación sobre los derechos que ampara el régimen de Propiedad Intelectual, con fines meramente de recaudación de regalías y remuneraciones correspondientes a la gestión colectiva de derechos. Al contrario, la promoción de los derechos, tanto en el marco de la Constitución como bajo los principios institucionales, gira en torno del equilibrio y ponderación de los derechos.

El IEPI rechaza toda práctica que implique un abuso. Desmiente, además, el hecho que por la gestión institucional, se incrementen tarifas de cobro en favor de las Sociedades de Gestión. Por tanto, quien justifique una conducta abusiva en contra de cualquier persona, utilizando el nombre de nuestra institución, podría sujetarse a sanciones.

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El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) informa que durante el periodo marzo – noviembre de 2015, se ha evidenciado un incremento significativo en las solicitudes nacionales de Propiedad Industrial, constituyendo a la figura de protección de la producción nacional como una herramienta para el desarrollo del país. Sigue leyendo →

Con el propósito de renovar diálogos y restablecer un proceso sostenido de mejoramiento en los servicios, los directivos y funcionarios del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) junto a representantes de más de treinta Estudios Jurídicos especializados en propiedad intelectual de Quito, mantuvieron el pasado 25 de septiembre una reunión de trabajo para construir alianzas que consoliden los procesos. Sigue leyendo →

Un comunicado de prensa del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) señala que proteger los derechos del consumidor andino de manera conjunta, fue una de las principales conclusiones del Simposio desarrollado en Bogotá- Colombia, los días 26, 27 y 28 de agosto, con motivo del décimo quinto Aniversario de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Agrega que representantes del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) participaron en el Simposio sobre el Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, junto a expertos internacionales y autoridades de diferentes países en foros y conferencias, donde se analizó a detalle la Decisión 486 frente a las nuevas realidades económicas de la Región.

Explica que la Decisión 486 que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial en vigencia desde el 1 de diciembre del 2000, aborda aspectos como: Competencia, Diseños industriales, Esquemas de trazado de los circuitos integrados, Indicaciones geográficas, Información no divulgada (Secretos Comerciales), Marcas, Modelos de utilidad, Nombres comerciales, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Patentes (Invenciones), Propiedad Industrial, Recursos genéticos. La normativa incorpora aspectos sustantivos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) como el Trato Nacional, Trato de la Nación más Favorecida, Patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales, el esquema de trazado de circuitos integrados,referidos al tratamiento de los “microchips”, y la observancia de las medidas en la frontera que redundará en un mayor control de la piratería.

Con su aprobación, los miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) dieron una señal positiva a los inversionistas nacionales y extranjeros al establecer una mejor protección a los derechos de propiedad intelectual y procedimientos más ágiles y transparentes para los registros de marcas y el otorgamiento de patentes.

El comunicado del IEPI destaca que durante los tres días se abordó la necesaria actualización de la Decisión 486 con las condiciones sociales y económicas que hoy en día tiene la Comunidad Andina de Naciones. Los expertos internacionales de los países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia) analizaron la importancia que tiene la Propiedad Industrial en el proceso de integración andino. En este escenario, los representantes del IEPI propusieron que la propiedad intelectual en general, y la propiedad industrial, en concreto, deben constituirse en herramientas al servicio del desarrollo endógeno y del cambio de la matriz productiva de la Región, para lo cual se planteó realizar un uso estratégico de estas herramientas que deben responder a las peculiaridades de cada país, enmarcadas e el respeto al Derecho Comunitario y Convenios Internacionales que regulan la materia.

Asimismo, efatiza el comunicado del IEPI, los representantes de los países andinos coincidieron en armonizar las diferentes normas que tienen cada uno para proteger los derechos de los consumidores andinos en temas de consumidor y libre competencia, además de los temas concernientes a la propiedad industrial, como las patentes y los registros marcarios. “Este universo normativo, además de partir de la premisa, que la protección al consumidor es un derecho fundamental económico de los ciudadanos comunitarios que se constituye como el común denominador de las constituciones económicas andinas, facilita las transacciones transfronterizas y contribuye a intensificar el comercio regional y a posicionar sus productos en los mercados internacionales”, enfatizó Luís José Díez-Canseco Núñez, Presidente del Tribunal Andino de Justicia, quien coincidió con el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, José Luís Londoño Fernández, en que hay un ambiente propicio para modernizar y modificar la Decisión 486.

Los representantes del IEPI, los abogados Juan José Arias, Vocal Principal de la Segunda Sala del Comité de Propiedad Intelectual, y Oscar Reyes Celi, Vocal Principal de la Segunda Sala, junto a Hugo Padilla Romero, Gerente del Proyecto de Inversión para la Transformación del Sistema de Propiedad Intelectual, por su parte, plantearon la posibilidad de la expedición de una nueva decisión, que vincule materialmente la propiedad intelectual a los ecosistemas de innovación de los países miembros. Propuesta que fue acogida de forma positiva por el auditorio, generando una conciencia sobre la futura revisión de la decisión objeto del Simposio.

Por otro lado, los asistentes al foro reconocieron el papel trascendental que Ecuador tiene en la región con las propuestas recogidas en el Código Ingenios, destacando que se trata de una propuesta de vanguardia que merece análisis y estudio en los demás países de la región. José Luís Londoño enfatizó que existe el compromiso de las oficinas andinas en seguir trabajando para fortalecer la economía del conocimiento: “Las instituciones andinas reiteraron hoy más que nunca que hay el escenario y el ambiente propicios para modificar y modernizar el sistema de propiedad industrial andino en beneficio de la Comunidad Andina”, anota el comunicado del IEPI.

Finalmente, da a conocer que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que existe una oportunidad para que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en el proceso de integración perfeccionen los vínculos económicos entre Estados y empresas donde los consumidores participan activamente, haciendo del Simposio un favorable lugar de encuentro para el intercambio de ideas y prácticas que buscan aunar criterios, en donde los representantes de las diferentes oficinas nacionales plantearon las prácticas desarrolladas por cada país miembro en propiedad industrial.

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