Así lo señala el artículo 159 de la Ley de Educación Superior -LOES- que está vigente en el Ecuador desde octubre del 2010 y que fue publicada en el Registro Oficial Nº 298.

Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares –dice la LOES- son comunidades académicas con personería jurídica propia, autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución; esencialmente pluralistas y abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento universal expuestas de manera científica.

Fines de las Universidades

Corresponde a las universidades y escuelas politécnicas producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura universal; la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana; la formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad. (Art. 160 de la LOES).

Prohibición de lucro

La LOES también señala que las instituciones del sistema de educación superior no tendrán fines de lucro según lo prevé la Constitución de la República del Ecuador; dicho carácter será garantizado y asegurado por el Consejo de Educación Superior.

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Sin horario ni calendario trabajará la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para cumplir con la agenda legislativa propuesta para este año, según anunció el presidente de la mesa Raúl Abad.

Los proyectos prioritarios de aprobación son: Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación (Ingenios); Ley de Culturas; y, Ley de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).

La mayoría de estos proyectos ya se ha discutido en primer debate.

El Código Ingenios se encuentra en consulta prelegislativa a representantes de organizaciones de comunas, comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas y afroecuatorianos, sobre tres temas que pueden afectar sus derechos colectivos. Esta semana el Consejo de Participación Ciudadana entregará a la Asamblea los sobres de organizaciones que participarán en la consulta.

Después, la Comisión establecerá un calendario de visitas a las provincias o a las diferentes zonas que conforman el país. Concluido el recorrido se realizará una mesa nacional para discutir sobre los insumos que se incluirán o no en el informe para segundo debate. Abad aseveró que este proceso podría tomar dos meses y medio y que su aprobación podría darse en mayo.

Para el primer semestre de este año la Comisión también espera que se apruebe la Ley Orgánica de Culturas. Este proyecto ya pasó por primer debate, se realizó la consulta prelegislativa y cuenta con informe de mayoría y minoría, que se realizó en la anterior administración. Sin embargo, la Comisión actual trabaja en un alcance al informe para que se incluyan otros temas y actores que conforman el ámbito cultural. Para esto la mesa ha invitado a varios sectores y recorrerá todo el país para recoger criterios, a fin de entregar al país una ley completa, explicó Abad.

Sobre la Ley de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el CEAACES el pasado 11 de febrero la Asamblea debatió en primera instancia. Esta ley pretende dar por extintas a las Universidades que no acreditaron y se tiene previsto crear un fideicomiso que servirá para el pago de deudas, comentó el presidente de la Comisión.

Otro de los temas que espera tramitar la Comisión de Educación es la modificación a la Ley de Creación de la Universidad Estatal Amazónica, con el fin de que se creen más sedes en esta Región. Asimismo, según Abad, una subcomisión, presidida por Diego Vintimilla realiza varios encuentros con la comunidad educativa para evaluar la aplicación de la Ley de Educación Superior y, de ser el caso, se trabajará también en las reformas necesarias.

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El asambleísta Milton Gualán, representante de la provincia de Zamora Chinchipe, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), por considerar que es necesario garantizar la autonomía y democratización universitaria.

Milton Gualán explicó que la propuesta, construida con la participación activa de estudiantes universitarios del Ecuador, busca, entre otros aspectos, recuperar el derecho al libre ingreso, así como el cogobierno paritario para estudiantes y trabajadores, evitar que se designen a dedo a los decanos, eliminar el examen de habilitación profesional, implementar las pasantías pagadas en concordancia con el programa mi primer empleo, revisar los plazos establecidos respecto a los títulos de cuarto nivel.

Distribución de recursos

Sugiere que los recursos que asigna anualmente el Estado a las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, de artes y los conservatorios superiores públicos, se distribuyan en los siguientes porcentajes: el 85%, tomando en cuenta el número de estudiantes, número de docentes, costo por carrera, número de proyectos de investigación, número de programas de vinculación con la colectividad; y, el 15% restante, bajo el criterios de fondo concursable, que incluirá la excelencia académica, mejoramiento de la planta de profesores e investigadores, pertinencia de las carreras, fomento a la investigación, innovación, el desarrollo tecnológico y la eficiencia administrativa. En este fondo concursable también podrían participar IES particulares.

Elección de autoridades

Según la propuesta, la elección del rector, vicerrector, autoridades académicas de las universidades y escuelas politécnicas se hará por votación universal, secreta y obligatoria de los estamentos que conforman las instituciones de educación superior.

La participación de los estudiantes en los organismos de cogobierno de las universidades públicas, en el ejercicio de su autonomía, equivaldrá a un porcentaje del 50% total del personal académico con derecho a voto, exceptuándose al rector, vicerrector de esta contabilidad. En el caso de las universidades y escuelas politécnicas privadas equivaldrán a un porcentaje entre el 30 y 50%, acorde a sus estatutos.

La participación de los servidores y trabajadores en los organismos colegiados de cogobierno de las universidades públicas y privadas será equivalente a un porcentaje del 10% del total del personal académico con derecho a voto.

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