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Sugieren que no se fijen techos salariales en las universidades

Asambleístas de la Comisión de Educación y los representantes de las universidades financiadas y cofinanciadas realizaron varias observaciones y aportes para que el tema de salarios y sueldos pueda ser tratado e implementado adecuadamente en las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

Los delegados de las universidades sugirieron que no se fijen techos salariales, porque en ocasiones las universidades necesitan contratar docentes que sobrepasen ese tope, por lo que el tema no debe constar en la ley. Para ello, argumentaron que el Código de Trabajo establece los sueldos que deben percibir las autoridades y empleados de las instituciones académicas.

Carlos Larreátegui, rector de la Universidad de las Américas, insistió que poner techos salariales para la contratación de autoridades es inconstitucional y discriminatorio. Afirmó que si se incorpora el tema de los salarios al siguiente día de su aprobación las instituciones académicas sustentarán y discutirán la ilegalidad de la norma.

A esta postura se sumó Alberto Montalvo, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También mencionó que el tema salarial tiene una protección constitucional y que el Código de Trabajo en los artículos 79 y 81 establece la libertad de llegar a un acuerdo sobre el monto salarial entre el empleado y el empleador.

Por su parte, la asambleísta Noralma Zambrano dijo que el Consejo de Educación Superior (CES) no tiene el conocimiento ni la competencia para regular los sueldos y salarios, por lo que insistió en que se deje la competencia al Ministerio de Trabajo.

José Irigoyen, de la Universidad San Francisco, sustentó que el Ministerio de Trabajo ya determina las brechas salariales para la contratación de autoridades en las universidades. “Es innecesario y se duplican los esfuerzos si se vuelven a normar los sueldos y salarios en la reforma”, advirtió.

El presidente de la mesa, Augusto Espinosa, dijo que el artículo guarda armonía con la Constitución y busca garantizar que las universidades no tengan fines de lucro. Aseguró que si hay una propuesta que garantice que no haya terceras personas que se beneficien con los sueldos y los salarios, se pueden eliminar los incisos del articulado.

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Contratación pública y gestión del talento humano se analiza en la Comisión de Educación de la Asamblea

Con el objetivo de enriquecer la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y autoridades de las universidades celebraron el martes 24 de octubre un nuevo taller para analizar la contratación pública y gestión del talento humano en las instituciones académicas.

Augusto Espinosa, presidente de la Comisión, indicó que se requiere hacer un ajuste al Código Ingenios y una reforma en la Ley del Servicio Nacional de Contratación Pública para facilitar el proceso de compras. También planteó la necesidad de insertar un artículo en la reforma a la LOES para determinar varios mecanismos de contratación pública.

Con ello las autoridades de las universidades o sus delegados tendrán la oportunidad de contratar servicios y la adquisición de bienes a nivel nacional e internacional, así como justificar que la contratación es por temas de investigación científica y pedagógica o para desarrollo tecnológico o su trasferencia. Además, podrán adquirir software, hardware, paquetes de licencias e insumos para laboratorio.

Para que las universidades no tengan retrasos en la adquisición de insumos y equipos para el trabajo investigativo, la reforma plantea que las universidades tengan la facilidad de realizar compras sin esperar que se expida el reglamento del Código Ingenios.

Jaime Calderón,rector de la Escuela Politécnica Nacional, puntualizó que las universidades son dependientes de otra normativa legal, lo que a su juicio ha restado autonomía en muchas áreas. Por ello sugirió buscar un mecanismo para hacer ágiles los procesos de compras, a la vez que advirtió que el régimen de compras públicas es una traba en la universidad. En algunos casos, demora hasta medio año.

En tanto, Patricio Castro, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, sostuvo que es necesario ampliar el campo de acción investigativo y disminuir las trabas, que a su criterio frenan las investigación. “No se deberían poner más trabas en los procesos de contratación pública”, finalizó.

Régimen laboral

La comisión y las instituciones de educación superior iniciaron la revisión y una propuesta de modificación a la LOES sobre el régimen laboral de los servidores públicos y de los trabajadores del Sistema de Educación Superior.

Jaime Calderón, de la Escuela Politécnica Nacional, mostró su preocupación sobre los docentes jubilados que fueron obligados a renunciar luego de entrar en vigencia la LOES, en 2010. Recalcó que es necesario recuperar los derechos de los docentes universitarios y que estos tengan una jubilación digna y no haya un trato discriminatorio al profesor académico.

La jubilación voluntaria, el reconocimiento de la trayectoria, los aportes complementarios y voluntarios, los escalafones y los sueldos son temas que deben ser tratados en la reforma, mencionaron los delegados de las universidades.

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Senescyt, CES y Ceaaces plantean reformas a la LOES

Este martes 10 de octubre, Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt); Enrique Santos, presidente del Consejo de Educación Superior (CES); y, Gabriel Galarza, presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), comparecieron al pleno de la Asamblea Nacional para presentar, de forma conjunta y coordinada, sus propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

El titular de la Senescyt destacó que la LOES ha sido una ley fundamental, pero requiere ciertos ajustes “que han surgido de un trabajo intenso y meticuloso de todos los organismos rectores de la educación superior”.

Agregó que dos temas fundamentales que forman parte de la reforma a la LOES son el fortalecimiento del proceso de admisión y de la oferta técnica y tecnológica; en el primero, el Secretario de Estado indicó que están conscientes de la necesidad de realizar una evaluación global al proceso de admisión, pero incorporando los criterios de libertad de elección, mérito estudiantil y fortaleciendo la oferta y la responsabilidad de las universidades.

También dio a conocer la necesidad de establecer un subsistema de educación superior técnica y tecnológica, en la que a partir del fortalecimiento de los institutos existentes adquieran la condición de Institutos Superiores Tecnológicos Universitarios, en donde las carreras tendrán las mismas características de una de tercer nivel de la universidad e incluso el titulado podrá acceder a un postgrado.

En su intervención, el presidente del CES, Enrique Santos, manifestó que en esta propuesta a la Reforma a la LOES es indispensable que los estudiantes puedan formar parte del cogobierno en las instituciones de educación superior (IES). Además enfatizó que se debe promover la paridad de género e igualdad de oportunidades, para ello se propone que las elecciones para las autoridades de las IES y de los representantes de los distintos estamentos ante los órganos de cogobierno deberán ser integradas respetando la alternancia, la paridad de género e igualdad de oportunidades.

Reformas propuestas

En las comparecencias se plantearon varias problemáticas, así como sus propuestas de soluciones, entre ellas: autonomía, formación técnica y tecnológica, admisión, compras públicas y régimen de control, aseguramiento de la calidad, exámenes y competencias, cogobierno, bienestar estudiantil e intervenciones.

– Respecto a la superposición de competencias de los organismos del sistema de educación superior (CES, Ceaaces y Senescyt), se propone aclarar las funciones y competencias de los tres órganos rectores y mantener la conformación vigente. Así como, la necesidad de coordinación y articulación entre los actores del sistema.

– En lo relacionado a la necesidad de fortalecer el sistema de admisión, la propuesta es trabajar en condiciones de igualdad para mejorar el acceso con criterios de equidad, basados en la libertad de elección, por méritos académicos del estudiante, disponibilidad de cupos y la corresponsabilidad de las instituciones de educación superior.

– Sobre la autonomía responsable se propone que a mayor calidad, mayor autonomía. Es decir, mantenerla como principio del sistema de educación superior, al tiempo de incorporar la calidad e inclusión como criterios determinantes para fortalecerlo.

– En lo relativo al debilitamiento de la formación técnica y tecnológica, la propuesta es establecer un subsistema de educación superior técnica y tecnológica. Además, reconocer la posibilidad de que estos puedan adquirir la condición de institutos superiores tecnológicos universitarios.

– Sobre el mismo tema, se propone reconocer el acceso a programas académicos de posgrado a los ciudadanos con títulos de formación técnica y tecnológica, tras reconocer los títulos de tecnólogo superior universitario dentro del tercer nivel de formación.

– Respecto a la ausencia de posibilidades de formación en posgrados tecnológicos, la propuesta es incluir dentro del cuatro nivel de formación el título profesional de especialista tecnológico y el grado académico de maestría tecnológica, que podrán ser otorgados tanto por los institutos superiores universitarios como por universidades y escuelas politécnicas.

– En lo relacionado a la legislación laboral vigente que subvalora profesiones técnicas y tecnológicas y su remuneración, se propone que una vez que la LOES acoja las reformas señaladas, se realicen reformas de leyes y reglamentos laborales, para el sector público y privado, de manera que el tercer y cuarto nivel técnico y tecnológico sea considerado y remunerado en forma equivalente al grado universitario profesional. Además, en articulación con las entidades competentes, se buscará generar las políticas públicas adecuadas para la incorporación de titulados técnicos y tecnológicos en el mercado laboral.

– Sobre el régimen de compras públicas no adecuado a las funciones de las instituciones de educación superior, se propone la creación de un régimen pertinente a las funciones de estas.

– En lo relativo al régimen de control actual de las instituciones de educación superior, se plantea la creación de un régimen especial de control. Para el efecto, la Contraloría en coordinación con Senescyt generará un régimen especial reglamentario para las acciones de control sobre las instituciones de educación superior.

– En relación a la designación de Autoridades Académicas y denominación de sus cargos, las reformas de los tres organismos plantean que estas sean designadas por las instancias establecidas en el estatuto de cada universidad o escuela politécnica, las cuales podrán ser elegidas consecutivamente o no, por una sola vez.

– Sobre la participación de las autoridades académicas en cogobierno, se propone que participen en el cogobierno, con voz y voto, en un porcentaje inferior al de los representantes de docentes. Los estatutos de cada universidad o escuela politécnica definirán el proceso de designación y el porcentaje de participación. Las autoridades académicas que no conformen los órganos del cogobierno, podrán participar con voz y sin voto, de las sesiones en las que se traten temas académicos y administrativos de su respectiva unidad.

– Para promover la paridad de género e igualdad de oportunidades se plantea que la elección de rector o rectora, vicerrectores o vicerrectoras, y de los representantes de los distintos estamentos ante los órganos de cogobierno, se realizará a través de listas que deberán ser integradas respetando la alternancia, la paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad conforme a la Constitución.

– Se propone reformar el artículo 86, para mantener la Unidad de Bienestar Universitario, encargada de promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual de la comunidad universitaria, y brindar asistencia obligatoria a quienes demanden por violaciones de estos derechos. También, formulará e implementará políticas, programas y proyectos para la prevención y atención emergente a las víctimas de delitos sexuales, además de presentar, por intermedio de los representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las instancias administrativas y judiciales según la Ley.

– Respecto a las sanciones a las autoridades académicas, se plantea la amonestación, sanción económica o suspensión de hasta 180 días sin remuneración, a las autoridades de las instituciones que violen o atenten contra los derechos y disposiciones establecidos en la Ley, su reglamento y más normativa que rige al sistema de educación superior.

– En lo que respecta al Examen nacional de evaluación de carreras y programas académicos aplicados por el Ceaaces, con la finalidad de erradicar la copia y el fraude en los exámenes, se propone establecer sanciones que se determinarán en la LOES y en el organismo rector del sistema de educación superior.

– Se propone también reestructurar y reformar el artículo 175, en donde uno de los puntos hace referencia a la elección del Presidente, determinando que este podrá ser electo de entre cualquiera de sus seis miembros y no únicamente de los delegados del Ejecutivo.

Después de tres jornadas de análisis, este martes 10 de octubre finalizó el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (Loes). Todas las observaciones, sugernecias y propuestas se analizarán para incorporarrlas, si son necesarias, en el documento que será presentado a segundo y definitivo debate en el pleno de la Asamblea Nacional.

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En la distribución de recursos a las universidades se tomarán en cuenta las mejoras institucionales

Este martes 10 de octubre de 2017 se desarrolló el sexto encuentro de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional con rectores y vicerrectores de las universidades públicas, en el cual se profundizó el análisis de los parámetros para la distribución de recursos. Esto en el marco del estudio de las reformas a la Ley de Educación Superior.

La propuesta en debate establece que los recursos destinados anualmente por parte del Estado a favor de las instituciones públicas de educación superior se distribuirán considerando las mejoras institucionales y resultados finales en indicadores asociados a los resultados obtenidos en el desempeño de las funciones de docencia, investigación, vinculación con la colectividad, además de los correspondientes a la eficiencia administrativa y financiera.

Los indicadores de resultados en docencia se referirán a la cobertura e incremento de matrícula en el tercer nivel, a la eficiencia terminal y a la inserción de los graduados en el ámbito laboral o en programas de cuarto nivel.

En materia de investigación, los indicadores considerarán la matrícula en programas científicos de cuarto nivel, las publicaciones científicas, los registros que otorguen derechos de propiedad intelectual y, fundamentalmente, las innovaciones generadas que contribuyan al incremento de la productividad o al cambio de la estructura productiva del país.

Vinculación con la sociedad

Los indicadores de resultados en vinculación con la colectividad se referirán a la contribución de las instituciones, así como a la solución de problemas sociales, ambientales y productivos que afecten a sectores vulnerables de la sociedad.

En el caso de la eficiencia administrativa y financiera se considerarán la capacidad de autogeneración de ingresos, la composición de los gastos permanentes y la relación entre el patrimonio institucional y el gasto corriente.

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) determinará los indicadores de resultados que se utilizarán para la distribución de recursos, los mismos que se utilizarán también en los procesos de acreditación. Estos permanecerán inalterados entre un proceso y otro. La fórmula de distribución de recursos será elaborada por el Consejo de Educación Superior (CES) en base a los indicadores fijados por el Ceaaces y a los objetivos propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo.

Las instituciones de educación superior públicas que se crearen o que fueren incorporadas a la distribución de fondos recibirán la parte proporcional de las respectivas rentas. Las instituciones de educación superior que operan en Ecuador bajo acuerdos y convenios internacionales que reciben recursos del Estado, continuarán haciéndolo si cumplen todas las obligaciones legales.

El asambleísta Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación, habló de la necesidad de que exista una visión sistémica, a fin de evitar que cada organismo vaya por su andarivel y que los indicadores que se usen para la distribución de recursos tengan que ver con los resultados esperados de las instituciones y no con indicadores de gestión. Asimismo, que los indicadores de resultados sean parte del proceso de acreditación.

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Primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior continúa este martes

Este martes 10 de octubre continuará la sesión No. 476 del Pleno de la Asamblea Nacional, donde los asambleístas retomarán el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

Para la sesión de hoy han confirmado su asistencia las máximas autoridades de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), del CEAACES y del Consejo de Educación Superior (CES).

El proyecto de reformas a la LOES aborda temas como la integralidad de la educación superior, la ampliación de la formación técnica y tecnológica superior,la revalorizando el título de grado de tercer nivel, entre otros.

Ampliar la matrícula

En el informe preparado por la Comisión de Educación se destaca que, a pesar de que la matrícula en educación superior se ha incrementado desde la vigencia de la Ley de Educación Superior, aún es necesario reformar esos mecanismos de inclusión para lograr un sistema de educación superior plural e incluyente.

El objetivo de la reforma está orientado a garantizar el acceso a la educación superior de todos aquellos jóvenes que están facultados para hacerlo, en especial de quienes no cuentan con los recursos necesarios o pertenecen a grupos de atención prioritaria. La inclusión en la educación superior tiene resultados positivos a largo plazo para reducir la desigualdad económica que suele tener asociados factores de discriminación sobre raza, género o discapacidad.

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Consejo de Regentes, tema de análisis entre Asamblea y rectores de universidades

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional afina el articulado de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), junto a los representantes de las universidades particulares y cofinanciadas de todo el país. En esta reunión participaron representantes de las Universidades San Francisco, Internacional del Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Católica de Cuenca, Metropolitana, Politécnica Salesiana, Universidad de Otavalo, Tecnológica Empresarial de Guayaquil, Tecnológica Equinoccial, Tecnológica Indoamérica y Técnica Particular de Loja.

En la cita de este miércoles 4 de octubre de 2017 se analizó el tema del Consejo de regentes, concepto, integración, planes estratégicos institucionales, entre otros.

Se conoció que el artículo 47 de las reformas a la LOES establece que las instituciones de educación superior particulares podrán constituir un Consejo de Regentes integrado por al menos cinco miembros, cuya función será velar por el cumplimiento de la misión, visión y principios fundacionales de la institución.

También estará facultado para aprobar los planes estratégicos institucionales y calificar las candidaturas para la elección de las máximas autoridades.

El rector de Universidad San Francisco de Quito, Carlos Montúfar, reconoció que se avanza en aspectos importantes que permitirán definir los mecanismos más adecuados para la elección de los rectores. También dijo que cada institución puede tener una variación en cuanto a la designación de los consejeros.

Galo Cavanilla, de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, manifestó que el artículo conceptualmente guarda relación con sus propuestas e incluso comparado con universidades de alto nivel.

A Michel Londoño, representante legal de la Universidad Internacional, le parece fundamental que se amplíe el número de fundadores que puedan participar en el Consejo y eliminar el tema de la consanguinidad. También que se considere a los decanos en esta conformación.

En cuanto a los requisitos que deben cumplir los consejeros, el presidente de la Comisión, Augusto Espinosa, dijo que se pueden establecer criterios genéricos, por ejemplo favorecer a quienes hayan ocupado cargos públicos de alto nivel o hayan sido premiados a nivel nacional e internacional.

Aseguró que uno los temas que existe como denominador común entre las observaciones es a mayor representatividad de este Consejo, mayor capacidad para incidir de manera directa en el nombramiento o designación de las autoridades. Dijo que hay dos formas para designar: el uno, los Consejos de Regentes, y el otro, que una autoridad que haya sido electa democráticamente sea la que designe.

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Debate de reformas a la Loes continuará el martes 3 de octubre

El primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (Loes) continuará el próximo martes 3 de octubre, anunció José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional. En la última parte de la jornada del martes 26 de septiembre los parlamentarios se refirieron en reiteradas ocasiones al ingreso y permanencia de los estudiantes y al financiamiento de las universidades.

Desde el lado de PAIS, Franklin Samaniego y Silvia Salgado precisaron que la educación superior ha tenido avances, pero que se requiere ir mejorando para garantizar el bien colectivo y no pensar en el enfoque individual.

Describieron que esos logros se iniciaron con la Constitución de la República, la cual estableció la educación como un derecho y un bien público. “Ahí fue donde se fundó el cambio transformador y estructural”, enfatizó Salgado. Para ella es importante incorporar la diversidad.

Samaniego se refirió a algunos avances en la inclusión, acceso y permanencia. Dijo que el 71 % de quienes aceptaron un cupo fueron parte de la primera generación de su familia en ingresar a la educación superior, mientras que más de 26 mil son beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y ocho de cada diez alumnos provienen de una unidad educativa fiscal. En tanto, en 2012 ocho de cada diez estudiantes que ingresaron a los estudios superiores continuaron.

En cuanto a las mejoras, sostuvo que con las reformas se fortalece la formación técnica y tecnológica como educación de tercer nivel, con la idea de diversificar la demanda y aportar al desarrollo. Indicó que en los institutos públicos y privados se forman unos 100 mil estudiantes. También habló de la institucionalidad del sistema, que ha garantizado democracia, autonomía e independencia de los grupos de poder.

Algunos de esos puntos, sin embargo, fueron cuestionados por Rómulo Minchala y René Yandún. Según el primero, se ha restringido el ingreso de estudiantes porque para hacerlo tienen que prepararse en cursos, lo que implica gastar dinero y otras dificultades. En cambio, para el segundo, lo fundamental está en fortalecer todo el sistema educativo, de manera integral, que incluye todos los niveles de educación. Objetó que se hayan cerrado colegios militares y algunas escuelas.

Minchala también reflexionó en cuanto a la calidad educativa. Manifestó que está bien que exista esa excelencia, pero que las universidades deben dedicarse a cumplir ciertos requisitos que deben incluir determinados indicadores. Explicó que no se tiene en cuenta una concepción global de la educación. Pidió que se razone sobre los recursos de las universidades para que puedan mejorar y abrir más cupos. Señaló que la gratuidad de la educación está en peligro.

“Tenemos que pensar en nuevos mecanismos de financiamiento y en incorporar a la educación técnica y tecnológica como una de las potencialidades en la revalorización económica y social», afirmó Silvia Salgado.

Durante la continuación del primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (Loes) hubo ideas con las que todos los asambleístas coincidieron. La necesidad de direccionar de forma inteligente la orientación vocacional desde el colegio, optimizar el sistema de admisión a las universidades y diversificar la demanda, fueron tres de las ideas centrales en las que se abordó el tema.

Galápagos, punto aparte

Uno de los temas topados durante el análisis fue la situación de la educación superior en Galápagos. Brenda Flor dijo que la educación es pieza fundamental para la preservación ambiental y el desarrollo sustentable del Régimen Especial de las islas. Sin embargo, hizo notar que ninguna de las extensiones universitarias que existían cumplieron los requisitos mínimos para mantenerse abiertas, por lo que los estudiantes al salir de la secundaria, no tienen opciones para continuar una carrera.

Pidió que para Galápagos se cuente con sedes universitarias que estén acordes con las necesidades que existen y que se establezca un plan de contingencia para atender la demanda.

Garantizar el acceso

Patricio Donoso cree que es necesario calibrar las intencionalidades de 13 legisladores a través de 11 proyectos de ley presentados. Insistió en que se necesita analizar cómo será la orientación vocacional desde la secundaria. Para el legislador, si hay un crecimiento en la tasa de matriculados en las universidades. Hay que atenderlos con la garantía del acceso a la educación superior en virtud de su vocación “no por lo que otros resuelvan”.

El problema por el que atraviesan los institutos técnicos y tecnológicos también salió a flote. El tema no es nuevo, pues en la mentalidad tanto de los padres de familia como de los estudiantes está el que no se trata de carreras terminales.

En este sentido, la asambleísta Noralma Zambrano habló de la necesidad de fortalecerlos y dijo que la problemática va más allá de no tener una verdadera autonomía. Se refirió a los avances de los últimos 10 años en lo relacionado con educación superior y dijo que no se trató de un cambio, porque eso es algo superficial, sino de la transformación del sistema.

Montgómery Sánchez pidió optimizar el sistema de admisión, diversificar la demanda de educación superior, incrementar la oferta, respetar la autonomía, incrementar el presupuesto y facilitar la autogestión, además de actualizar las mallas curriculares.

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Este martes 19 se realiza primer debate de las reformas a la LOES

Este martes 19 de septiembre, a partir de las 10:00 horas se reunirá el Pleno de la Asamblea Nacional para iniciar el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, anuncia que se priorizará una reforma para garantizar el financiamiento de las instituciones de educación superior. Su planteamiento es que exista un financiamiento sostenido y progresivo, para evitar que se disminuya el presupuesto de las IES por la coyuntura económica del país.

Con este propósito, la Comisión de Educación recibirá cada lunes a los representantes de las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas para dialogar y encontrar consensos en el planteamiento de las reformas a la LOES, especialmente, en los artículos relacionados con el financiamiento.

La Comisión de Educación, dijo Espinosa, priorizará los acuerdos, a fin de que las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior lleguen al segundo debate con el mayor consenso posible.

Explicó que en los últimos años, gracias a la eficiencia en la recaudación de impuestos, el ingreso del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo) subió. Sin embargo, por el bache económico el país sufrió una contracción, proporcional a la baja en el ingreso de tributos. De ahí que, subrayó, es posible que cuando exista este fenómeno los recursos para las universidades caigan. Con las reformas se pretenden evitar estos contratiempos.

La Comisión quiere que se superen estas dificultades en el largo plazo, fundamentalmente, para que haya más inclusión. Se espera que en los próximos diez años se duplique la tasa de matrícula o el ingreso a la universidad.

PROPUESTAS

De los planteamientos que expuso Espinosa algunos ya están incorporados en el informe para primer debate; otros se incluirán en el segundo debate. En el fondo, la idea es que, una vez asignados los recursos, sean las universidades las responsables de su manejo y que el presupuesto no se reduzca.

Se propone que el saldo del presupuesto no devengado para ciencia, tecnología, proyectos académicos y de investigación obligatoriamente se incluya en el ejercicio fiscal del siguiente año y no regresen al Estado. Además, que los fondos no comprometidos del ejercicio fiscal puedan moverse entre las distintas partidas que tienen las entidades educativas y no vuelvan a la Cuenta Única del Tesoro.

En cuanto a los fondos de autogestión y fuentes complementarias se determina que sean manejados de forma autónoma por las universidades. Además, podrán ser auditados. También se prohíbe la competencia desleal. Cuando las entidades generen actividades ajenas a su función académica deben crear empresas públicas y estas tendrán prioridad en la contratación pública.

Con las reformas se incorporan incentivos para las instituciones de educación superior que impulsen la inserción laboral de sus graduados. Igualmente, se afianza la vinculación con la sociedad, así como temas relacionados a la interculturalidad.

PEDIDO DE LOS RECTORES

Las autoridades universitarias del país reiteraron este lunes 18 de septiembre, en la reunión semanal con los miembros de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, la disposición de abrir más cupos a los bachilleres, pero que a la par exista el correspondiente presupuesto en función de mejorar la infraestructura, el equipamiento técnico y los laboratorios, con el objetivo de efectivizar el desarrollo de la investigación. La devolución inmediata de los recursos de autogestión por parte del Ministerio de Finanzas a los centros se convirtió en otro punto de debate.

Según Marco Posso, vicerrector de la Universidad Central, es fundamental reformar los mecanismos operativos de distribución de fondos. Sugirió que se tome en cuenta que en los programas de posgrado o de educación continua los recursos se comprometen de acuerdo con la ejecución de los mismos, en dos o tres años, dependiendo de la modalidad.

Para Hugo Ruiz, de la Politécnica Estatal del Carchi, la autonomía es una conquista de la juventud, no una dádiva de nadie. Enfatizó que es importante que el Fopedeupo se nutra con el 7.5 % de los ingresos fiscales permanentes.

Maritza Vásquez, de la Laica Eloy Alfaro de Manabí, se mostró partidaria de aplicar el principio constitucional de la igualdad en el cálculo para la distribución de recursos, que ofrecerá a todos la oportunidad de impulsar la investigación con buenos laboratorios.

La representante del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Ximena Carvajal, comentó que el Ministerio de Finanzas argumenta que no existe el debido reglamento para la devolución de recursos, por lo que urge trabajar en una vía expedita para el efecto.

Mientras, Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación, indicó que el fondo que financiará el programa de excelencia contará con los saldos no comprometidos. Respecto al tema de la autonomía universitaria dijo: “Totalmente de acuerdo con la autonomía, pero con el respectivo control sobre el uso de dineros por parte de la Contraloría”.

El asambleísta Rómulo Minchala, integrante de la mesa, habló de exigir celeridad al Ministerio de Finanzas respecto a la devolución de recursos de autogestión.

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La gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel está vigente

El artículo 80 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) expresa: Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios:

a.- La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen en por lo menos el
sesenta por ciento de todas las materias o créditos que permite su malla curricular en cada período,ciclo o nivel;

b.- La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en el nivel preuniversitario,prepolitécnico o su equivalente, bajo los parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión;

c.- La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas especiales o extraordinarias;

d.- El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas materias puedan ser revalidadas;

e.- La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o programa académico; así como los derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesisde grado;

f.- Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios y politécnicos;

g.- Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un estudio de costos por carrera/programa académico por estudiante, el cual será actualizado periódicamente;

h.- Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o créditos de su malla curricular cursada; e,

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la obtención del grado.

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SENESCYT firma acuerdo con Universidades Cofinanciadas para reformar la LOES

El Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, René Ramírez, mediante rueda de prensa, realizada en la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), anunció el acuerdo alcanzado con los rectores de las Universidades Cofinanciadas del país en relación a las reformas que se realizarán a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) sobre el financiamiento a estas instituciones de educación superior. Las modificaciones serán enviadas en los próximos días al Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador para la aprobación de las reformas a la Ley.

Para la firma del Acuerdo estuvieron presentes, Lorena Araujo, Subsecretaria General de Educación Superior y los representantes de las universidades Técnica Particular de Loja, Universidad de Azuay, Universidad Católica de Cuenca, Universidad Laica Vicente Rocafuerte, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Técnica Equinoccial y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Ramírez manifestó que existió un diálogo fructífero con los rectores, lo cual les permitió llegar a un consenso para reformar tres artículos de la LOES. “En el Artículo 30, se realizó una reformatoria general y se incluyó una disposición transitoria. El mecanismo más eficiente es pasar del subsidio a la oferta, al subsidio a la demanda, lo que resultará en más becas a la ciudadanía de escasos recursos económicos”, dijo Ramírez.

Con estos acuerdos las Universidades Cofinanciadas podrían incrementar la entrega de 14 mil a 26 mil becas.

“Los recursos que no se utilicen se acumularán en un fondo que servirá para entregar más becas a nivel de pregrado y posgrado. Además, los estudiantes que ya tienen becas seguirán recibiendo los recursos para su financiamiento”, señaló Ramírez.

Dentro del Acuerdo se certifica que las universidades y escuelas politécnicas particulares que actualmente reciben rentas y asignaciones del Estado, ratifican el compromiso con la necesidad de continuar ampliando el acceso, la permanencia y titulación en la educación superior con calidad, igualdad y pertinencia.

Fernando Ponce, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien habló en representación de las autoridades universitarias, manifestó que el significado de este encuentro, se centra en la lucha por un objetivo que es la educación como un bien público, sobre todo, por la democratización, búsqueda de la excelencia y la calidad académica de la Educación Superior del Ecuador.

“El diálogo se ha iniciado y no termina aquí; hemos debatido y hemos logrado mucho, los principios fundamentales han sido acordados. Es importante que estudiantes de escasos recursos económicos puedan acceder a la educación superior del país, que no haya nadie que esté limitado por barreras económicas o por discriminación”, manifestó el rector.

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