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Política y restauración socioinstitucional

05/03/2021

Por: Luis Alberto Herrera Montero

En Ecuador, durante el período gubernamental de Lenín Moreno, el desgobierno y régimen neoliberal han producido una severa afectación de los derechos políticos y laborales, así como un incremento desmesurado del  desempleo, la  pobreza y  la violencia social; factores presentes antes de la crisis pandémica por covid19 y que develaron el  desmantelamiento de la infraestructura sanitaria, la escasez de recursos para liderar masivas campañas de prevención, la actual ineficiencia para la dotación de vacunas, cuando otros países han demostrado por lo menos algo de prolijidad en el tema, y la más evidente indolencia ante tanto fallecimiento de ciudadanos y ciudadanas de todo el ´país. Ahora, para colmo, a todo esto se suma una de las peores crisis del sistema penitenciario, con extremos niveles de saturación, hacinamiento y muerte. En fin, este catastrófico escenario se explica por priorizar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pagos anticipados de deuda externa y eliminación de impuestos a sectores pudientes, provocando una considerable reducción del presupuesto nacional para desarrollo público y, con esta, una crisis social generalizada, no vivida durante más de cinco décadas.

Ante este nefasto panorama, es improcedente ignorar experiencias de lucha en las últimas tres décadas. De ahí que es oportuno rescatar la dinámica de gobiernos locales y sus proyectos de democracia a través de presupuestos participativos. Como también es necesario destacar el ascenso de gobiernos antineoliberales, en escenarios nacionales y regionales de Ecuador y de América Latina. De este modo fue posible detener el ALCA y otros Tratados de Libre Comercio en la región. Estas trascendentales decisiones mejoraron la calidad de vida de sus pueblos en términos económicos y sociales, sin duda. Lastimosamente no se aplicaron lecturas de autocrítica y por las injusticias del sistema global, estos estilos de gobierno sufrieron una abrupta interrupción, facilitando el reposicionamiento gubernamental oligárquico y la reinstalación de viejas historias de decadencia, que ingenuamente supusimos superadas.

Urge reconocer, entonces, avances respecto a la lucha en contra de la hegemonía de la política internacional de Estados Unidos. Sabemos que dicha política significa el reposicionamiento de regímenes neoliberales, que implican marginación, pobreza, inseguridad, insalubridad y violencia, causados por intensos procesos de desinstitucionalización y funcionalidad macabra con intereses oligopólicos del capitalismo global. Las consecuencias de dichas medidas conllevan agudos individualismos, angustiosas soledades, variadas e incontenibles adicciones a la compleja y atroz sociedad contemporánea de consumo y control planetario. El fenómeno descrito además recrudece procesos muerte; por masivos suicidios de jóvenes, feminicidios en impunidad y por prácticas mafiosas de violencia de distinto orden, no solo alrededor del narcotráfico. Por consiguiente, ignorar las iniciativas de lucha social, en términos locales, nacionales y continentales es inoportuno y altamente peligroso. Por consiguiente, asumir caducas prácticas de fraccionamiento político, que reviven disputas torpes de vanguardismos de centro izquierda o izquierda es lo que menos conviene, ya que solamente producen el fortalecimiento globalizante del imperio, totalitario y oligopólico de la sociedad del control y del mercado.

El presente texto propone, en consecuencia, reflexiones sobre luchas anticapitalistas. Diversas organizaciones, movimientos y partidos han generado procesos multitudinarios de movilización social, para construir la sociedad justa, igualitaria y solidaria. Las respuestas de represión del capitalismo siempre fueron brutales y responsables directas de masacres a los pueblos organizados y sin condiciones para salir ilesos de los violentos ataques de parte de entes policiales e incluso militares. Esas masivas muertes llevaron a concebir la necesidad de la lucha armada para equiparar fuerzas. La hegemonía capitalista demonizó por igual todas las iniciativas de legítima protesta

En América Latina, la política internacional de Estados Unidos, aliada con las oligarquías nacionales, siempre calificó de igual manera al régimen liderado por Salvador Allende y al liderado por Fidel Castro. De este modo, no importaban sus supuestos de “dictadura” o “democracia”, sino el fantasma del comunismo, que resurge a pesar de un raro final de la Guerra Fría: en la actualidad, podemos afirmar que dicha Guerra simplemente ha sido resignificada. Lo interesante es que el comunismo nuevamente es retomado con iguales niveles de tergiversación. Incluso a Sanders, candidato del partido demócrata de Estados Unidos, le han acusado de comunista, por su postura de crítica sensata al fascismo de los republicanos, liderados por Trump. Entonces encubren la verdadera realidad del totalitarismo facho-neoliberal, retomando como bandera de lucha contra el absolutismo estatal del comunismo ¡Que desvergonzada mentira o desvergonzada ignorancia! La propuesta civilizatoria del comunismo es la superación integral de las clases sociales y, por tanto, de toda existencia estatal. Contradictoriamente, el capitalismo imperial, acusa de autoritarismo, mientras promueve a fascistas como Pinochet o a las oligarquías cubanas asentadas en Miami; hoy con fuertes vínculos con el nefasto gobierno de Trump.

Ahora que los procesos políticos de transformación social tienen aún la deuda política de generar la adecuada sintonía entre Estados, organizaciones políticas y pueblos. Las iniciativas revolucionarias con gobiernos, partidos, movimientos y organizaciones sociales, han tendido más al fraccionamiento que a la unificación, por tanto, a que la multitudinaria representatividad de la revolución entre en serias dificultades de sostenimiento y desgaste de los niveles de representación y legitimidad. Mientras que el capitalismo se recompone y recobra su hegemonía en cuanto a las relaciones de poder con las poblaciones. Obviamente, no se trata de dejar de estructurar gobiernos, partidos, movimientos y organizaciones para la transformación civilizatoria de la realidad y superar finalmente al capitalismo; pero la tarea es compleja y la capacidad de articulación de esa diversidad orgánica está todavía pendiente y puede poner en riesgo el proyecto contrahegemónico. Consecuentemente, tenemos el deber de reproducir procesos de corresponsabilidad, aglutinación de fuerzas y concertación de propuestas.

En términos estratégicos es indispensable considerar que el dominio imperial de Estados Unidos pretende una recomposición de su poder ante los avances de China, Rusia y otras regiones, que actualmente se los conoce como conformación multipolar. Por ende, América Latina debe reestructurarse conforme proyectos de neoliberalización socioeconómica. Dentro de ese propósito los gobiernos progresistas le resultan altamente disfuncionales al neoliberalismo de Estados Unidos.  Concebir que cierta tendencia dentro de un movimiento social, con mucho menos poder electoral y experiencia estatal, están mejor posicionados para la acción antineoliberal es ilusorio. En Ecuador, por ejemplo, es evidente que la suposición de fraude no es más que una ficha del plan continental, que implementaron antes en Bolivia, como justificativo para un Golpe de Estado. Esta intención imperial fracasó por la capacidad orgánica y nivel de fuerza del Movimiento hacia el Socialismo MAS, que fue notable y dio cuenta de acertados progresos en materia de interrelación entre gobierno, movimientos, organizaciones y pueblos. Ahora retoman el tema del fraude electoral, pero lo catalogan ya como “fraude sistémico” por la nueva derrota que la derecha sufrirá en las elecciones seccionales.

Para el caso ecuatoriano, el candidato Carlos Pérez promueve peligrosas directrices en la misma tónica que la derecha reaccionaria de Bolivia; ha acusado de autoritarismo a Morales y a Correa, y de forma mucho más autoritaria, propuso públicamente un acuerdo comercial con Estados Unidos. Posteriormente, una vez concluido el conteo electoral, hizo denuncias de fraude, sin sustento alguno y, de manera igualmente anti democrática, acordó el conocido recuento con el candidato de la alianza oligárquica CREO/PSC. Esta decisión, tampoco se ajustó en lo legal, conforme lo establecido en el Código de la Democracia, ni presentó las pruebas para tramitar tales solicitudes. Ante la falta de viabilidad del acuerdo, el candidato de las oligarquías terminó con el mismo.

Las acusaciones de fraude han continuado, pero el nivel de respaldo del movimiento indígena ha decaído considerablemente. Dentro del Consejo Nacional Electoral, el movimiento Pachakutik tiene a la presidenta Diana Atamaint, quien fue parte de los consejeros que ratificaron recientemente el paso a la segunda vuelta electoral de UNES y de la alianza CREO/PSC. Inmediatamente, luego del pronunciamiento de la autoridad electoral, Pérez insistió con acusaciones de fraude y motivó a sectores de la militancia del movimiento indígena no solo a movilizarse, sino también a reunir 20000 actas con supuestas inconsistencias, las que el Consejo Nacional Electoral recibió. Luego del análisis del caso, los consejeros resolvieron que tan solo 31 de esas actas entrarían en un proceso de recuento, ya que el resto no evidenciaba las inconsistencias anunciadas por Carlos Pérez.  El hecho es que no logró fundamentar el fraude. Ante esta situación inexplicable, el dirigente de la Confederación de Nacionalidades del Ecuador, Jaime Vargas, anunció que el hecho electoral está consumado en su primera vuelta. Carlos Pérez en vez de asumir una postura autocrítica, reanimó a un grupo de Pachakutik, a través de un paro nacional, a oponerse al pronunciamiento oficial del Consejo Nacional Electoral. Esta necedad del candidato Pérez contagió al dirigente de la Ecuarunari, quién negó legitimidad a Jaime Vargas como dirigente fundamental del movimiento indígena. Las movilizaciones finamente tuvieron escaso apoyo e impacto

En síntesis, la postura de Pérez solo fomenta fraccionamientos, que a la postre terminan jugando en favor del reposicionamiento neoliberal. El gobierno de Lenín Moreno siempre intentó postergar las elecciones, hecho claramente ilegal, para alargar su período presidencial y otorgar más tiempo para procesos peligrosos de una sospechosa independencia del Banco Central y posteriormente una posible privatización de áreas estratégicas de la economía ecuatoriana; hoy bajo el control del Estado.

Como lo he enfatizado antes, el país requiere la conformación y consolidación de un Frente Nacional Antineoliberal o Progresista. No solo es urgente ganar la segunda vuelta, sino propiciar procesos de gobernabilidad; de lo contrario, no será viable poner un alto a la arremetida neoliberal y sus efectos altamente perjudiciales para el bienestar social de ecuatorianos y ecuatorianas. El objetivo no deberá consistir en repeticiones respecto lo realizado por el anterior gobierno progresista, sino necesariamente en la superación errores y hacia la restauración estatal e institucional del país, desde un renovado proceso progresista. La propuesta hasta el momento así se direcciona, la crisis económica, la crisis de salud, la crisis política, la crisis penitenciaria, en definitiva, la crisis social, nos obliga a un gran acuerdo integral y sistémico. Es decir, que la reconstrucción nacional se inspire en planes de coordinación multisectorial y de práctica intersectorial, para así solventar la situación de emergencia en la economía, la salud, la política, la educación, la cultura; en sí, la crítica afectación a los derechos humanos. La propuesta debe concretarse mediante proyectos estrictamente coordinados y sostenibles a corto, mediano y largo plazos. Ante necesidades y urgencias, cualquier tipo de fraccionamiento terminará haciendo juego a las oligarquías y al neoliberalismo como estrategia imperial, bajo el control y predominio de la política internacional de Estados Unidos, la histórica causa de nuestros contemporáneos males.

El Frente Antineoliberal o Progresista no debe simplificarse en la gobernabilidad o ámbitos estatales. La lógica requiere ser principalmente societal. Uno de los errores fue no fomentar procesos organizativos articulados, como sustento del proyecto nacional progresista, mismo que no debe terminar tampoco subordinado en la lógica estatal, ya que impide superar largas costumbres paternalistas y asistencialistas. El gran propósito es impulsar la participación ciudadana, las iniciativas de veeduría social y el diálogo político, como modo de ser de la propuesta orgánica del frente en mención. De esta manera, será posible no solo superar la situación de emergencia y terapia intensiva, sino también transformar en voluntad y cotidianidad todo aquello que en la Constitución denominamos como Buen Vivir o Sumak Kawsay, con claros objetivos en materia de derechos de la naturaleza, soberanía alimentaria, agricultura familiar, ciudades ambientalmente sostenibles, culturas de paz, educación-salud-comunicación intercultural, rehabilitación social de privados de su libertad y cogestión-coparticipación-corresponsabilidad.

Lo mencionado, reitero, no puede desatender las situaciones de riesgo y alta emergencia respecto a la pandemia por covid19, a los despidos arbitrarios de empresas y Estado, a la gravedad del sistema carcelario, entre las medulares. Sin embargo, tampoco procede ignorar la utopía. En pocas palabras, se necesita saber integrar la sociedad con el Estado y saber proyectar el corto, mediano y largo plazos como prioridades del bienestar público severamente destruido. Para todo ello debe superarse la crisis y recomponer, a su vez, el Gran Frente Progresista también a nivel de América Latina. Unidos lograremos mucho. Fraccionados nos autoperjudicaremos y triunfa el imperio. El Frente Progresista es principalmente deber y responsabilidad societal de organizaciones, movimientos, partidos, comunidades, pueblos e individuos, un gran tejido de centro izquierda e izquierda coparticipando por el bien común y en oposición a las totalitarias políticas neoliberales. Para el efecto será necesario entender todo como proceso, conectando adecuadamente reforma con revolución, como lo he dicho antes e insistiré haciéndolo en mis recomendaciones.

Las elecciones y nuestro futuro

19/02/2021

Por: Luis Alberto Herrera Montero

 

Dentro de la perspectiva oligárquica, se dimensiona los resultados electorales como una mayoría cercana al 70% y una minoría de apenas algo más del 30%. Al menos así lo dieron a entender Jaime Nebot y Guillermo Lasso.  Obviamente, es urgente realizar una interpretación opuesta a la mencionada. Los datos de las elecciones otorgan resultados de 32,74% al progresismo y 19,38% al movimiento indígena, cuya sumatoria supera el 52%; es decir, dentro de una perspectiva diferente a las de grupos oligárquicos, la ciudadanía de Ecuador tomó partido por sectores de izquierda y centro izquierda. Si a esta sumatoria le añadimos una parte de los votos por el candidato de la Izquierda democrática y algo de los nulos, podríamos suponer que más de 60% no concuerda con el neoliberalismo.

Bajo la interpretación electoral realizada, sin duda, es necesario apoyar la conformación de un Frente de Unidad Antineoliberal, lo he mencionado antes de iniciarse la campaña electoral, cuando aún no estaban definidas siquiera candidaturas. En esta tendencia podría identificarse sectores de la actual Izquierda Democrática, aquellos que como Rodrigo Borja consideran posible aún concretar el socialismo democrático, Sin embargo, la social democracia contemporánea se ha alejado de sus postulados clásicos y ha terminado plegando con propuestas neoliberales; así se ha catalogado a Felipe González, por señalar un ejemplo indiscutible, que da cuenta de lo afirmado recientemente.

Para efectos de constitución del Frente Antineoliberal, será indispensable rediseñar propuestas en conjunto, como debe hacerse cuando realmente se piensa y se agencia el bien común. Esto es, no cabe posiciones cerradas en uno u otro sector, sino programas, proyectos y agendas por consensuar, para frenar a raya los intentos privatizadores de empresas y sectores estratégicos de la economía nacional. Será indispensable también evitar procesos de neo-liberalización de temas relacionados con nuestra soberanía alimentaria y productiva, así como, con la supresión o significativa reducción de impuestos a sectores pudientes del país. Dentro de estos acuerdos de tendencia, no es posible ignorar las graves problemáticas provocadas por el calentamiento global y la re-emergencia de autoritarismos fascistas con serias proyecciones hacia el control de gobiernos en diversas regiones del mundo; afortunadamente los fascismos aún no son mayoritarios, pero pueden llegar a serlos y ejemplos como Pinochet en Chile, Uribe en Colombia, deben llamarnos a evitarlos.

Con el propósito de derrumbar imaginarios falsos, que aseguran que grandes empresas transnacionales y nacionales son las que mayor bienestar y desarrollo social generan. Las empresas trasnacionales cultivan más sus lucrativas ganancias en comparación con los beneficios públicos mundiales que ofrecen; es más, en análisis de expertos como Stiglitz y Harvey,  el neoliberalismo transnacional, por el contrario, es generador de maleficios globales. En cuanto a los oligopolios nacionales, de ninguna manera sus intereses se alejan de la acumulación privada; por tanto, el bienestar público no depende de sus empresas de ninguna manera. Al respecto, es oportuno aclarar que no se trata tampoco de posicionar mentiras en cuanto a expropiaciones masivas, identificadas como viejo socialismo; desde enfoques progresistas, en materia económica, lo realizado en Uruguay y Bolivia son ejemplos a reproducirse. Cabe aclarar, además, que el pueblo ecuatoriano ha desarrollado mayoritariamente su economía a partir de unidades de producción familiar, de iniciativas contempladas en el trabajo informal y en el empleo generado por pequeñas empresas.

En términos estrictamente políticos, se deberá reforzar nuestra Constitución de 2008, posiblemente habrá que implementar procesos de diálogo social para determinadas y excepcionales reformas. No procedería, en mi opinión, hacer un proceso de asamblea constituyente, sin asegurarse de que el sentir mayoritario de nuestra población apoye esa propuesta. El preferible, con base en la Constitución, que desarrollar mejores niveles de participación de diversos sectores de nuestro país, que prioricen enfoques inclusivos e interculturales con mayor rigor, que no descuiden los derechos de la naturaleza, los derechos de pueblos y nacionalidades, los enfoques de género, la prioridad de nuestras juventudes y mayor apertura para la población glbti, entre otros. En este tema, no puede dejarse de mencionar como prioritario los derechos políticos violentados por el gobierno saliente, que provocó once muertes, juicios y encarcelamientos improcedentes a diversidad de líderes sociales que protestaron en las jornadas heroicas de octubre de 2019, ya que lo hicieron en defensa del bienestar ciudadano, gravemente afectado por medidas neoliberales y por el autoritarismo institucional totalitario. Las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas y la desmedida represión fue no solo injustificada, sino también fuera de toda proporción y sentido; la mayoría de ecuatorianas-ecuatorianos así lo sentimos y evaluamos.

En relación a la crisis de salud, obviamente, la situación de emergencia exige la adquisición masiva de vacunas, pero no puede eso descuidar un gran plan nacional de reactivación sanitaria vinculada con la reactivación socio económica.  Se acostumbra a instituir prácticas de aislamiento institucional y no de coordinación y trabajo sistémico.

Todos estos esfuerzos requieren de un gobierno orientado desde un Frente Antineoliberal. Obviamente, no se logrará nada desde un alineamiento ajeno a tal perspectiva sociopolítica y económica. Requerimos salir de la aguda emergencia y de la terapia intensiva en la que ahora nos encontramos. No procede fracturar la relación que debe haber entre gobierno, movimientos sociales y ciudadanía, ese espíritu social está determinado en nuestra Constitución de 2008, Dentro de esta perspectiva de análisis, urge reposicionar lo alcanzado por el movimiento indígena en las heroicas jornadas de octubre de 2019; por tanto, debe tenerse en cuenta la necesidad de diferenciarse de discursos emitidos desde un liderazgo que sostiene acuerdos comerciales con el nuevo gobierno de Estados Unidos o que prefiere motivar a  sectores pudientes para que  reinviertan en el país, a pesar de haber promovido importantes fugas de capitales en plena emergencia por la pandemia covid19.

Con base en ese mismo liderazgo se plantea un acuerdo para el recuento de votos en un 100% para la provincia de Guayas y el 50% de otras 16 provincias a nivel nacional. Este acuerdo fue asumido minoritariamente por dos candidatos (Pérez y Lasso), dentro de un escenario de clara competencia por quien terminaría accediendo a la segunda vuelta, pues los resultados dieron un evidente empate. Esta confusa situación fue provocada por un desastroso manejo del Consejo Nacional Electoral, a través de  declaraciones contradictorias de parte de dos de sus miembros, la presidenta Atamaint, militante de Pachakutik, y el consejero Pita, de militancia de CREO; cada uno proclamó el acceso a la segunda vuelta de los candidatos de sus tendencias políticas. Esa irresponsable actitud devino en mayorees incongruencias de parte del Consejo Nacional Electoral, que termina validando el acuerdo antes mencionado, sin los debidos justificativos, como precisa la ley y sin claridad respecto a su viabilidad. Ante el pueblo ecuatoriano esta institución electoral solamente ha demostrado una cadena de incompetencias durante todo el proceso. Ahora el señor Pérez emite declaraciones de fraude a diestra y siniestra, con el objetivo de imponer su candidatura para la segunda vuelta. El objetivo de este señor es frustrar la necesidad de combatir al neoliberalismo por medio de la conformación del Frente Antineoliberal. De este modo, lo que se estaría promoviendo es una severa fractura entre el progresismo y el movimiento indígena, que terminarían beneficiando a las oligarquías ecuatorianas, dentro de marcos de una seria ingobernabilidad para el siguiente período gubernamental. Es hora de recuperar manifiestos y proyectos claros, hay que generar un gran acuerdo nacional y no un insostenible acuerdo electoral. El movimiento indígena se está hoy movilizando no por certeza programáticas, sino simplemente por supuestos que un líder difunde con base en su pobre formación política. La urgencia está en unir fuerzas para superar la crisis provocada por el neoliberalismo, antesala ineludible para redireccionar al país hacia devenires y porvenires de buen vivir, interculturalidad y plurinacionalidad.