Por: Mónica Mancero Acosta
monicamancero@hotmail.com

Un segmento de la población ecuatoriana no ha logrado entender del todo el fervor popular expresado en las muestras de dolor y cariño por la muerte de la cantante ecuatoriana Sharon la ‘Hechicera’. Esta extrañeza que ha causado en ciertos círculos ‘cultos’ la expresión popular, la asistencia masiva a su velorio y al entierro, no es sino el síntoma de una fragmentación cultural de aquello que el investigador ecuatoriano Hernán Ibarra denominó, en un excelente trabajo, ‘la otra cultura’.

La tecnocumbia como fenómeno musical de masas es significativa en varios países de América Latina, y en el caso de nuestro país ha posicionado a numerosas mujeres que, constituidas en verdaderas divas criollas, han impactado los imaginarios musicales y simbólicos de un segmento bastante amplio de ecuatorianos. Los acordes electrónicos junto con el ritmo de este género musical que invita al baile, unido a las melancólicas letras de las canciones, y el despliegue de voluptuosidad, hacen de este un espectáculo que interpela a los asistentes y los implica directamente. Muy lejos del gusto refinado del otro segmento de población, que apartado de este fenómeno no logra advertir por qué la repentina y violenta muerte de Sharon ha despertado tanta pasión popular. Nos recuerda cuando murió Julio Jaramillo -con las diferencias del caso-, hoy es una artista mujer la que fallece y de forma trágica, más aún cuando hay sospechas de femicidio.

El pasillo en su momento, la música rocolera, y hoy la tecnocumbia son expresiones de una cultura popular de masas que han logrado adaptarse y recrearse, y que son consumidas por un público ecuatoriano atribulado de pasiones, como el desamor, la ausencia, la infidelidad, la revancha amorosa. El último concierto que dio Sharon fue en la provincia de El Oro. Ella hacía sus presentaciones en teatros, pero también en plazas, coliseos y escenarios populares. Los videos de la artista que aparecen en YouTube, estos días han incrementado significativamente el número de visitas. Lo hacen sus fans, pero también los curiosos que quieren enterarse quién mismo era ella.

Sharon supo llegar a un público muy amplio en Ecuador y también a escenarios internacionales de los países donde viven los migrantes, tanto así que llegó a cantar nuestro himno en Estados Unidos, en medio de un acto solemne de la comunidad ecuatoriana. Ella representaba la mujer voluptuosa, rubia y luchadora que quizás muchas ecuatorianas aspiran a ser. Fue elegida como un ícono sexual al ser nominada como la mujer ‘más deseada’ del Ecuador, de acuerdo a un concurso hace algunos años. Pero también fue criticada y denostada por una élite cultural y se vio envuelta en medio de las disputas propias del mundo farandulero. Edith Bermeo se forjó a sí misma y creó a Sharon la ‘Hechicera’. Y hechizados ahora todos, vemos cómo levanta multitudes y afectos, justo el momento de partir.

Por: Mónica Mancero Acosta
monicamancero@hotmail.com

Quemar el monigote que representa el año viejo es una tradición ecuatoriana simbólicamente potente. Mientras miramos cómo el fuego extingue el muñeco del año que concluye, recordamos los hechos negativos que ocurrieron en nuestras vidas y nos prometemos hacer todo a nuestro alcance para evitar que se repitan el año que inicia. Por ventaja, paralelamente también recordamos los logros del año que fenece y eso nos insufla energía que, mal que bien, nos proyecta con algunos buenos propósitos.

El despliegue de juegos pirotécnicos es generalizado en varias partes del mundo, pero ese muñeco de año viejo que antes se confeccionaba en casa y ahora lo encontramos en el mercado, es una tradición vívidamente ecuatoriana. Los viejos caseros representan algún miembro de la familia que ha hecho un mérito especial durante el año, en los lugares de trabajo se quema a algún compañero, mientras la performance para el concurso de años viejos del barrio o de algún gremio, generalmente se basa en temas políticos o de farándula –¿acaso son muy distintos?- que han causado impacto. Ambos utilizan la ironía, la sátira y el buen humor para hacer una verdadera fiesta. Si a esto le sumamos el testamento, que privilegia ya no la representación visual sino el uso del lenguaje con doble sentido; el despliegue de ‘viudas’ -hombres que se travisten- que lloran inconsolables mientras piden unas monedas; la puesta en escena de la quema del año viejo se convierte en un ceremonial completo de la cultura popular ecuatoriana.

La tradición de los años viejos tiene, al parecer, una larga historia, desde las antiguas culturas paganas europeas, que luego se habrían afincado en España, y que en América se fusionaron con tradiciones nativas. El país que íntegramente celebra con este rito es sin duda Ecuador, pero también el sur de México, así como una región de Colombia, y parcialmente Perú, Venezuela, Uruguay, Chile, Argentina.

La tradición de la ‘quema’ está arraigada en la cultura de forma ancestral. El uso del fuego como rito de purificación es antiguo e implica al ser humano enfrentándose a una renovación y transición entre lo viejo que muere y lo nuevo que nace (Eliade, 2005). Para Andrade (2010), la práctica de los años viejos constituye la única forma de vandalismo legitimado por la sociedad ecuatoriana. En mi opinión, no como una conclusión de un trabajo de investigación sistemático sino, más bien, como experiencia vivencial, la costumbre del año viejo supone una gran catarsis de nuestra cultura popular.

Este año tuve la alegría de quemar el año viejo en mi querida Cuenca. Aquí, los muñecos no son tan sofisticados como en otras partes del país -sobre todo en la Costa-, son de elaboración artesanal y están cada vez más popularizados, tanto que hasta los ‘gringos’ que habitan en estas tierras morlacas se han contagiado de este ritual cargado de tanto simbolismo.

Por: Mónica Mancero Acosta
monicamancero@hotmail.com

Al terminar el año solemos hacer un balance personal, evaluamos cómo ha ido nuestra vida afectiva, familiar, profesional, incluso nuestros arqueos propiamente económicos. Este ejercicio, de alguna forma, permite proyectarnos para el año que inicia y se decanta en buenos propósitos que no siempre se mantienen.

A escala del país podemos hacer lo mismo. ¿Ha sido este un buen año para el país? ¿Hemos avanzado en la construcción de democracia sustantiva? ¿Somos más respetuosos, incluyentes y solidarios? ¿Han mejorado nuestros indicadores en educación, salud, acceso a servicios? ¿Hemos crecido equitativamente y con respeto a nuestro medio ambiente? En fin, las respuestas a estas preguntas no siempre son diáfanas, certeras y unánimes. Todo depende de las metodologías y enfoques que usemos, de cómo utilicemos los datos y qué nos interesa demostrar.

Hay datos que nos permiten afirmar que ha habido avances en algunas áreas de carácter social, en la búsqueda de eficiencia, de crear y mejorar infraestructuras, en definitiva se ha provocado una vocación modernizadora dirigida desde el Estado, que permea la propia sociedad. Pero hay, y con pesar lo admito, un mal sabor en la boca cuando valoramos aspectos más políticos, de relacionamiento entre nosotros y con el poder.

Nos ha faltado -utilizo el plural porque me siento parte de una misma comunidad política- sagacidad y astucia para detectar los verdaderos escollos que obstaculizan la construcción de una sociedad de iguales. Nos ha sobrado arrogancia al creer que ya transitamos hacia el milagro ecuatoriano. Nos ha faltado lucidez y generosidad para relacionarnos entre nosotros en la búsqueda de un proyecto común.
Nos ha sobrado egoísmo y soberbia para creer que la imposición de nuestros intereses es el camino hacia ese proyecto común. En balance, en tanto que comunidad política en el sentido que le da Hannah Arendt -del desafío que supone el vivir juntos-, nos queda una gran tarea pendiente, con el riesgo de que las diferencias entre los miembros de esta comunidad se ahonden hasta estallar.

Me temo que para proyectarnos al 2015 deberíamos ser más sensatos, sagaces y menos arrogantes. Si vemos con pesimismo el próximo año porque se avecinan dificultades económicas o un panorama político explosivo, deberemos poner más dosis de respeto, solidaridad, trabajo y así enfrentar con medidas perspicaces estos desafíos. Sin nostalgias por un pasado que la mayoría de ecuatorianos no añoramos, pero seguros de que nos merecemos un futuro más esperanzador.

Por: Mónica Mancero Acosta
monicamancero@hotmail.com

Si hay alguna conclusión de la infinidad de investigaciones y del análisis de la propia historia ecuatoriana, es que ningún proceso político revolucionario o progresista puede serlo en nuestro país, de espalda al mundo indígena y a su movimiento social y político. Por ello la acción, cargada de violencia simbólica, que implica el cese unilateral del comodato de la casa entregada por el Estado ecuatoriano hace varias décadas a la más emblemática organización indígena contemporánea, ha sido calificada como insensata, calificativo que comparto.

Un comunicado, entre los muchos que se han hecho en respaldo de la CONAIE frente a este desalojo, ha sido emitido por la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador. Me permito citarlo porque, a mi entender, resume bien el significado de la lucha de esta organización:

“Expulsar a la CONAIE de su casa es sencillamente inaceptable. Ninguno de los argumentos exhibidos justifica este atropello. Esta absurda decisión merece la más enfática condena. Y es que no se trata de una agresión a un ‘pequeño grupo de dirigentes’, es muchísimo más que eso, con ello se lesiona la memoria política de nuestro país, se ataca a lo más avanzado y progresista de la lucha social de las últimas décadas. Más inaceptable aún cuando el promotor de esta decisión es un gobierno que dice identificarse con la izquierda; peor todavía si se piensa que la oportunidad política sobre la que se erigió este gobierno fue construida precisamente por la resistencia social encabezada por la CONAIE. Levantamiento tras levantamiento, movilización tras movilización, la CONAIE edificó la posibilidad política de un proyecto alternativo”.

La organización indígena, por su parte, ha manifestado en un comunicado público que:
“(Este ha sido) un edificio que desde el surgimiento mismo de la CONAIE a principios de los 80 supo albergar a nuestros dirigentes, donde se cobijaron las reuniones de planificación del Levantamiento Indígena del 90 y la lucha por la tierra, donde le dimos cuerpo al sistema de educación intercultural bilingüe, donde alimentamos a los hermanos amazónicos que caminaron a Quito en el 92 por el reconocimiento de sus territorios, donde descansó nuestro pueblo cuando -tomados por semanas la ciudad de Quito- dimos la lucha contra los TLC y el ALCA, desde donde sostuvimos 15 días el levantamiento para enfrentar el feriado bancario, donde se dio vida a la propuesta para convertir constitucionalmente al Ecuador en un país plurinacional”.

Toda esta historia es más que suficiente, esperemos, para que la Ministra a cargo del MIES, antes cercana al movimiento indígena, pueda reconsiderar -al calor de estos días donde debe imperar la solidaridad y los afectos- otros inmuebles que cumplan los fines para los cuales dice querer destinar el edificio de la CONAIE. Y más allá de ello, se pueda reflexionar acerca de que este proceso político no puede ser verdaderamente democrático si no incluye la más significativa e histórica lucha, la de los indígenas.

Por: Mónica Mancero Acosta
monicamancero@hotmail.com

El hermoso y recientemente inaugurado mural llamado ‘Gritos de la memoria’ se lo hizo para eso, para recordarnos las violaciones de los derechos humanos en el mundo eantero. No gusta a algunos, ahí se evidencian los innumerables atropellos del régimen socialcristiano. Claro, lo ideal sería que murales con estas temáticas no se tengan que crear y que el arte se dedique a cosas más sublimes que estas execrables violaciones. Además, que no tenga que haber días especialmente dedicados a los derechos humanos, pero la memoria es la única herramienta para evitar que esto vuelva a suceder.

Con verdadero espanto nos enteramos de las prácticas atroces denominadas ‘técnicas de interrogatorio’ a supuestos terroristas implementadas por la CIA durante el régimen de George W. Bush, que pretenden quedar en la impunidad. Y más consternación provoca saber que el conocimiento fue puesto al servicio del terrorismo de Estado, psicólogos eran asesores estrellas y bien pagados para diseñar novedosas y escalofriantes técnicas de tortura. Con esto queda invalidada la pretensión de Estados Unidos de erigirse en árbitro para juzgar el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo. Observamos cómo, con torpeza, en este mismo momento se imponen sanciones a Venezuela por este tema. Esto, no obstante, tampoco le exime a Venezuela de rendir cuentas de las acusaciones de vulneración a derechos humanos.

Todos estos hechos nos llevan a reflexionar acerca del tipo de Estado que hemos construido, estas organizaciones políticas modernas de concentración de poder se vuelven contra la sociedad y hoy se precisa defender la sociedad del Estado. ¿Será que la real politik impone a los Estados la violación de derechos humanos? ¿Será que no hay una forma más humana y democrática de organizar el poder? Según el teórico político Philip Abrams, el Estado es un triunfo del ocultamiento, oculta las relaciones de sometimiento tras una máscara ahistórica de ilusión legitimadora. El Estado no es la realidad tras la máscara, él mismo es la máscara que nos impide ver la práctica política tal como es.

En el caso del Ecuador, los informes de derechos humanos de estos últimos años, realizados por instancias académicas como la Universidad Andina, por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), por Amnistía Internacional no son alentadores. Penosamente, ya hay un largo listado de temas escabrosos que necesitan ser investigados, aclarados y sancionados. Quizás el mural recientemente inaugurado sirva para refrescar la memoria de la propia Fiscalía y de los tribunales de justicia ecuatorianos frente a todas las violaciones de derechos humanos, de antes y de ahora.

Mónica Mancero Acosta
monicamancero@hotmail.com

El embarazo adolescente en el Ecuador constituye un verdadero problema de salud pública, pues de acuerdo con el Censo de 2010 se incrementó en un 74%, uno de los índices más altos de la región. Como imaginamos, a consecuencia de esto, las madres adolescentes afectan catastróficamente sus proyectos de vida, se mantienen en situación de pobreza, retardan su escolarización y acceso al mundo laboral. Esta situación se debe fundamentalmente a una profunda carencia de información y educación sexual, es decir, en el fondo, a la mojigatería de las oscuras mentalidades ultraconservadoras que dirigieron los destinos del país.

En 2011 se creó la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención de Embarazo Adolescente y de Planificación Familiar (Enipla), como una política pública para contrarrestar esta problemática. Se emprendieron diversas acciones como educación sexual y planificación familiar, acceso a métodos anticonceptivos, campañas exitosas como ‘Habla serio, sexualidad sin misterios’, entre otros. Los resultados aún no fueron los esperados, es cierto, pero esto se debe a cambios constantes de funcionarios, a obstruccionismos desde otras instancias, y a las dificultades propias de la coordinación intersectorial de los Ministerios de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, de Inclusión.

En días pasados, mediante un decreto se traspasó toda la estrategia a manos de una asesoría presidencial para que la gestione íntegramente. Aquí los expertos en políticas públicas podrán dar sus opiniones sobre la eficacia de semejante acción. Pero lo verdaderamente preocupante es que se han difundido en las redes documentos oficiales en los que la nueva funcionaria encargada de la Enipla cuestiona el enfoque con el cual se pretendió contrarrestar el embarazo adolescente. Según su visión, y la de una consultora que realizó un estudio bajo su pedido, trasluce claramente su preferencia por los métodos de abstinencia sexual en los adolescentes; además en su opinión el género constituye una “ideología propia del feminismo radical”; la estrategia contenía “información sesgada sobre métodos anticonceptivos”; cuestiona que en los materiales didácticos “se menciona frontalmente que la homosexualidad es algo natural”.

Carezco de espacio en esta columna para analizar las afirmaciones de esta asesoría, en varios de mis artículos he abordado el tema del feminismo y el género como enfoques académicos, prueba de ello es que se estudian en todas las universidades del mundo; además, está comprobado que la promoción de la abstinencia como política pública constituye, por decir lo menos, un anacronismo científico, social y político. Pero justo con lo que se puede contrarrestarse esta lamentable situación, es porque ventajosamente si quedan aún en el Gobierno y fuera de él, cuadros muy capacitados y formados con maestrías y doctorados en salud sexual y reproductiva y en género, que podrían asesorar profesionalmente en esta área específica al Gobierno Nacional.

Por: Mónica Mancero Acosta
monicamancero@hotmail.com

“Ama de casa” es un eufemismo que pretende esconder, sin conseguirlo, un supuesto dominio de la mujer sobre el ámbito privado. No es inocente que se haya relegado a las mujeres al trabajo doméstico, cercano a lo terrestre, interior, sucio, húmedo, monótono, humilde. Más bien es parte de una jugada estratégica de un sistema patriarcal y desigual, que basa su apuesta precisamente en que una parte de ese sistema, los hombres que dominan, saquen ventaja de él.

La economía feminista ha demostrado que el trabajo de cuidados realizados por las mujeres en el hogar es vital para la reproducción de la vida y la fuerza de trabajo, y para que exista y se reproduzca la otra esfera de trabajo, comúnmente considerado productivo. Así, cada esfera desempeña un rol específico, todos son productivos y están interconectados: el hogar, el mercado y el Estado: “mientras en el hogar se producen bienes y servicios para sostener la vida y reproducir el sistema; los mercados transfieren salarios, derechos contributivos; el Estado transfiere servicios públicos universales” (Pérez, 2014). Por supuesto que estos servicios difícilmente llegan a cubrir toda la demanda social y frecuentemente son los propios hogares -con más trabajo para la mujer- los que deben encargarse del cuidado de ancianos, enfermos o discapacitados.

Más aún, el trabajo del cuidado podríamos afirmar que supera en ‘valor’ al de las otras esferas, puesto que no solo implica la realización de tareas rutinarias, poco visibles y denostadas socialmente, como cocinar, lavar, planchar, limpiar, seguido de un larguísimo etcétera, sino que supone otra parte que ha sido denominada por la economía feminista como ‘inmaterial’, y se refiere al rol de la socialización, los afectos, el cuidado emocional. Entonces, dado que ha sido ya demostrado que este trabajo tiene un valor, sabemos que no tiene un precio, es decir no es reconocido en nuestros sistemas patriarcales tradicionales y conservadores en todo el mundo, con una compensación económica por parte de las otras esferas denominadas productivas.

Por otra parte, el acceso a la ciudadanía por parte de las mujeres ha sido una tarea ardua, que se ha forjado en las luchas sociales y que aún está en construcción. Mientras el acceso a los derechos civiles y políticos fue conseguido a través de luchas, fuera y dentro de América Latina, por parte de las mujeres, el acceso a la ciudadanía social está aún pendiente. En este proceso ha primado una visión de las mujeres como necesitadas de protección antes que de igualdad.

Si esto es así, entonces por justicia les corresponden derechos sociales y económicos a las mujeres dedicadas al trabajo del hogar, pues su contraparte, las obligaciones, son realizadas por ellas con sobra de méritos, al menos en lo que se relaciona con el tiempo de trabajo, como vimos en las estadísticas del artículo anterior. El debate entonces se traslada a cómo implementar apenas uno de estos derechos, que es la seguridad social, y ni tan siquiera, sino restringido al derecho a una pensión en su vejez. Es decir, sería importante transitar desde el esquema de protección al de derechos e igualdad.

Por: Mónica Mancero Acosta
monicamancero@hotmail.com

El anuncio, largamente esperado, de extender beneficios de seguridad social hacia las comúnmente llamadas “amas de casa” se lo hizo recientemente. De acuerdo a la Constitución “se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado y cuidado humano que se realiza en los hogares” y “la protección de seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar” (art. 333).

El proyecto de ley de “Justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar” que entregara recientemente el Ejecutivo a la Asamblea, no obstante, no pretende cubrir todas las prestaciones de seguridad social, sino únicamente un régimen de pensiones. Desconocemos si esta restricción se debe a la progresividad que va a tener la medida o a una deliberada exclusión de las otras prestaciones sociales como atención médica, acceso a préstamos, entre otros. Los aportes económicos provendrán de la unidad familiar y del Estado, el aporte del Estado se reduce conforme aumentan los ingresos familiares, mientras que el aporte de la familia aumenta a medida que suben sus ingresos.

De acuerdo a una búsqueda reciente que realicé, para escribir este artículo, pude constatar que las estadísticas del IESS no están actualizadas y no siempre tienen un enfoque de género que nos permita diferenciar las diferentes prestaciones por sexo. Los afiliados cotizantes hasta el año 2010, son en su mayor parte hombres, más de 1 millón 200 mil afiliados varones, mientras que las cotizante afiliadas mujeres son apenas cerca de 834 mil. El sueldo promedio de los afiliados varones supera en casi 100 dólares el de las afiliadas mujeres. De ahí, que una fuerte incorporación de mujeres como afiliadas equilibraría y dependiendo del número, hasta superaría al de los hombres.

Sin embargo, en las condiciones que ellas se incorporarían, difícilmente tendría un impacto positivo sobre el sueldo promedio, más bien este bajaría aún más de lo que se nos muestra para el año 2010.

En nuestro país existirían más de 2 millones 400 mil mujeres “amas de casa”, esto representa la tercera parte de la población, de acuerdo a datos del INEC. Según esta misma fuente, el “índice de amas de casa” habría bajado sustancialmente en los últimos años del 80% al 30% (Telégrafo 19/9/2014). Además, de acuerdo a la Encuesta del uso del tiempo, las mujeres dedican más de 31 horas a la semana a un trabajo que como todos sabemos, no es reconocido económica, social ni simbólicamente.

El tema del seguro social para las “amas de casa” posiciona al menos dos temas espinosos: por un lado, el anuncio de que el financiamiento de estos subsidios provendría de equilibrar utilidades a un segmento de los propios trabajadores; por otra parte, el hecho de circunscribir al ámbito de la familia el ejercicio de este derecho de ciudadanía social ha sido entendido por algunos estudiosos como un reforzamiento de los roles de género tradicionales, de la división sexual del trabajo y por consiguiente de la estructura patriarcal. Desarrollaré estos debates en los siguientes artículos.

Por:Mónica Mancero Acosta
monicamancero@hotmail.com

Los regímenes de bienestar social instaurados por las élites tradicionales en el poder en Ecuador y América Latina han enfatizado en una mercantilización del bienestar de carácter excluyente o, en su defecto, en un enfoque asistencialista. Esto significa que los sectores populares debían acceder al mercado para pagar servicios de bienestar social o esperar que la buena voluntad de comités, juntas o personas individuales pueda activarse para satisfacer ciertas demandas o servicios.

Algunas áreas de la política social eran dirigidas y ejecutadas desde instancias voluntaristas y carentes de profesionalización, como patronatos, institutos, ‘primeras damas’ con buena voluntad en muchos casos, pero carentes de los recursos y experticias para llevar a cabo los programas sociales hacia la población ‘vulnerable’ de nuestra sociedad. O en su defecto, la política social ha tenido un carácter errático, disperso, y con un rol ambiguo y débil del propio Estado. En la etapa neoliberal un ámbito de la política social fue transferido hacia la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales o hacia los territorios para que la realizaran. Redes de clientelas políticas se asentaban en la distribución de beneficios sociales a través de políticas sociales de carácter populista. Se instauraron paquetes de políticas, con compensaciones económicas, como bonos, condicionados a ciertos requisitos de salud o educación.

Frente a este tipo de políticas sociales, se han realizado esfuerzos en este Gobierno por fortalecer las políticas sociales a través de inversiones importantes, de un reposicionamiento del Estado como rector de esas políticas, y por transitar hacia un enfoque de ciudadanía, que implica un giro para mirar no a pobres o grupos vulnerables, sino ciudadanos con derechos de acceso a servicios de bienestar.

Esto ha permitido mostrar algunos indicadores positivos de reducción de pobreza e inequidad. No obstante, esta transición no ha estado exenta de dificultades, como cambios constantes de equipos profesionales a cargo de ellas o falta de líneas de continuidad, improvisación, gastos superfluos, e incluso dificultad por imaginar nuevos paradigmas que permitan salir de transferencias condicionadas y esquemas impuestos por el propio neoliberalismo. De ahí que las brechas de cobertura para lograr la universalización de varias políticas todavía son amplias.

Por ello, en principio, que un Municipio como el de Quito inicie una política de instalación de los denominados ‘Guagua centros’ infantiles no constituye en sí mismo un desperdicio de recursos, pues los sectores aún sin atención son muchos. Pero es importante que este trabajo se realice bajo la rectoría del Estado que ha transitado ya por un cambio de enfoque y que no reproduzca las prácticas tradicionales ya superadas de ‘madres voluntarias’, o de ‘guardería’ de niños en condiciones de pasividad o peor aún de deficientes condiciones de alimentación y cuidado. Lo que sí suena como un regreso del enfoque asistencialista de caridad hacia el ‘más pobre’ es la teletón que anuncia el Municipio. Un evento de recaudación de dinero que no siempre transparenta la distribución posterior de recursos y que, además, puede ser utilizado de forma proselitista. De ahí que el anuncio de la teletón y su concepto clientelar corresponden a un regreso al pasado del paternalismo de élites aristocráticas en descomposición.

Por: Mónica Mancero Acosta
monicamancero@hotmail.com

Los que alcanzamos a vivir en la etapa neoliberal tenemos un temor proverbial a los anuncios de “medidas” gubernamentales. Ahí, también, los feriados eran espacios propicios para anunciar medidas restrictivas de carácter económico y social, debido al estado de solaz en que una buena parte de la población se sumergía.

Desafortunadamente hoy, en pleno feriado de difuntos y fiestas de Cuenca, nos cayó el anuncio de la Corte Constitucional de que las enmiendas constitucionales fueron, en su mayor parte, calificadas para ser tratadas en el seno de la Asamblea. Lo cual implica, en principio, que no serán sometidas a consulta popular. Los argumentos sofistas y legalistas —calificados por un columnista de este mismo diario como leguleyadas— de los miembros de la Corte, del oficialismo y su intelligentsia, no logran desviar un debate crucial para la vida democrática de nuestra comunidad política.

No bastó este shock social, pues estupefactos pudimos constatar que, apenas 2 días después, desde el despacho jurídico de Carondelet, se anunció un nuevo paquete de enmiendas, sin especificar claramente su alcance. Esta es una prueba cierta de que la Constitución que acordamos en el pacto de Montecristi, cada vez más, le resulta estrecha e incómoda al régimen.

Y así, cada período de reformas o enmiendas, estaremos abocados a un texto político que, transformado cual Frankenstein, nos resultará un engendro irreconocible, extraño y perturbador. No aquel proyecto político que aprobara la mayoría de las y los ecuatorianos. De este modo, si en el neoliberalismo los paquetazos de medidas restrictivas de corte económico fueron la tónica del período, en el posneoliberalismo observamos que los paquetazos de restricción de derechos ciudadanos se convierten en su característica central.

De acuerdo con las encuestas sabemos que una amplia mayoría de ecuatorianos opinamos que el cambio en la Constitución que avalaría una reelección indefinida debería ser sometida a consulta popular. Pero ¿por qué el oficialismo se niega a reformular su estrategia política con estos datos de opinión ciudadana? Un enigma de aquellos insondables.

Paralelamente, somos testigos de que, hábilmente, un grupo de derecha está dispuesto a aglutinar ese malestar social a su favor. Entonces, al parecer, el régimen —con estrategias políticas de dudosa eficacia, y que sobre todo vulneran derechos de participación ciudadana en temas cruciales— le “da haciendo” el trabajo a la ya tan mentada restauración conservadora RC, una idea que de tanto nombrarla cada vez la tenemos más cerca. De ser así, se estaría cayendo en una trampa: si la reelección indefinida es la estrategia prevista por el oficialismo para frenar la restauración conservadora, podría provocar justo el efecto contrario, la entronización nuevamente de la derecha al poder.