Por: Mónica Mancero Acosta

El programa de gobierno de G. Lasso desborda de elementos traídos del neoliberalismo chileno que hoy muestra su fracaso social y político. Al parecer, le hace falta a la derecha ecuatoriana un “tanque de pensamiento” que le permita ser más creativa y pergeñar nuevas propuestas, más ajustadas a los recientes acontecimientos, si pretende una candidatura viable.

De la revisión del programa de gobierno, pude advertir diagnósticos de la realidad ecuatoriana y la salida siempre va por el lado del individualismo liberal, la empresa, el extractivismo, la desregulación en todos los órdenes, la reducción del Estado, y la idea conservadurista de la familia.

En efecto, frente al tema de la gestión de la salud se plantea transferir la administración de los hospitales públicos al sector privado; en relación a la crisis del IESS proponen un sistema de reparto y ahorro privado para que puedan competir; frente al desempleo, flexibilización laboral; de cara a los recursos naturales, profundizar el extractivismo petrolero y minero; en relación al financiamiento estatal, la reducción de impuestos como el de salida de divisas; frente a la educación superior la eliminación de los organismos de control y desregulación; y así por el orden.

La soberbia y el desdén que significa no saber interpretar los cambios de los tiempos lleva a que un candidato que repite por tercera vez su elección, no innove su discurso y programa. Entre el liberalismo individualista y el conservadurismo moral, la candidatura de la alianza CREO con el Partido Social Cristiano se empantana en recetas que han salido caras a varias sociedades latinoamericanas, particularmente a Chile, su paradigma neoliberal de supuesto éxito; la cuestión es éxito para quiénes.

El programa destila la palabra libertad por todos lados. Es una concepción egoísta e individualista de la libertad. No se trata de ser libres para consumir y para acumular, sino se es verdaderamente libre en la medida en que se actúa junto a otros seres humanos, lo cual implica asociación y política, como nos lo advirtió la gran pensadora Hannah Arendt.

Por: Mónica Mancero Acosta

El país vivió, hace un año, uno de los momentos más intensos de la historia de las luchas sociales. Un levantamiento que, convocado por el movimiento indígena, movilizó a incontables actores y a decenas de miles de personas espontánea y organizadamente para oponerse a una medida gubernamental que obligó al presidente Lenin Moreno a aceptar su demanda: la derogatoria de un Decreto que terminaba con los subsidios a los combustibles.

La explicación de este fenómeno no radica necesariamente en la fortaleza orgánica de la Confederación. La entidad indígena es muy heterogénea y la articulación de posiciones comunes nunca ha sido fácil. La magnitud de la movilización, en realidad, no fue prevista por nadie y la respuesta a ella por parte del gobierno fue cercar el centro histórico de Quito y trasladar sus operaciones a la ciudad de Guayaquil.

La reacción popular a las medidas fue masiva a lo largo del territorio nacional, pero la protesta estuvo acompañada no solo de marchas sino también de incendios de edificios públicos, daños a infraestructura, intentos de sabotaje, interrupción de vías, secuestro de policías y militares. Frente a esta convulsión social se desplegó la policía, salió el Ejército a las calles, se declaró estado de excepción y toque de queda. El saldo del conflicto fue de diez muertos, más de mil de heridos y detenidos en el país.

La respuesta política del gobierno ecuatoriano fue atribuir la protesta a una conspiración protagonizada por el ex presidente Correa y sus partidarios. El hecho cierto es que esta fuerza política cometió un error estratégico importante pues intentó sumar a la agenda social una demanda electoral, que básicamente consistía en exigir la salida del presidente y el adelanto de elecciones en el Ecuador. La reacción de los movimientos sociales fue el desacoplamiento explícito de la agenda electoral de Correa y una retórica de distanciamiento que evocó los diez años de un gobierno intolerante y represivo en contra estos mismos movimientos.

La contención social, provocada durante el período de la denominada “Revolución Ciudadana”, se desbordó en el régimen de Moreno que produjo cierta apertura democrática con diferentes actores políticos. No obstante, estos diálogos no prosperaron y el gobierno, en medio de una marcada debilidad, terminó apoyándose en la derecha ecuatoriana.

No hay una causa, se trata de una confluencia de factores: la insatisfacción social con el modelo económico, la dificultad gubernamental para comprender las causas de la movilización, actores políticos con agendas electorales, la producción de políticas económicas que excluyeron las necesidades de los sectores más pobres, explican la intensidad de lo ocurrido en octubre de 2019.

Por: Mónica Mancero Acosta

Todos quienes visitamos Cuenca nos encanta pasear, mirar y escuchar el ruido del agua de los cuatro ríos que se pasean junto a sus avenidas llenas de árboles y espacios verdes lineales. Todos quienes somos de esa tierra sabemos que podemos abrir los grifos de agua y beber sin riesgos la que consideramos el agua más rica que hayamos probado.

Que eso lo queremos preservar está más allá de toda duda, por eso la empresa municipal ETAPA que cuida el agua ha hecho ingentes inversiones para preservar las fuentes de agua y la distribución a la ciudadanía. La cuestión es que existen recursos mineros y concesiones para minería a gran escala en zonas demasiado cercanas a las fuentes misma de las aguas que alimentan los ríos y de donde proviene el agua que consumen los cuencanos y azuayos.

Afortunadamente la Corte Constitucional acaba de aprobar la solicitud de consulta popular para la prohibición de explotación de minería metálica llevada a cabo por grupos defensores del agua, presentada por el Municipio, con el respaldo de la Prefectura y su prefecto que ha sido un pionero en la defensa del agua en la región.

Tendrán que ponerse sobre el tapete los informes de varios estudios que se han realizado, las posturas de los defensores del agua y también los de la parte contraria, expresados en la Cámara de Minería quien tiene sus propios planteamientos relacionados con el empleo y las medidas de mitigación que se ofrecerían.

No se trata de votar sin razones de por medio, será la deliberación ciudadana profunda y argumentada la que permita que los ciudadanos tomen decisiones informadas sopesando los pros y contras de dar paso a una actividad productiva que tiene riesgos. Los resultados de la consulta deberán ser aceptados por ambas partes y acatados por el gobierno central, cualquiera que este fuera.

Si la democracia importa lo es precisamente para defender la vida, el interés social y los bienes públicos.

Por: Mónica Mancero Acosta

Es evidente que la pandemia aceleró los procesos que ya venían en marcha: la digitalización de la educación es uno de ellos y si bien nos faltarían páginas para lamentarnos de todo el contacto directo que perdimos con nuestros estudiantes y las inmensas posibilidades -no siempre aprovechadas- de la presencialidad, preferimos abordar los aprendizajes y oportunidades que se han abierto en esta inédita experiencia de educación en línea (dicen los entendidos que no cabe calificarla de virtual).

Primero hay que afirmar que, con todas las dificultades y exclusiones que deberán ser remediadas lo más pronto posible, hemos podido hacerlo; habría sido catastrófico quedarnos desconectados y sin educación durante la pandemia. Y esto de por sí merece un reconocimiento a nuestro sistema educativo, y particularmente a las y los docentes del nivel secundario y universitario quienes han debido costear no solo su conectividad sino también poner sus equipos, sus casas, capacitarse a marchas forzadas y trabajar sin horario para afrontar la necesidad de comunicación de los estudiantes. Sumado a ello, la situación impaga de sus sueldos hace descansar sobre los docentes el peso del cambio de modalidad.

Los adolescentes y jóvenes, y aún muchos niños y niñas han sido capaces de adaptarse con mucha facilidad a esta nueva normalidad, porque son una generación que ya nació bajo la etapa de una conectividad permanente, y en muchos casos se constituyen en soporte para sus propios padres, algunos de los cuales tienen teletrabajo.

Esto no quiere decir que debamos reemplazar el sistema presencial, pero sí significa mayor flexibilidad; docentes y estudiantes más capacitados en plataformas y recursos de educación en línea; también un conjunto de experiencias nuevas y frustraciones, pero como sabemos, de ellas se aprende.

Sin embargo, la deuda que tiene la sociedad y el Estado con los estudiantes de la ruralidad, con los que no tienen posibilidades de conectividad, con aquellos que no disponen de dispositivos electrónicos, es inmensa y requiere ser solucionada antes de iniciar una nueva etapa escolar.

Por:  Mónica Mancero Acosta

En junio de 1990, hace 30 años, el país pudo presenciar el primer levantamiento indígena en época contemporánea. Las demandas estaban relacionadas con sus reivindicaciones históricas y de carácter redistributivo como derecho y legalización de tierras, acceso a agua y riego, precios justos, y demandas de reconocimiento como construcción de un Estado plurinacional, educación bilingüe, medicina indígena.

Si bien las peticiones de los indígenas en los levantamientos subsiguientes de 1992, 1994, 1997, 2001, 2019 han variado, el hilo conductor ha sido la lucha de estos pueblos y nacionalidades contra el neoliberalismo y las políticas de gobiernos erigidos en una sociedad inequitativa y excluyente, que no ha dejado de ser racista.

Uno de los movimientos sociales étnicos más estudiados en el mundo es el movimiento indígena ecuatoriano, muchos investigadores se han preguntado qué factores concurrieron para que haya tenido lugar este devenir de un movimiento social potente, que luego decantó en un actor político: los cambios en la denominada arquitectura organizacional rural que logró negociar la dominación indígena; la existencia de una capa de intelectuales indígenas; el rol que jugó la religión católica y particularmente una suerte de teología de la liberación de Monseñor Proaño en la sierra ecuatoriana; el papel de los partidos políticos de izquierda que bregaron por la constitución de organizaciones indígenas, son algunos de ellos. Sin embargo, hay que poner atención en la caracterización que ellos mismos hicieron: “fueron 500 años de resistencia y no pudieron acabar con nosotros”, han dicho, de ahí surge una revitalización de la identidad étnica.

La existencia de un movimiento indígena potente, invariablemente, interpela a la sociedad mestiza, así como a la democracia ecuatoriana, la cual también cumple 40 años de esta nueva etapa democrática. Han sido los sectores pudientes, conservadores y retrógrados, así como los medios de comunicación tradicionales los que han confrontado permanentemente con el movimiento indígena en estos 30 años, aunque no hay que olvidar al correísmo de la última década. A pesar de ello, la expresión “nada solo para los indios” muestra una apuesta por la articulación con los sectores populares mestizos y por la construcción de la propia interculturalidad.

Por: Mónica Mancero Acosta

Cuenca vive una especie de trauma social, ha cerrado la emisora más antigua y tradicional de la ciudad y región: Ondas Azuayas, con 72 años de trayectoria. La ciudad y quienes pertenecemos a ella, lo estamos viviendo como un verdadero luto.

Este sentimiento no es gratuito o viene por sensiblería, está fundamentado en el despliegue de un profesionalismo riguroso; de programas pertinentes a la problemática local y nacional; de su valentía al haber enfrentado a gobiernos autoritarios en diferentes momentos políticos; de poner por delante valores no transables como la defensa de los desprotegidos, del medio ambiente, de la democracia, de la pluralidad.

La asfixia y persecución a la que fue sometida la radio en la década anterior, sumado a los cambios irreversibles que acarrea el inmediatismo noticioso de internet, ha pasado una factura en el momento menos oportuno, en medio de este semiencierro y sentimiento de vulnerabilidad en la pandemia. Muchos crecimos acompañados de las voces de Ondas Azuayas, y lo que penetra por el oído genera una lealtad a toda prueba; por ello decimos que se va en el momento menos oportuno. Un sentimiento de desprotección nos invade las mañanas cuando vamos a encender la radio o a sintonizarla por internet, quienes vivimos lejos.

Fui entrevistada en algunas ocasiones en esa radio, en calidad de experta en algún tema se me hicieron preguntas informadas y rigurosas; en cambio, cuando fui brevemente funcionaria pública, las preguntas fueron duras y sin concesiones. Durante ese período me hicieron entrevistas en un sinnúmero de medios, debo decir que no hubo la misma rigurosidad de contar con datos, contrastar opiniones, como lo hizo esta emisora. Así trabajaba Ondas Azuayas.

Cuenca considera esta emisora como parte de su patrimonio, se convirtió en un bien público social, por ello muchos ciudadanos nos preguntamos si acaso no corresponde asociarse entre los “perjudicados” para buscar salidas colectivas, y que esto solo sea, como dice el eslogan de la propia radio, “Llegar y comenzar de nuevo”.

Por: Mónica Mancero Acosta

La situación crítica de la pandemia ha sido el pretexto para que, de un solo tajo, le hayan restado más de cien millones de dólares a la educación superior en el país. Digo pretexto porque con conocimiento de causa -fui Subsecretaria General de Educación Superior recientemente- pude conocer de cerca las estratagemas que funcionarios del Ministerio de Finanzas emplean para evitar tanto transferir recursos como obstaculizar que puedan hacer uso de aquellos ya asignados a las universidades del sistema público.

La concepción que tienen algunos de los funcionarios de esa cartera de Estado es muy desdeñable respecto al sistema de educación superior público: Universidades e Institutos, según ellos, gastan demasiado porque los docentes están sobre valorados, incurren en costes innecesarios y otros conceptos similares. En el fondo, lo que está por detrás de esta concepción es que la Universidad debería ser solo para una élite que puede pagarse sus estudios, es decir una visión profundamente antidemocrática.

El papel que cumple la Universidad pública en los países de América Latina, incluido el nuestro, es invalorable; gracias a esa democratización se ha logrado una fuerte movilidad social en sociedades tan desiguales como las nuestras; el acceso a la ciencia y al conocimiento de estratos poblacionales que nunca podrían costearse estudios. Aquello denominado desarrollo -con todas las aristas de este complejo término- se lo debe en gran parte a la Universidad pública.

Esto no quiere decir que las Universidades sean la esencia de todas las virtudes: encontramos muchos problemas de gestión incluida la financiera; de escasa visión académica; de violencia de género; de grupos de presión politizados; de falta de pluralismo. En fin, todas estas debilidades, autocríticamente, merecen ser encaradas. No obstante, si se quería promover un gasto más eficiente en momentos tan críticos habría sido mucho más eficaz llegar a acuerdos con las Universidades frente a determinados rubros que no podrían ejecutarse por la propia crisis, y más bien direccionarlos hacia aquello que se requiere a gritos: impulsar mayor conectividad de estudiantes carentes de ella, precisamente ahora que se impone la educación virtual.

Por: Mónica Mancero Acosta

Igual que los añejos amantes Florentino y Fermina Daza, quienes tras su viaje por el río sienten horror de llegar a la vida real y quisieran navegar para siempre, hoy, sentimos esa impotencia de aquello que no podemos controlar, ni saber, ni calcular; solo que nosotros no tenemos ningún río por el que evadirnos y el horror de la vida real la estamos mirando de frente, a veces con demasiada información que realmente nos satura y enferma.

Sin embargo, no todos vivimos igual esta crisis epidemiológica; quizás el desigual acceso a recursos en América Latina y el Ecuador se puede palpar más diáfanamente en crisis como esta. Para aquellos trabajadores informales que viven el día a día, sin sueldo ni beneficios laborales, esta crisis les pasará la mayor factura, y si logran sobrevivir a pesar de malas condiciones de salud, será por sus buenas defensas al enfrentar la pobreza y la miseria.

Crisis como esta son realmente inéditas porque en estas generaciones no hemos vivido una alerta sanitaria tan amplia. Pero hay que decir que estas situaciones límite pueden sacar lo mejor y lo peor de la condición humana. El amor, la compasión, la solidaridad se hacen presentes de innumerables formas en estos momentos, dentro de las familias y fuera de ellas. Pero no es lo único; podemos percibir a políticos, empresarios, banqueros, y gente de similar ralea que trata de aprovechar el momento.

No se trata de lograr una unanimidad, ni tan siquiera la mentada unidad nacional que siempre resulta una quimera en una sociedad fragmentada. Apenas es necesario sentido común para que sigamos las medidas que ha decretado el Gobierno, reconociendo que ha habido una preocupación sostenida y genuina. Sin embargo, queda demandar que se contemplen otras medidas que alivianen la carga a los grandes perdedores de estas jornadas: las y los trabajadores informales y precarizados, las mujeres, los adultos mayores, los discapacitados, las personas con enfermedades catastróficas.

El amor en estos tiempos debe reflejarse no solo en gestos de mantener las distancias -aunque parezca contradictorio así lo es- sino también en políticas públicas para los sectores más débiles.

18 de marzo de 2020

Por: Mónica Mancero Acosta

Ese fue el eslogan político de las mujeres sufragistas y obreras de Estados Unidos a inicios del siglo pasado. Se trata de reivindicar a la vez lo material y lo espiritual; la seguridad, el empleo, los salarios, pero también los derechos, el disfrute de la vida, el ocio, el placer: pan y rosas. El poema de James Oppenheim lo recoge “Queremos compartir las glorias de la vida: pan y rosas, pan y rosas”.

Hoy el país enloquece por la amenaza de un virus que ha generado pánico. Este virus no distingue sexo; sin embargo, hay otra pandemia más peligrosa porque es un proceso intencional que podría eliminarse: la violencia de género. Las mujeres estamos constantemente amenazadas y muchas terminan asesinadas luego de los primeros golpes.

Esto no parece sorprender a nadie, se ha normalizado que maten cada día a mujeres en este país y en el mundo.
Las mujeres mueren por el hecho de serlo; esto se denomina femicidio. ¿Qué significa morir por ser mujer? Quiere decir que si naciste mujer corres un riesgo que no lo correrías si naces varón; realmente, a partir del nacimiento viene un largo camino que aún está plagado de exclusiones, como el hecho de ser alimentada con menor calidad que un niño varón; la duda si estudiarás o no; la multiplicidad de tareas domésticas y de cuidados que se les encargan a las niñas.

A medida que creces mujer los riesgos se incrementan: el riesgo a que te maltraten, a que trabajes sin reconocimiento, a que te paguen menos, a que no puedas tener ninguna propiedad, a que no tengas una pensión por vejez y, finalmente, el riesgo de ser abusadas, violadas y asesinadas porque el hombre te considera su propiedad.

Este 8 de marzo queremos decir basta de vivir con miedo y queremos exigir, como lo dijeron hace un siglo: ¡Pan y rosas, pan y rosas!

04 de marzo de 2020